La República debe ganar terreno ante la fragilidad monárquica

En España es imperativo reavivar el debate sobre la instauración de la República o la continuidad de la Monarquía. Solo la República puede generar condiciones políticas, económicas y sociales para la conformación de un país que verdaderamente opine en pluralidad.

El exilio voluntario del rey emérito Juan Carlos I por los escándalos de tráfico de influencias, malversación de fondos y fraude fiscal; las infantas Elena y Cristina, además de su vacunación en Dubai entre muchas otras acciones, son cuestionamientos a la legitimidad de la monarquía.

Los liberales españoles del XIX podrían haber tomado el ejemplo de dos países, a donde tuvieron que exiliarse por la persecución absolutista, el del Reino Unido, que republicanizaron la monarquía, o la eliminaron, como en Francia. Aquí los liberales del XIX no hicieron ni lo uno ni lo otro.

El liberalismo español al principio se opuso al absolutismo; pero, al vincularse a la monarquía y pronto al ejército y a la desamortización, configura la construcción de un Estado monárquico, centralizado y oligárquico que impidiera la conformación de una nación española razonable, que encuadre su complejidad plurinacional.

En este sentido, sobre la ciudadanía española actual recae la gran responsabilidad de dirigir su destino a la luz de su legítimo derecho a la autodeterminación, fundamentado en el ejercicio de una democracia colectivista basada en la configuración política, económica, social y pluricultural del pueblo español.

El principio democrático constituye el envoltorio necesario del ejercicio del derecho a dicha autodeterminación, porque el derecho a la democracia y el derecho a la libre determinación son dos conceptos íntimamente relacionados.

En 1978, España experimentó una serie de trasformaciones sistémicas que conllevaron a la convalidación de un Régimen político bipartidista, el cual, lejos de representar el nacimiento de una democracia, fungió como plataforma continuista de aquel Franquismo inmerso aún en las estructuras de gobierno, los grandes consorcios económicos, la iglesia católica, las fuerzas armadas y en la Monarquía.

Todo ello hace necesario el desarrollo de una cultura política, que vea en la democracia el eslabón fundamental para canalizar una autentica sociedad justa. No debe considerarse a la democracia como un simple procedimiento electoral (aunque todos reconocen a las elecciones como uno de los fundamentos del sistema), sino adscribirle ciertos valores y fines que ella debe perseguir.

Para el logro de los objetivos anteriormente señalados, la cohesión política y funcional de los partidos de izquierda en España es fundamental para sentar las bases de la trasformación del Estado.

A su vez, para garantizar la unión del progresismo español, es menester mancomunar acciones en torno a la necesidad de instaurar un modelo republicano que responda a las características de los actuales contextos del país.

En este orden de ideas, el acercamiento con las izquierdas regionales debe determinar los parámetros fundamentales para el reconocimiento de la igualdad entre todas las nacionalidades que hacen vida en España, tales como los gallegos, vascos, andaluces, por citar algunos ejemplos de la plurinacionalidad del territorio español.

De esta forma será viable un proyecto político conducente a la conformación de una República Plurinacional, y de amplio espectro político que aglutine a todos los sectores de la sociedad española bajo un esquema de convivencia y en el marco de un Estado de derecho eficaz.

Los nuevos tiempos de España exigen que el gobierno ejerza el poder de acuerdo al concepto de Estado de derecho y que esté sujeto a un amplio control por parte del pueblo.

Asimismo, que los ciudadanos gocen de amplias oportunidades de participación, de representación efectiva, y de un amplio abanico de derechos y libertades, así como de una mayor igualdad ante la ley, sin privilegios monárquicos.

Sin embargo, antes de consolidar los objetivos republicanos, la izquierda debe entrar en un proceso interno de revisión donde se impulse una agenda de contacto popular bajo la bandera constituyentista.

Actualmente, la ciudadanía española no elige cada cuatro años quién se ubica en la Jefatura del Estado, ya que esta se encarna en la figura vitalicia del Rey, heredándose a lo largo de toda su dinastía, la cual les cuesta a los españoles importantes recursos que podrían ser aprovechados para el beneficio colectivo.

Sin embargo, la percepción de la población ha cambiado en tiempo, teniendo valoraciones que descalifican la actual posición de la monarquía y sus muestras de debilidad estructural, paso previo a la ruptura de un sistema arcaico que debe ser superado en favor de unos esquemas que garanticen plenos derechos y deberes ciudadanos.

Hasta hace relativamente poco tiempo la gente no se atrevía a reclamar públicamente, mucho menos cuestionar la conveniencia de financiar con sus impuestos una figura real que más allá de simbolizar “unidad”, pareciera ser fuente perenne de división.

Una encuesta publicada a finales del 2020 por la Plataforma de Medios Independientes (PMI), a través del Instituto de Opinión 40dB reveló que, ante un hipotético referéndum, donde se consultara sobre el modelo político de preferencia para los españoles, un 40,9% apoyaría la república como sistema de organización del Estado frente a un 34,9% que se decantaría por la monarquía.

Para trasformar el contexto dinástico, se debe procurar un sistema que, concede a sus ciudadanos amplias libertades, igualdad política, control sobre las políticas públicas y sobre los decisores mediante legítimo y lícito funcionamiento de las instituciones. Este régimen satisfaría expectaciones ciudadanas respecto a la gobernanza que requiere.

Todo ello permitirá a los ciudadanos, asociaciones y comunidades gozar de libertades extensas e igualdad política, y proveerá un contexto en el cual toda la ciudadanía podrá juzgar el funcionamiento del gobierno mediante instituciones eleccionarias, mientras las instituciones del gobierno y los funcionarios estarán legal y constitucionalmente responsables uno ante el otro.

En España no es el momento para ambigüedades tales como “soy republicano de sentimiento, más monárquico por sentido común”. Hay que sacar a la Corona del blindaje antidemocrático en el que se alberga en el texto de 1978.

Es necesario someterla a legitimación popular directa en contraposición con su alternativa obvia, y habría que erradicar en todo caso las adherencias absolutistas que, de modo más o menos vergonzante, todavía la adornan.