Ruido de sables. Olor a naftalina y sangre

“La unidad de España está en peligro” es la frase comodín que aparece siempre que no gobierna quién les interesa, cuando gobiernan partidos que se preocupan más por los intereses de la ciudadanía que por unas clases pudientes. Es el momento en que abrazan unos símbolos sin sentido, para hacerlos suyos y de nadie más, y convertir así una bandera, un himno, en algo más que un trapo de colores y unas notas musicales.

Aunque lo nieguen ellos y los partidos políticos que los apoyan, los militares que han llenado chats “privados” y firmado cartas intimidatorias, dirigidas a la que se supone la “suprema institución” de este país, son residuos del franquismo. Aunque digan que lo hacen en defensa de España y de la democracia. Por cierto, una democracia en la que no creen, ya que se dedican a atacar los resultados de las urnas, si el resultado no les gusta. No conocen la esencia de lo que es la democracia. Sólo la consideran aceptable cuando son ellos los que la controlan, sin importarles cómo.

Hablan del “deterioro de la democracia en España”, pero, en realidad, están pensando en la necesidad de volver a su concepto caduco y fascista de la patria. No les preocupa la ciudadanía, sino mantener sus privilegios.

Una gran parte de la responsabilidad por la radicalización de algunos sectores de la, cada vez más, extrema derecha española (incluyendo la parlamentaria) y de la derecha extrema, como en el caso de los exmilitares, se ha producido a partir de la entrada de VOX en el Congreso. Pero también es culpable el PP, que ha decidido radicalizar su discurso, para que el partido ultra no le coma el electorado por la derecha.

Las palabras de ciertos líderes y lideresas de la derecha “moderada” (lo que podemos llamar la derecha extrema), desmienten, constantemente, sus intentos de girar hacia el centro-derecha que proclaman sus dirigentes. La actitud de Pablo Casado durante la moción de censura de VOX contrasta enormemente, hasta la paradoja, con las declaraciones de otras dirigentes, como Isabel Díaz Ayuso, justificando el chat golpista. Estas declaraciones torpedean esa imagen de moderación y empujan al PP hacia las posturas de la extrema derecha.

La Transición desconocida

Lo que siguió a la Transición no fue un cambio hacia la democracia, sino un cambio de escenario en el que los mismos protagonistas de la dictadura se repartieron el pastel del poder económico, político, judicial, militar y social de la nueva democracia.

Los consejos de administración de las grandes empresas españolas se llenaron, ya en democracia, con los últimos ministros y dirigentes franquistas. Otros siguieron en política, gracias a Alianza Popular y a Manuel Fraga, los auténticos orígenes del Partido Popular. También siguieron en la justicia, en la policía y en las fuerzas armadas. Por eso, el historiador Julián Casanova se pregunta “si la gran desconocida no fue la transición a una democracia que ascendió a todos los poderosos con Franco”.

Ninguna de las grandes familias, de los que mandaban, fue degradado o relegado por el cambio a la democracia. Al contrario, la mayoría recibieron una “patada hacia arriba”, para colocarse y copar los mejores puestos de la política o las empresas: consejeros de Telefónica, Banco Hispano Hipotecario, Iberdrola, La Caixa, Endesa, Estrella Damm… se llenaron con estos nombres de abolengo. Todas estas figuras encontraron, ya en democracia, un cobijo muy bien remunerado, a través de las puertas giratorias, que no son un invento de ahora. Ya lo dijo también Félix Millet, el expoliador del Palau de la Música: “somos 400 familias y siempre somos los mismos”. Es el capitalismo de amiguetes y compadreo, financiado con dinero de contratos públicos a empresas, que financiaban a los partidos políticos, que acogían a los exministros en sus consejos de administración. Y así, hasta la náusea.

Tampoco los pequeños funcionarios de la maquinaria franquista se vieron perjudicados por sus actividades: la policía represiva o el sistema judicial que aplicaron las antidemocráticas leyes franquistas siguieron con sus carreras, sin graves perjuicios. Como el caso de Antonio González Pacheco, alias “Billy el Niño”, un torturador habitual, que nunca pagó por sus crímenes. Decía el exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, en 2010, que los jueces “fueron cómplices hasta el último día de las torturas de la Brigada Político-Social y nunca abrieron una causa ni siquiera por lesiones durante 40 años”.

La paradoja de la democracia española

Instituciones como la Fundación Francisco Franco, por cierto, financiada con fondos públicos, tan necesarios para otras cosas, no se deberían permitir, en ningún estado democrático. Pero aún menos en España, donde todavía existen tantas heridas abiertas. Unas heridas abiertas por la falta de voluntad política de algunos sectores para dar los pasos necesarios para poder superarlas.

La otra cara de la paradoja española es ver a grupos de neonazis celebrando actos en “apoyo” de la Constitución. Pero siempre buscando la provocación y la confrontación. Mientras tanto, las fuerzas del orden arrestan a los manifestantes antifascistas. Siempre.

La extrema derecha y la derecha extrema han iniciado, hace tiempo, el discurso de acoso y derribo del “gobierno ilegítimo” que forma la coalición PSOE-UP. ¿Ilegítimo por qué? ¿Por qué no es el resultado que ellos querían? Sonaría a pataleta de patio de colegio, si no fuera porque está calando peligrosamente en algunos sectores de la sociedad española el concepto de que, si no me gusta el resultado de las elecciones, no es un gobierno legítimo. Es decir, o jugamos con mis reglas o me llevo el balón y no jugamos.

La exaltación constitucionalista de estos sectores sólo se refiere al enfrentamiento contra aquellos que, supuestamente, atacan a la Constitución. Pero se olvidan de la defensa de muchos otros de sus preceptos, como el derecho al trabajo digno, a la vivienda, al pluralismo político, a las lenguas oficiales, etc. Por el contrario, estos “defensores” del orden constitucional (al menos, de las partes que les interesan), no sólo no defienden el articulado que no les gusta, sino que lo atacan con todas sus fuerzas: las identidades nacionales diferentes a la suya, las lenguas oficiales, la ocupación de viviendas, las reclamaciones laborales, etc., se transforman en sus armas arrojadizas contra aquellos que se salen de su “pensamiento único”.

Es inadmisible que unos políticos que se autodenominan “constitucionalistas” (yo no lo haría, no lo son), y que se han autoproclamado defensores de la fe, apoyen abierta, públicamente, y sin ningún pudor, a aquellos que reivindican el fascismo, el franquismo, y sueñan con fusilar a millones de personas, “niños incluidos”.

Y, en todo esto, los medios de comunicación están jugando un papel esencial. “La voz de su amo”. Algunos de estos medios, algunos de estos “profesionales”, se dedican, única y exclusivamente, al blanqueamiento de la extrema derecha, siguiendo los dictados de los que mandan, de verdad, en la prensa española: el poder económico que los controla.

Ante esta situación, una pregunta, relacionada con el silencio del “preparado”: ¿por qué calla el rey? ¿Una posible respuesta podría ser que la Constitución le garantiza la inviolabilidad y, al mismo tiempo, le hace irresponsable ante los tribunales, en el caso de que apoyase un golpe de estado?