Halliburton Venezuela: Demandada formalmente por sus trabajadores

La empresa petrolera Servicios Halliburton de Venezuela (SHV) notificó a sus empleados el día 29 de diciembre del año 2020, a través de un correo electrónico, el cese de operaciones y actividades comerciales, así como también la extinción de sus puestos de trabajo.

Dicha empresa indicó que el cierre de operaciones se debe a las restricciones impuestas por la Licencia General 8G otorgada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), que permite a empresas norteamericanas mantener operaciones y el control o seguridad de los activos en el país.

Tal es el caso, que su carta de despido fue enviada alegando caso fortuito o fuerza mayor , justificada en la negativa de permisología del Departamento del Tesoro de los EEUU para operar, permiso este el cual está vigente hasta Junio de 2021, todo como ya indicamos a través de una empresa de correspondencia privada (MRW), medida esta que afecta a casi 400 personas a nivel Nacional y a 83 a nivel de Occidente, afectando a trabajadores con una antigüedad en la empresa de hasta 42 años de servicio, y peor aún en medio de una pandemia, sin dar la cara a ninguno.

El daño moral causado por el despido injustificado también conlleva una responsabilidad por parte de Halliburton que debe ser debidamente indemnizado, pues la acción que emprendió la empresa ha generado daños psicológicos y económicos en los empleados, y es comprobable toda la culpabilidad de SHV en este hecho, así como de la mayúscula participación que tuvieron las gerencias general y de recursos humanos del país, y de la Región de América Latina, representados por Pablo Solano, Lenny Martínez, y Francisco Tarazona respectivamente.

En tal sentido, la coalición de extrabajadores unieron sus fuerzas para conseguir la reivindicación de sus derechos laborales a través del Bufete Jurídico Vidal & Asociados, demandando formalmente a la empresa en busca del pago de los conceptos laborales que por ley les corresponde.

Cabe destacar, que la empresa cometió varios fraudes y artificios con la finalidad de perjudicar a sus trabajadores, violando flagrantemente el código de ética impuesto por ellos mismos del cual siempre jactaban se debía cumplir, teniendo en cuenta que las leyes venezolanas impiden el despido masivo de sus trabajadores, y el 30 de diciembre, por medio de un decreto en Gaceta Oficial, el presidente Nicolás Maduro extendió hasta el 2022 el decreto de inamovilidad laboral a los trabajadores, tanto del sector público como privado.