Referéndum de 2018 en Ecuador: La consulta de la corrupción

En el año 2018 se llevó a cabo la consulta popular, donde la opción del “Sí” obtuvo el triunfo. Esto conllevó la eliminación de la reelección indefinida y la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Asimismo, trajo cambios de autoridades en varios poderes del Estado -sin olvidar el nombramiento de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar; quien en reiteradas ocasiones ha acusado al correísmo en el marco de la “lucha contra la corrupción” en favor de su imagen como funcionaria-.

Tales señalamientos fueron emitidos cuando la actual institucionalidad era cuestionada debido a casos conocidos como los “INA Papers” y el  peculado en la Consulta Popular del 2018. En este contexto, el presidente Lenín Moreno trata de eludir políticamente responsabilidades en el reparto de instituciones públicas que ha venido realizando en el trayecto de su mandato.

Cabe destacar que el “siete veces sí” tuvo su triunfo gracias a una millonaria campaña en la cual se hizo uso del dinero de las empresas públicas como: Petroecuador, Petroamazonas, Empresa Nacional Minera (ENAMI), Astilleros Navales Ecuatorianos (ASTINAVE), Flota Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC), Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento (CEAR), Ecuador Estratégico, Fabricamos Ecuador (FABREC), Casa Para Todos y la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC). Todo ello por un monto de 5 millones de dólares.

El medio digital La Posta y el asambleísta Fabricio Villamar quien perteneció al Movimiento CREO, apoyaron el Sí en la consulta. Estos sacan a la luz varios casos de supuesta corrupción y material del mismo. En este sentido,  si tanto el referido medio digital como el Villamar, tuvieron dicho material desde hace tiempo, ¿por qué no lo hicieron público al instante?

La denuncia por este caso de corrupción la realizó mucho antes el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Ronny Aleaga, tras recibir en su despacho documentos sobre el caso de manera anónima.

Aquel joven legislador que también denunció en el caso de los “INA Papers”. Pero, aunque esta denuncia del ilegal financiamiento de la consulta popular fue realizada en octubre del 2019 por el legislador, la fiscalía y demás autoridades, hicieron caso omiso; como ocurrió con los INA Papers.

¿Cuál es la finalidad de que la denuncia por parte del asambleísta Aleaga no haya sido tomada en cuenta? ¿Por qué la denuncia de La Posta y del Asambleísta Villamar sí? La respuesta la encontramos en la misma propaganda electoral, construyendo la imagen de héroes y salvadores de la Patria, cuando también han formado parte del tongo y del reparto.

Aleaga asegura que tratan de impulsar  una campaña electoral anticipada de la Fiscal Salazar en binomio con el actual vicepresidente, y continuar así con el manejo mediático en contra de sus adversarios políticos, quienes son los verdaderos denunciantes de los actos de corrupción del gobierno de Moreno.

En función de lo antes expuesto, sectores críticos consideran que la Ministra Romo debe decir la verdad y actuar en consecuencia de la denuncia penal interpuesta por el legislador.

Cabe destacar que la Revolución Ciudadana, quien realizó una ardua campaña por el NO, sin contar con onerosos recursos económicos,  advirtieron sobre este escenario. Bien dicen que el tiempo da la razón.

Resulta irónico que, precisamente la consulta popular cuya principal motivación era acabar con la corrupción en el país, resultó ser objeto de la corruptela institucionalizada.

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