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De pactos, incumplimientos y otras quimeras del PSOE

A pesar de los acuerdos, el PSOE se ha opuesto a ponerlos en práctica, y solo han sido sus socios de gobierno los que los han impulsado.

Se ha dicho hasta la saciedad que el Régimen de 1978 está en crisis. Las principales instituciones del Estado (desde el gobierno al Congreso, pasando por la judicatura o la monarquía) están profundamente marcadas por esta crisis, que no deja de ser consecuencia de sus propias deficiencias democráticas al nacer.

Por ejemplo, nombrar un jefe del Estado «inviolable«, o mantener los privilegios de la iglesia católica, etc. Es una crisis que afecta a todos los ámbitos políticos, económicos y sociales de nuestro país.

Si en enero de 2020 surgió el gobierno «más progresista de la historia«, muchos esperábamos que esta crisis comenzase a cambiar. Parecía que Pedro Sánchez podría cambiar la deriva del PSOE, y que la influencia de Pablo Iglesias y Unidas Podemos sería suficiente para hacer realidad ese gobierno progresista. Pero las esperanzas han sido vanas.

Cuando Sánchez hacía campaña, en 2014, y luego en muchas otras ocasiones, se llenaba la boca con las numerosas medidas del gobierno de Mariano Rajoy (ese misterioso M.Rajoy que ni fiscales ni jueces aciertan a identificar en los «papeles de Bárcenas«) que era necesario derogar, para mejorar la calidad política, económica y social del país.

Por ejemplo, la «Ley mordaza«, que intenta acallar el descontento en las calles, reprimiendo sin piedad a los que protestan, y que ahora se aplica, incluso, a miembros electos del Congreso como Alberto Rodríguez.

O como la reforma laboral, que ha traído una inmensa precarización al mercado de trabajo, con salarios indecentes, creciente temporalidad y elevadas tasas de desempleo juvenil, a cambio de una mayor desregulación de las relaciones laborales y un constante menosprecio del papel de la negociación colectiva y los sindicatos. O la tan esperada renovación de algunas de las principales instituciones judiciales del país.

A pesar de los acuerdos de gobierno, el PSOE se opuso, tanto como pudo, a la subida del Salario Medio Interprofesional, y aún sigue obstaculizándolo.

No está demostrando una voluntad real de derogar la reforma laboral. Y ni siquiera se ha planteado la tan prometida derogación de la «Ley mordaza«, porque le permite utilizarla en los mismos términos que el PP: para eliminar el descontento y la protesta en la calle.

Se trata, por tanto, de una gran necesidad de llevar a cabo reformas institucionales de gran calado, que deben contribuir a mejorar una democracia que está recibiendo ataques constantes a sus principios básicos y esenciales. Y, hasta ahora, las reformas emprendidas han ido siempre, pese a la oposición de Unidas Podemos, en dirección a mantener la idea de «reformar lo mínimo, para que todo siga igual«.

La renovación judicial

El bloqueo del PP a la renovación de determinadas instituciones, especialmente la renovación judicial, se ha mantenido, hasta el momento en que el PSOE y sus barones se han amoldado a renovar lo que los conservadores buscaban.

También es cierto, sin embargo, que ambos partidos tienen numerosos conflictos judiciales que aún deben dirimirse en esos ámbitos judiciales. De ahí el interés en tenerlos bajo control.

Después de años de bloqueo, el PP ha admitido la reforma, ajustada a sus necesidades, del Tribunal Constitucional (que se ha convertido en una herramienta de conflicto político más), el Defensor del Pueblo, la Agencia de Protección de Datos y el Tribunal de Cuentas.

Este último es uno de los casos más escandalosos de corruptelas de la democracia: el órgano que debe fiscalizar las cuentas, entre otros, de los partidos políticos, está totalmente controlado por esos mismos partidos políticos, a través de afines, familiares y amiguetes, que lo usan como forma de «lavar» sus chanchullos o de atacar a sus oponentes, según el interés del momento.

El PP (y, hasta cierto punto, también el PSOE) han logrado la «renovación» que les interesaba, según sus propios provechos. Con el control judicial, determinados sectores continúan manteniendo su imposición de veto sobre la voluntad real expresada por la mayoría de la población con su voto.

Solo cuando se ha garantizado ese control se han aceptado unas renovaciones «estéticas«, que no afectan ni al fondo ni a la forma del problema, y que está llevando a la judialización de la sociedad española.

Eso sí, donde la renovación puede dar problemas, como en el caso del Consejo General del Poder Judicial, el «acuerdo» aún no ha sido posible.

La primera gran mentira: la reforma laboral

La reforma laboral del gobierno del PP de Rajoy (que, recordémoslo, venía precedida de una reforma del PSOE, aunque no tan lesiva), se ha convertido en uno de los grandes obstáculos en el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, un acuerdo que el PSOE no ha tenido, ni tiene, intenciones de cumplir «voluntariamente«.

La derogación de esa reforma, que se convirtió en caballo de batalla de la campaña electoral de Unidas Podemos, pero también del PSOE, se ha ido retrasando, progresivamente, hasta que está llegando a un punto casi sin retorno, en un marco en que la mayoría de las principales figuras del PSOE se van posicionando en contra de la derogación y a favor de un «ligero maquillaje» de la misma que, eso sí, nos venderán como un gran avance social.

Por ejemplo, Nadia Calviño ha mantenido tesis similares, incluso, a las de Pablo Casado, a la hora de oponerse a la derogación.

Lo que está intentando el PSOE, en estos últimos días en que parece que va a intentar llevar a cabo su reforma de la reforma laboral (¡cuidado! No derogación, sino reforma de la reforma) es, nuevamente, cambiar lo mínimo y que todo siga igual. Incluso hablan de «renovar» la reforma laboral. ¿Renovarla? ¿Para qué?, ¿cómo?, ¿porqué?

Evidentemente, la intención sigue siendo proteger a determinados sectores, aunque sea a costa de precarizar al conjunto de la sociedad y la clase obrera. Derogar la reforma laboral supondría afectar a las estructuras del poder económico y político, y el PSOE se opondrá, tanto como pueda, a esos cambios.

De ahí que Sánchez haya dicho, por ejemplo, que no apoyará la reforma ¡si esta no está apoyada también por la patronal! ¿Cuándo se ha visto que la patronal apoye una reforma que beneficie a los trabajadores?

Ahora no se trata únicamente del incumplimiento de los pactos de gobierno. Se trata de recuperar los derechos y libertades laborales y sindicales perdidos, luchar contra la precariedad, apostar por el trabajo decente, fortalecer la negociación colectiva, etc.

La derogación debe acabar con la altísima precariedad, incrementar el nivel salarial, acabar con la temporalidad, con el desempleo juvenil, etc. De ahí que los sindicatos hayan comenzado a especular con llevar de nuevo el conflicto a la calle, para demostrar que el malestar social ya no tolera el «posturismo» de los socialistas.

Una duda que me surge, de todo este proceso, es saber si el PSOE no estará intentando torpedear a propósito el pacto de gobierno, para «quitarse de encima» a un socio incómodo y, en un posible adelanto electoral, volverse a otros socios de gobierno menos incómodos… Pero es que soy un malpensado.

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