¿Cómo sería un gobierno de PP-VOX? Una nueva España en blanco y negro

Hasta hace poco, la posibilidad de un gobierno de derecha y extrema derecha podría haberse considerado como un fenómeno de política-ficción. Sin embargo, desde las elecciones andaluzas, los pactos de Madrid y las generales del 10N se ha hecho realidad una parte de esa “ficción”: se ha hecho realidad esa alianza entre una derecha rancia con una extrema derecha sumamente peligrosa para el sistema democrático.

El ascenso de la derecha en Europa es un fenómeno específico en cada país, aunque tenga algunas características comunes. En todos ellos se constata su rechazo a la democracia, la búsqueda de enemigos externos, el uso del populismo, un nacionalismo excluyente, etc.

La derecha y la extrema derecha, que se inspira en muchos de los aspectos del fascismo histórico, se basa en el simplismo, las mentiras y la manipulación. Su discurso se orienta hacia el ataque a lo público y a lo político, que reniega de las libertades democráticas, que mantiene un discurso xenófobo, homófobo, machista, que banaliza la violencia de género.

Las preguntas se agolpan. ¿Qué significaría la entrada de VOX en un posible gobierno de coalición de derechas? La respuesta corta parece evidente: significaría un desastre para las libertades políticas y los derechos sociales de este país. Significaría un ataque al conjunto del estado del bienestar, a los derechos de las mujeres, del colectivo LGTBI, al estado de las autonomías, a la libertad de expresión y de prensa.

Algunas de esas consecuencias han comenzado a plasmarse allí donde la formación de Santiago Abascal se ha hecho con el espacio imprescindible para permitir que el PP se haga de nuevo con el poder.

Así, mientras en el resto de Europa las formaciones conservadoras han establecido diferentes formas de “cordón sanitario” con la extrema derecha (por ejemplo, Angela Merkel en Alemania), en España la derecha de Pablo Casado ha conseguido darle un espacio y blanquear sus propuestas.

VOX ha conseguido ocupar el espacio que Ciudadanos ha dejado vacante con su retroceso, y lo ha hecho provocando la radicalización del discurso de la derecha tradicional, y marcando su agenda en determinados temas (inmigración, feminismo, libertades).

Es así como se ha convertido en un factor clave de la política nacional. Pero también lo ha conseguido gracias a su capitalización de la agenda mediática. Los medios de comunicación han prestado a esta formación un altavoz para su discurso xenófobo, anti-feminista, anti-estado del bienestar, como no lo había tenido nunca el fascismo.

En un escenario en que la derecha pudiese hacerse con la formación de un gobierno, VOX estaría a punto de convertirse en un elemento clave, que impondría parte de su programa político en ese escenario.

Por ejemplo, sus propuestas económicas abiertamente neoliberales, que implicaría un empeoramiento general de la situación de las clases medias y trabajadoras, y un amplio apoyo a las grandes fortunas y multinacionales. Eso, a pesar de su retórica populista “en defensa” de las PYMES, las clases medias, los emprendedores, los autónomos, los trabajadores, etc.

>>¡No nos olvidemos del perfil neoliberal de VOX!<<

En materia fiscal, las promesas de VOX o del PP durante la campaña electoral apenas se ajustan a la realidad. Sus propuestas en nada beneficiarían a los trabajadores y las clases medias. A pesar de sus declaraciones, si se analizan detenidamente, se aprecia que se trata de medidas que benefician a las grandes empresas.

Pero si el Estado deja de ingresar, eso se traducirá en mayores recortes o en subidas de impuestos, que afectarán negativamente a la mayoría social. Sus propuestas de rebajas de impuestos (rebaja del IRPF, cuotas de autónomos, reducción de cuotas y cotizaciones a empresas, etc.), conllevaría una desinversión en lo público, que afectaría al conjunto de la sociedad, especialmente a los más desfavorecidos.

Se trata de un programa de capitalismo salvaje que desprotege a las capas menos privilegiadas de la sociedad. Y eso es un reflejo del elitismo de VOX.

Otro de los pilares clave es el de la defensa de la familia tradicional y el ataque a elementos modernizadores como el feminismo, que se ha identificado con el enemigo natural de su proyecto político. De ahí su oposición frontal a la Ley de Violencia de Género.

Su propuesta de crear un “ministerio de la familia”, que incluye la supresión del aborto, se basa en la preservación de una “identidad cristiana de Europa”, unas propuestas que también han sido planteadas por el PP, en determinados momentos.

Otro ejemplo son sus propuestas en materia de composición territorial de España. A pesar de mostrarse como unos abiertos defensores de la Constitución y la unidad de España, sus propuestas para eliminar las autonomías o para ilegalizar los partidos independentistas, son abiertamente inconstitucionales, o requerirían una completa reforma del texto constitucional. La propuesta de ilegalizar los partidos independentistas ya la planteó Pablo Casado, amparándose en la Ley de Partidos.

En realidad, por tanto, a pesar de su retórica, VOX no es un partido constitucionalista: no respeta el actual marco constitucional.

Su defensa de la expulsión de la inmigración ilegal tendría, según los expertos, una negativa repercusión económica, porque la aportación que hacen los inmigrantes a la fiscalidad es mayor de la que se llevan. A pesar de algunas propuestas más radicales del PP o de Ciudadanos en temas de inmigración, ningún partido “constitucionalista” había planteado los temas de inmigración en términos tan polarizados y agresivos de confrontación. Además, plantea la inmigración en términos culturales, pero no en términos sociales o económicos.

Pero, en realidad, las medidas propugnadas por VOX no serían tan diferentes de los gobiernos más “duros” del PP de Aznar y sus mayorías absolutas, cuando ya se plantearon algunas de esas propuestas, aunque, tal vez, no de una forma tan radical como VOX.

Una coalición PPVOX supondría mantener unas políticas económicas similares a las de esos gobiernos del PP, igual de fallidas para la mayoría de la población. Pero también supondría un crecimiento del recorte de las libertades públicas y de los derechos sociales.

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