Honduras: degradación de la democracia por la ausencia de transparencia gubernamental

La ausencia total de transparencia en las instituciones del Estado hondureño, ha dado paso a la corrupción y a una degradación de la democracia.

El acceso a información pública es un derecho, reconocido tanto en convenciones internacionales, la legislación nacional y en general en las políticas públicas de Honduras. No obstante, está en debate los alcances de la denominada “información limitada” o de “acceso reservado”, especialmente la relativa a las áreas de defensa y seguridad.

Empero, nuestra experiencia personal, que incluye (1) Tres dictámenes del pleno del IAIP (Instituto de Acceso a la Información Pública) en firme, sin posibilidad de más recursos, (2) tres recursos dictaminados con opción solo de acudir en amparo a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y (3) una decena de recursos de revisión ante el IAIP, representa uno de los síntomas de un gobierno que, en sus diferentes entidades, está acostumbrado a esconder información y a actuar entre las sombras con el objetivo avieso y añejo de delinquir y salir ileso.

Si a lo anterior adjuntamos que cuando, a pesar de todo, trasciende la información que le señala con mano acusadora, amparado en leyes ad hoc para garantizar la impunidad, el régimen cínicamente le da una palmadita en la espalda, al chivo expiatorio, garantizando la continuidad del latrocinio.

De esta manera el cerco de silencio incluye al menos a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, alcaldías municipales, Secretaría de Finanzas, Consejo Nacional Electoral e incluso al mismo Congreso Nacional, induce a ratificar que la percepción de corrupción del régimen de Juan Orlando Hernández está presente en la mente de los y las hondureños y hondureñas y ya se palpa en los informes de transparencia internacional.

Así aunque, en teoría, el estado de Honduras asume como obligatoria la transparencia activa y el principio de máxima divulgación de la información, estableciendo que todas las instituciones que administran recursos públicos están obligadas de oficio a la publicidad de la información y a facilitar el acceso a través de portales web y cualquier otro, en la práctica muchísima información relevante es objeto de secretividad legal e ilegal y esa ausencia de respuestas efectivas ha traído consigo como consecuencia la falta de transparencia, misma que ha debilitado la confianza ciudadana en las instituciones estatales en particular y en Honduras en general y de alguna manera ha sido un catalizador de la emigración masiva que hemos visto los estos últimos meses.

La sanción a la que debe ser objeto el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, por parte del IAIP, es una prueba de fuego para esta institución, que hasta ahora no ha trascendido a la vida pública con la fuerza que se requiere.