Frente a un juicio farsa solo cabe la solidaridad

El pasado martes 12 de febrero comenzó el juicio a los líderes del procés. Después de casi un año y medio en prisión preventiva, los líderes del proceso independentista serán juzgados en un juicio que se prolongará durante los próximos tres meses. Tanto desde los medios de comunicación, como desde los partidos del régimen, se nos ha preparado para hacernos creer que las personas que están siendo juzgadas, atentaron contra nuestros derechos más básicos y asestaron el golpe más grave a la democracia.

En cambio, se ha vivido con cierta normalidad que la cúpula de Caixa Catalunya haya sido absuelta después de haberse subido el sueldo hasta cifras escandalosas, mientras enviaba a la calle a cientos de trabajadores para ser rescatada poco después con dinero público. O que Francisco González del BBVA, además de espiar a diversas personalidades, haya podido estar detrás del incendio del edificio Windsor para deshacerse de unas pruebas.

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Tampoco se ha visto como un ataque a la democracia, más allá de algunos memes por redes y cierta indignación, que el PP de Madrid se haya financiado ilegalmente a través de su empresa Paquí Pallá. Desde hace un tiempo es la extrema derecha la que marca la agenda política en nuestro país, y de momento les está yendo bastante bien.

También sale beneficiado el PSOE, que más allá de la subida del salario mínimo, y de ciertas medidas de los presupuestos debido a la presión de Unidos Podemos y que finalmente no verán la luz, no ha llevado a cabo ninguna acción que beneficie mínimamente a las clases populares, pero que ante una derecha radicalizada se muestra como la alternativa de izquierdas pese a compartir con esa derecha, desde el modelo económico hasta la aplicación del artículo 155 en Cataluña.

Por otra parte debe quedar claro que denunciar que estamos ante un juicio político, y ante la existencia de personas que están presas únicamente por sus ideas políticas (es decir, presos políticos) no significa, ni mucho menos, compartir el ideario de los líderes del procés.

Porque aunque a algunos les cueste comprender la diferencia, una cosa es señalar lo absurdo de la imputación de sedición y rebelión ante los hechos de octubre, y otra defender la causa de la independencia y los postulados de ERC y CiU/PDeCAT. Del mismo modo que quienes tienen un mínimo sentido de democracia, y se han solidarizado con Hasél y Valtònyc, no tienen por qué compartir sus ideas. Parece sencillo pero hay quien no lo entiende.

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Respecto a la posible idealización de los represaliados, conviene no olvidar que buena parte de esos dirigentes y sus partidos, especialmente CiU, han sido siempre aliados del régimen del 78, y no han tenido ningún problema en apoyar desde las reformas laborales hasta el endurecimiento de las leyes antirrepresivas que ahora padecen.

No está de más recordar que pese a que parece que han pasado décadas, hace menos de 8 años que se sucedieron las protestas del 15M, que llegaron a las puertas del Parlament. El diputado de CiU Jordi Turull las definió como un golpe de Estado encubierto. Ahora esta ola represiva se ha vuelto en su contra, y el citado diputado es juzgado por haber organizado otro (inexistente) “golpe de Estado”.

Además, ironías de la vida, quien ahora preside el juicio a los líderes independentistas, el juez Marchena, fue ponente de la sentencia sobre los indignados del 15M que rodearon el Parlament, en protesta por los recortes del govern de Artur Mas en las que se les pedía hasta 6 años de prisión. En ese momento CiU, junto al PP, PSC y Ciudadanos rechazaron la absolución dictada por la Audiencia Nacional a las ocho personas procesadas por la protesta, y exigieron al Parlament recurrir el fallo ante el Supremo. ERC se abstuvo.

Queda claro por lo tanto que ni unos ni otros representan ninguna esperanza para los derechos e intereses de la clase trabajadora. Pero eso no impide que nos solidaricemos con la represión que están sufriendo.

Lo cómodo sería no apoyarles. La opinión pública de forma mayoritaria no los apoya. Los medios de comunicación llevan meses satanizándolos. Los mismos medios que silenciaron que más de un millón de personas salieron a la calle en 2014 llamadas por las Marchas de la Dignidad, y que han dado una cobertura extraordinaria a la concentración del domingo en Colón, a la que no acudieron más de 50.000 personas. Y esto por poner únicamente un ejemplo.

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De todos modos, no podemos ser ingenuos. Los medios de comunicación tienen unos intereses económicos y políticos, y por eso ya sea en su vertiente más progresista o más conservadora, tienen la capacidad para convencerte de que Maduro es un dictador, y de que nuestros vecinos marroquíes tienen una apacible democracia.

Pero pese a que el procés se trate en esencia de una pelea entre burguesías, pese a todos los ataques realizados por CiU hacia el pueblo trabajador, pese a la opinión pública mayoritaria, pese a todo, no podemos permitir que este juicio-farsa transcurra en un ambiente de normalidad.

No ya solo por solidaridad o por deber democrático, sino por el propio interés del movimiento popular. Tal como se está interpretando el delito de rebelión en este juicio, ¿quién no asegura que no se vaya a aplicar en el horizonte cercano a un pujante movimiento republicano? ¿O en los piquetes de una Huelga General?

Desde el régimen nos venden que la democracia se basa en el respeto a la legalidad. Legalidad que está de su parte y que incluso cuando puede haber una mínima fisura, (caso de la sentencia del Supremo sobre el impuesto de las hipotecas), lo solucionan con un par de llamadas. Legalidad que no parece importar tanto cuando se trata de reconocer a un presidente que se autoproclama en la calle, si en ese país las grandes empresas españolas tienen importantes intereses.

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Y si la izquierda consigue gobernar, pues ya nos encargamos de montar un golpe de Estado, pero de los de verdad. Ahí está el ejemplo de España en el 36, o de Chile en el 73. O sin ser tan drásticos, si el movimiento por la vivienda se organiza para parar desahucios, pues se crea la Ley Mordaza para ver si con el miedo a las multas y la cárcel, la gente deja de solidarizarse. Esto no es ninguna novedad ni debe sorprendernos.

Y es que si no reaccionamos ahora mañana quizás sea tarde. VOX adquieriendo cada vez más protagonismo, dirigentes del PSOE pidiendo la ilegalización de los partidos independentistas, el PP solicitando en el Senado la ilegalización del Partido Comunista. Impunidad de la extrema derecha que no deja de crecer a nivel planetario.

Así que o levantamos una barrera de solidaridad contra lo represión o nos irán aplastando por separado, pues el Estado no distingue entre sindicalistas, raperos, tuiteros, dirigentes sociales o independentistas. De lo contrario nos veremos obligados a recordar las palabras de Niemöller (que popularmente se atribuyen a Bertolt Brecht):

Primero vinieron por los socialistas, y yo no dije nada,
porque yo no era socialista.
Luego vinieron por los sindicalistas, y yo no dije nada,
porque yo no era sindicalista.
Luego vinieron por los judíos, y yo no dije nada,
porque yo no era judío.
Luego vinieron por mí, y no quedó nadie para hablar por mí.”

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