La guerra contra el Acuerdo de paz

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El Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera entre el estado Colombiano y la guerrilla de las FARC-EP (noviembre de 2016) significó para muchos colombianos el final de una larga pesadilla o, por lo menos, el inicio de la realización de un sueño muy antiguo, el de la paz. Como todos los acuerdos que buscan superar conflictos armados, éste también tuvo sus imperfecciones: exigencias de cada una de las partes que no fueron atendidas; imprecisiones en la metodología o el cumplimiento de los puntos, y muchas otras cuya sola enumeración agotarían este artículo.

Más allá de esas imperfecciones, el Acuerdo alcanzó lo que muchos desesperanzados veían imposible: la desmovilización de la guerrilla más antigua del continente. Ese sólo hecho generó   una reducción considerable de la violencia. Según el IV y VI informes de 2018 ¿Cómo va la paz? de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), el desplazamiento pasó de 272.000 en 2012 (año del inicio de los diálogos) a 75.000 en 2017; los afectados por minas antipersona pasaron de 1.200 en 2006 a 56 en 2017. Las tasas de homicidio son muy dicientes: en las zonas urbanas, de 11.739 en 2012 se pasó a 8.315 en 2017; y en las zonas rurales, de 4.293 a 3.101, en el mismo periodo. Un sólo muerto menos que haya dejado el Acuerdo, ya es un avance, y eso hace que haya valido la pena.

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Pero el Acuerdo no se limitó a pactar un desarme de las FARC-EP, sirvió como punto de inicio para una reflexión común sobre las causas del conflicto, que hunde sus raíces en el bipartidismo decimonónico o, incluso, en la explotación colonial, especialmente cuando se trata del problema de los pueblos aborígenes. Reflexión que se concretó en diferentes medidas incluidas en el punto cinco del Acuerdo (Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición).

También sirvió para encarar esas causas y plantear soluciones concretas. Tal es el caso del punto cinco, que aborda el problema de la Reforma rural integral, cuyo principal objetivo es cerrar las brechas entre el campo y la ciudad y creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural. O del punto dos, que busca aumentar y mejorar las condiciones de la participación política de todos los sectores de la sociedad. O del punto cuatro, que aborda la problemática de las drogas ilícitas de una manera integral, incluyendo un enfoque de derechos humanos y de salud pública.

Aunque varias de las problemáticas sociales del país quedaron sin abordarse, las incluidas en él forman parte del grupo de las más relevantes y, además, el Acuerdo fijó el rumbo para abordar las no incluidas en un futuro.

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A pesar de las inmensas esperanzas que generó, parece que el Acuerdo nació desahuciado. El primer golpe lo dio el plebiscito de 2016. Con una abstención de casi el 65%, el 50.21% de los votantes le dijo No a la firma del acuerdo de paz. Los seguidores de Álvaro Uribe Vélez, promotores del “No”, encontraron un respaldo legal a su argumento de que el Acuerdo le entregaba el país a los “terroristas de las FARC”, y permitió que se hicieran varias modificaciones.

Entre ellas, se impidió que el Acuerdo entrara a formar parte de la Constitución de Colombia; se eliminó el enfoque de género; se limitó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a un término de 15 años y se excluyó de ella la posibilidad de la participación de magistrados extranjeros; a los agentes del Estado se les exoneró de la responsabilidad de mando y se incluyó la renuncia a la persecución penal.

La implementación del Acuerdo avanzó lentamente durante el último año del gobierno de Juan Manuel Santos. Los balances más positivos hablan de un cumplimiento por parte del gobierno del 50% de lo pactado; se redujo la financiación; la normalización del Acuerdo, vía Congreso, se convirtió más en una negociación que ponía trabas jurídicas a la implementación; y se redujeron las garantías de seguridad a los excombatientes de las FARC: en el 2017 fueron asesinados 38.

Los programas de restitución de tierras y de substitución de cultivos ilícitos, entre otros, aumentó la movilización de la comunidad, que veía en ellos una oportunidad de reivindicar los derechos que por tantos años le habían sido negados. La respuesta de los enemigos de la paz fue contundente. Según Indepaz, de 26 asesinatos de líderes comunitarios y defensores de derechos humanos en 2016, se saltó a la terrible cifra de 208 en el 2017. En materia de paz, el de Juan M. Santos no fue un buen fin de gobierno.

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En mayo de 2017 se declaró la sentencia de muerte contra el Acuerdo de Paz. En la Convención Nacional del Centro Democrático, Fernando Londoño, exministro del interior de Álvaro Uribe, declaró en nombre de la colectividad: “El primer desafío del Centro Democrático será el de volver trizas ese maldito papel que llaman el Acuerdo Final con las FARC”. Desde entonces, se redoblaron los esfuerzos del partido de Álvaro Uribe para cumplir ese objetivo.

El triunfo de Iván Duque en las elecciones presidenciales le entregó al Centro Democrático más herramientas para, sistemáticamente, “hacer trizas” el Acuerdo de Paz. En diciembre de 2018 ya estaba listo un plan paralelo al Acuerdo: “Paz con legalidad”. Un plan que, desde su nombre, deslegitima el Acuerdo de Paz con las FARC y asume como norte de sus acciones la seguridad.

No la llaman “seguridad democrática”, pero recuerda mucho esa política de los dos gobiernos de Uribe: “El firme propósito del gobierno es erradicar la violencia de los lugares que la han soportado durante décadas. (…) Es un tema de justicia y de seguridad nacional”, decía en esa oportunidad Emilio Archila, alto consejero para el posconflicto (que por cierto, ahora se llama “consejero para la estabilización”).

Así, durante lo que va del gobierno de Duque, el Acuerdo de Paz ha sufrido ataques desde diferentes frentes. Veamos tres de los que más inciden en su destrucción.

Primero, la seguridad de los que trabajan por la paz. Desde la firma del Acuerdo hasta mayo de 2019 fueron asesinados 702 lideres sociales y defensores de derechos humanos, y 135 ex combatientes de las FARC (cifras INDEPAZ). En lo que va del año 2020, han asesinado a 56 personas vinculadas con algún plan del acuerdo de paz, entre ellos campesinos, indígenas y trabajadores, y 10 ex combatientes. Según el último informe de la ONU, se reportaron 36 masacres en 2019.

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Ante esa situación, el gobierno niega la sistematicidad de los asesinatos, argumentado que solo son víctimas de bandas narcotraficantes; reacciona con negligencia ante las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo; detiene la implementación del  Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades. Además, las medidas que toma solo aumentan el problema, militarización de zonas rurales, estigmatización de los defensores de derechos humanos y, finalmente, nombrar como director de Unidad Nacional de Protección (UNP) a Daniel Palacios, reconocido uribista y detractor del acuerdo de paz.

Segundo, Reforma rural y Plan de substitución de cultivos ilícitos (PNIS). Más del 95% de las familias que participaron en la erradicación de cultivos, cumplieron, pero el gobierno no les cumplió (informa la ONU).

Así, están volviendo a los cultivos ilícitos. Respuesta del gobierno: fumigación con glifosato; envío de tropas antinarcóticos a erradicar manualmente los cultivos, lo que ha generado enfrentamientos con los campesinos, como el pasado 1 de febrero, cuando el Escuadron Movil Anti Disturbios (ESMAD) asesinó a Segundo Girón en Tumaco, Nariño.

Según la Defensoría del Pueblo en 438 casos de líderes asesinados, se trata de personas que defendían la sustitución de cultivos y procesos de restitución de tierras.

Tercero, la construcción de memoria y dignificación de las víctimas. Se empieza con el director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), Darío Acevedo, quien sostuvo que el conflicto armado no podía convertirse en una verdad oficial.

Además, el 3 de febrero la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia retiró la membresía al CNMH, porque ante el silencio de su director asume que: “no se muestra dispuesto a suscribir los principios de dicha comunidad, entre ellos, reconocer la existencia del conflicto armado en Colombia y garantizar el derecho a la verdad de todas las víctimas”.

Ese mismo día, Acevedo posicionó como director del Museo de Memoria a Fabio Bernal, quien trabajó en el Museo Militar y en la Escuela Superior de Guerra, vínculos que claramente lo inhabilitan para tal dirección.

El debate por la apropiación de una “verdad oficial” sigue alimentando los intentos del gobierno Duque por negar el conflicto, negar la responsabilidad del Estado y silenciar las voces que se alzan desde las víctimas para la construcción de memoria.

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