Ley de Memoria Democrática: deuda del Estado con las víctimas del franquismo

El pasado martes 20 de julio el gobierno de coalición PSOE-UP por medio de su Consejo de ministros, aprobó el anteproyecto de la nueva Ley de Memoria Democrática, la cual pretende resarcir los daños ocasionados a las víctimas del Régimen dictatorial de Francisco Franco en España.

Asimismo, el referido instrumento legislativo busca impedir que se enaltezca el franquismo, contrarrestando al mismo tiempo su alcance social y cultural, siempre alineado al espectro político de la derecha y replicado por sus representaciones partidistas.

El anteproyecto de ley que inicia su tramitación en las Cortes con la oposición de formaciones de la derecha, como PP y Vox, pero también las quejas de asociaciones memorialistas y los grupos parlamentarios independentistas de ERC y la CUP, los cuales señalan que la referida ley aún no cumple las expectativas legales y políticas.

Cabe destacar que la nueva norma contiene un amplio abanico de preceptos que van desde la anulación de sentencias del franquismo hasta la creación de un banco de ADN para facilitar la identificación de los desaparecidos durante el régimen.

Desde el poder ejecutivo han comenzado los procedimientos administrativos, jurídicos y políticos conducentes a su discusión en el parlamento. En este sentido las eventuales deliberaciones parlamentarias buscarán mejorar, así como ampliar la denominada Ley de Memoria Histórica del año 2007, la cual sigue vigente

En este respecto, el presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, Arturo Peinado, considera que el principal acierto de la Ley de Memoria Histórica fue el permitir un avance inicial “en políticas públicas de memoria desde las instituciones; Que incluya un régimen sancionador es un avance; La propuesta de llevar la memoria histórica a los diversos niveles del sistema educativo; Dar una solución definitiva al Valle de los Caído”.

Sin embargo, son mayores las ausencias y las debilidades de la referida normativa sancionada en el año 2007. A juicio de Peinado, una de las fallas más resaltantes de la ley vigente es “no declarar ilegal al franquismo”.

En este sentido, Peinado agrega como falencias de legislativa “el no reconocimiento jurídico de las víctimas, al nivel de otros colectivos como las del terrorismo”. Asimismo, el referido texto “declara nulas las sentencias, pero no ilegales los consejos de guerra y tribunales represivos”.

La revisión del actual marco jurídico, dirigido a hacer justicia frente ante las consecuencias políticas económicas y sociales del franquismo, procura subsanar las carencias de esta ley amparándose de una reforma impulsada tras un extenso periodo de revisión ante las Cortes.

Asimismo, dar cumplimiento a las sugerencias de la comunidad internacional en esta materia, adecuando la actual normativa a los estándares europeos. Dentro del nuevo texto se “condena y repudia el golpe de Estado de 1936 y el Régimen franquista posterior“.

De esta forma, el espíritu legislativo del parlamento debatirá en función de la obligación del Estado español de asumir los peritajes conducentes a la búsqueda de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco. A pesar de la existencia de una la Ley de Memoria Histórica, aproximadamente unas 3.000 fosas comunes fueron descubiertas por asociaciones de voluntarios y no por el poder del Estado.

En este sentido Arturo Peinado considera que en cuanto a las exhumaciones de fosas comunes, “es bueno que se implique el Estado, pero el papel ambiguo de la Fiscalía de Sala no garantiza la tutela judicial en ese proceso”.

Hasta los momentos se desconoce la cifra definitiva de desaparecidos por la dictadura, exceptuando los datos proporcionados por la Audiencia Nacional del año 2008, que arroja un aproximado de 114.226 desaparecidos forzados.

Se estima que, con la creación del nuevo marco jurídico se impulsará la creación del Banco Nacional de ADN, para proporcionar la identificación de los desaparecidos, así como la creación de una Fiscalía de Sala que investigue los delitos cometidos en esa época.

De igual forma, dentro de la nueva ley de Memoria Democrática, destaca la resignificación del Valle de los Caídos, con la exhumación de Primo de Rivera del altar mayor de la basílica, así como la tipificación del delito de “apología del franquismo” bajo sus correspondientes supuestos jurídicos.

La nueva ley también prevé la extinción de la fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que proviene del decreto ley del año 1957 y se aprobará uno nuevo que establecerá el régimen jurídico aplicable.

Todo ello, en un contexto legal en el cual la vigente Ley de Memoria Histórica del 2007, según Peinado, no tiene un reconocimiento de la responsabilidad “patrimonial y civil del Estado, de particulares e instituciones, beneficiarios del expolio y el trabajo esclavo, así como El derecho de acceso a todos los archivos de la represión, públicos y privados no está realmente garantizado”.

La coalición de gobierno PSOE-UP, dirigirá esfuerzos concentrados en tres ejes: el primero consiste en poner a las víctimas en el centro de la acción política; en segundo lugar, dignificar y visibilizar las mujeres que sufrieron la represión franquista, hechos agravados en vista de su misma condición de mujer. Tercero y último, dar importancia al movimiento memorialista.

La derecha política representad por Vox ya ha anunciado públicamente que, sin conocer su contenido y sin esperar sus procesos naturales de tramitación parlamentaria, está decidido a recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional.

En este respecto, desde el PP, Pablo Casado ya ha asegurado que en cuanto llegue al Gobierno la derogará para cambiarla por una ley de “concordia“.

Es evidente la derecha adolece respecto a esta nueva iniciativa legislativa, ya que representa para esta un sensible repliegue político y el retroceso de un avance que se pretendía sólido, pero que en la realidad política de España no aportó algo más allá de una simple política de crispación.

De esta forma el conservadurismo español verá como se creará un Consejo Territorial de Memoria Democrática y la retirada de símbolos franquistas, de lugares públicos e incorporando un régimen sancionador de la cual carecía la Ley de Memoria Histórica del 2007, al tiempo que algunos lugares podrán ser declarados “lugares de memoria democrática“.

También está prevista la retirada de honores, medallas y distinciones que hubieran supuesto exaltación de la Guerra Civil o la dictadura, incluidos los títulos nobiliarios. Sin duda, resulta un duro golpe para todos aquellos que veían en el franquismo como un mecanismo de perpetuidad ideológica de la derecha.

Todo ello es la manifestación del comienzo de un cambio de paradigma social respecto al entendimiento del contexto histórico franquista, el cual refleja profundas contradicciones que aún resiente España por medio de aquellos elementos del franquismo que sobrevivientes dentro de las actuales estructuras de Estado, las grandes empresas españolas cotizantes en el IBEX 35, la iglesia católica y la monarquía.