El negocio de las “puertas giratorias” (I): la opacidad del proceso

El problema se ha convertido en algo sistémico y generalizado. Además, la reforma para la regulación de las puertas giratorias afectaría a los principales beneficiarios de las mismas.

Existe una evidente falta de legislación adecuada que permita garantizar unas políticas que no estén indebidamente influenciadas por los intereses económicos de estas empresas. Pero también en aquellos sectores en los que existe esa legislación, ésta no se aplica de forma procedente: no existen formulaciones sobre conflictos de intereses para salvaguardar el interés público de la influencia desproporcionada de los intereses creados.

Hasta ahora, la regulación y la capacidad de control de la Oficina de Conflictos de Intereses ha sido muy laxa. Por no decir que se queda muy corta. La norma estipula que, durante dos años tras el cese, los altos cargos no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan sido afectadas por decisiones en las que hayan participado.

Pero los medios de control efectivo no son suficientes, y tampoco cuenta con capacidad sancionadora. Hay casos que dejan transcurrir varios años desde que dejan sus cargos públicos hasta que entran en alguna de estas empresas. Pero en otros casos transcurren apenas unos meses.

Y ninguno de esos casos, algunos de ellos especialmente flagrantes, ha sido vetado por la Oficina de Conflicto de Intereses; se trata del ente público encargado de verificar y, en su caso, corregir, los nombramientos que puedan incurrir en incompatibilidades.

Como el de la exvicepresidenta del gobierno de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, que fichó por el bufete Cuatrecases apenas unos meses después de dejar su cargo. Y eso que el director del bufete, Emilio Cuatrecasas, se libró de la prisión gracias a un pacto con la fiscalía y la abogacía del Estado, por cometer ocho delitos fiscales, estando en el cargo la exvicepresidenta.

Pero no es de extrañar: un tercio del último gobierno de Rajoy tuvieron la oportunidad de tener su propia puerta giratoria, tras la llegada de Pedro Sánchez al poder. Y todos obtuvieron la certificación de compatibilidad para sus actividades. Además, muchos de ellos se fueron acompañados de diversos altos cargos de la administración, como en el caso de Santamaría.

Otro ejemplo de esta praxis fue el exministro de Justicia, Rafael Catalá, que recibió hasta cuatro autorizaciones: una para el patronato de Legalitas, otra para el Atlético de Madrid (cuyo presidente estaba involucrado en diversas investigaciones judiciales mientras Catalá era ministro), para un despacho de abogados y para el Colegio de Abogados de Madrid. O el caso de Agustín Conde, que pasó de ser Secretario de Estado del Ministerio de Defensa a sumarse a la plantilla de una empresa que opera en la industria armamentística.

Estos casos demuestran que muchas veces existe una relación directa entre la actividad desarrollada en el ámbito público y la que se desarrolla en el privado. Esto es debido a un “vacío” legal en la Ley de Incompatibilidad, que establece que los altos cargos no pueden prestar servicios en entidades privadas que hayan sido afectadas por decisiones en las hayan participado, durante dos años. Pero sólo se refiere a cargos que reciban una retribución fija, lo que permite diferentes artimañas para que puedan pasar a las plantillas de las grandes empresas en períodos de tiempo mucho más cortos.

¿Hay solución a este problema endémico?

El fenómeno de las puertas giratorias plantea importantes problemas para el sistema democrático, porque genera serios conflictos de intereses entre los objetivos del beneficio social y democrático, y los de las grandes empresas, cuyo objetivo único es la maximización del beneficio.

En el programa político de todos los partidos surge, en un momento u otro, la idea de acabar con las puertas giratorias. Incluso en el acuerdo de gobierno PSOE-UP entraba esa idea. Sin embargo, hasta ahora, ningún gobierno se ha puesto mano a la obra para acabar con el problema.

Y, posiblemente, no se trate de una tarea sencilla, vistos los implicados. En mayo de 2020, con Sánchez de presidente e Iglesias de vicepresidente, saltó una nueva polémica, con el nombramiento de José Montilla y José Blanco para Enagás, junto a Cristóbal Gallego, un académico experto en energía, afín a UP.

Se ha llegado a un punto en que es necesario poner en marcha una política más restrictiva que gestione los conflictos de intereses entre lo público y lo privado, que evite la desproporcionada influencia de algunos sectores, con una influencia tan negativa en la sociedad.

Es necesario eliminar las lagunas de la legislación, que han permitido que las trabas sean “rodeadas”. Es necesario fortalecer, y en algunos casos crear, los mecanismos de aplicación de las reglas, para evitar que sean sorteadas.

Unidas Podemos ha propuesto, en diversas ocasiones, tipificar como delito la práctica de las puertas giratorias, porque supone un conflicto de interés y la predisposición de los “fichajes” a actuar contra los intereses públicos, para favorecer su futuro en esas empresas.

Para la coalición progresista se trata de una trama de relaciones clientelares entre políticos y empresarios para preservar los privilegios de unos pocos, a costa de la mayoría de la sociedad. Sin embargo, hasta ahora, sus propuestas han caído en saco roto.

Parece, por tanto, evidente que necesitamos un cambio real y drástico de esta situación. En el ámbito energético, en los últimos años, han surgido una serie de alternativas, más justas y transparentes, con equipos formados por profesionales del sector, muy alejados de la arena política. Es el caso de HolaLuz, Som Energía, Gesternova, Lucera, PepeEnergy, etc., que han comenzado a introducir nuevas prácticas, aire nuevo, en la enrarecida atmósfera del sector.

Estas empresas están luchando por cambiar este statu quo, promoviendo la democracia energética, poniendo en el centro del sistema las necesidades de la ciudadanía, y la soberanía energética, la capacidad de generar tu propia energía limpia.

El Estado debería tener poder suficiente para desarrollar medidas que limiten la “compra” de exministros y expresidentes a las empresas multinacionales. Sólo él puede tener los mecanismos para acabar con la corruptela que eso supone.

El engranaje de las puertas giratorias ha funcionado a la perfección. Las políticas públicas no están cumpliendo su finalidad: trabajar por el interés colectivo y no por el interés económico. Y no están cumpliendo por los conflictos de intereses, la devolución de favores, entre la administración pública y el sector privado. Este mecanismo es demasiado frecuente. Son los intereses de los oligopolios los determinantes en la toma de decisiones, vitales para la ciudadanía. Y genera una pérdida de credibilidad en la democracia representativa y el poder ejecutivo.

Las soluciones pasan por fomentar la participación social en la toma de decisiones estratégicas de sectores tan esenciales para el bienestar de la sociedad. Pasan por la modificación de la Ley de Incompatibilidades. Por la creación de organismos de control o reguladores independientes, al servicio del interés público, que no estén compuestos por las propias empresas reguladas ni condicionadas por ellas. Por evitar la formación de oligopolios y la desaparición de los existentes. Por aumentar la transparencia tanto del gobierno como de las empresas.