Hirak es el nombre con el que se bautizó el movimiento social que empezó la ciudad de Alhoceima a finales de octubre de 2016. Todo empezó una noche con el enfrentamiento entre jóvenes de la zona, que se dedicaban de manera clandestina a la pesca, y los policías que intentaban incautar la mercancía de pescado. El enfrentamiento acabó con la muerte de uno de los jóvenes, Mohsin Fikri siendo aplastado por el camión de residuos, mientras intentaba recuperar su pesca de dónde las fuerzas del Estado la habían tirado. Inmediatamente se hizo viral en las redes la foto del cuerpo en el lugar del fallecimiento, provocando una cadena de solidaridad entre los rifeños y el resto de marroquíes.
El fallecimiento del Firkri desencadenó multitud de manifestaciones, casi todas ellas pacíficas, en las principales ciudades del país. Las concentraciones, cada vez de mayor relevancia, empezaron a ser habituales ya que los ciudadanos tomaron conciencia de los pocos derechos sociales que tienen y de la baja calidad de vida que les espera, ya que la tasa de desempleo en la ciudad roza el 40%.
Las protestas se culminaron en un movimiento social llamado Hirak, liderado por Nasser Zafzafi, quién ha sido condenado recientemente a veinte años de cárcel por desobediencia y desacato a la Corona marroquí. El Estado movió miles de soldados y policías a Alhoceima para frenar las manifestaciones, lo que acabó con más de 800 detenidos y un muerto más, Eimad ElEttabi, que fue asesinado tras recibir un duro golpe por parte del armamento que utilizaba habitualmente la policía contra la población para sofocar las revueltas.
Las revueltas tenían como objetivo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Reclamaban derechos básicos como la educación y la sanidad. Además de acabar con la marginación, que sufre la población por parte de las administraciones del Estado en su propia ciudad.
Dos años después el gobierno de Marruecos lejos de mostrar interés para tomar medidas en cuanto a inversión social en la ciudad, se ha limitado a condenar injustamente a más de 500 rifeños (muchos de ellos menores de edad) a penas de cárcel entre 6 meses y 20 años, dejando más en entredicho la supuesta democracia marroquí.
