Análisis del plan de reactivación económica y el empleo

A principios de este mes el Gobierno, junto a la patronal y a los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General e Trabajadores (UGT), firmaron el Acuerdo por la Reactivación Económica y el Empleo.

Lo presentan como una forma de sentar las bases para acelerar la recuperación económica y la creación de empleo. El objetivo, según explican, es lograr en la mayor brevedad posible, un crecimiento sólido, inclusivo y sostenible.

Acuerdo por la reactivación económica y el empleo

El acuerdo consta de seis páginas en las que se recogen varias líneas de trabajo, acordadas para conseguir un crecimiento económico más inclusivo y sostenible.

Para obtener dichos objetivos marcan varias bases: apoyarse en la “economía verde“, en la digitalización, en la industrialización del país, en la colaboración público-privada, en la I+D y la ciencia, en la educación, en la creación de empleo de calidad, en el aumento de la productividad y el refuerzo del Estado de bienestar.

Para conseguir esta base consideran imprescindible continuar con el Diálogo Social, intensificando las reuniones. En el pacto se mencionan el conjunto de medidas excepcionales adoptadas desde que comenzara la crisis. Destacando la movilización de más de cien mil millones de euros en avales públicos a través de ICO.

El texto también recoge las medidas adicionales puestas en marcha por el Gobierno: planes de choque para los sectores estratégicos más afectados como lo son el turismo y la industria de automoción.

Este cuarto punto del acuerdo, finaliza afirmando que “estas medidas son importantes fuerzo presupuestario de todos los ciudadanos“.

Los ERTE y la protección a los autónomos

Respecto a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, los presentan como un mecanismo de producción de los trabajadores y empresas. Extiende su aplicación hasta el treinta de septiembre de 2020 y pretenden que sirva de transición hacia el modelo permanente.

Exponen a su vez que los ERTE han sido una medida clave en esta crisis, ya que ha evitado la instrucción innecesaria de empleo y ha contribuido a preservar capital humano y tejido productivo. Viéndolo como un éxito del Diálogo Social en la política laboral del país.

Explican que el nuevo mecanismo de protección para los trabajadores autónomos aliviará su carga hasta el treinta de septiembre. Mecanismo que proporcionará una prestación mínima para los que no puedan desarrollar su actividad o perciban una caída significativa de sus ingresos.

Programa financiero de 50.000 millones de euros

Este programa lo presentan como un complemento a las medidas de reactivación, encaminado al apoyo público a la solvencia y la inversión empresarial. La dotación económica estará orientada a impulsar el crecimiento y a reforzar empresas solventes cuya situación financiera pueda ser vulnerable a raíz de la pandemia. Apoyarán las inversiones productivas del tejido empresarial del país.

Compromisos adquiridos

Se comprometen a poner la creación de empleo de calidad en el centro de la reactivación y evitar el despido, como principal mecanismo ante la disminución de actividad.

Las partes firmantes, se han comprometido a trabajar en los diversos acuerdos para acelerar la reactivación económica e impulsar el empleo activo. Para ello se comprometen a:

  • Impulsar la reincorporación de los trabajadores en situación de ERTE. Primarán los ajustes de capacidad en horas de trabajo, en vez de en empleos. Las empresas impulsarán la contratación de los trabajadores -con contrato temporal- cuya relación laboral finalizó durante la crisis sanitaria, cuando las circunstancias lo permitan. También se comprometen a potenciar la contratación indefinida, en la medida de lo posible.
  • Desarrollar mecanismos eficaces para la formación y cualificación de los trabajadores. En particular en el ámbito digital y tecnológico. Especialmente en los sectores que por la crisis sanitaria se han visto obligados a un proceso de transformación acelerados.
  • Establecer un marco adecuado para el trabajo a distancia y la adaptabilidad de la jornada laboral. Tendrá como objetivo aumentar la productividad de las empresas y mejorar la situación de los trabajadores, la conciliación familiar y la capacidad de adaptación a las demandas de la nueva economía.
  • Desarrollar un marco adecuado de contribución compartida para los ERTE. Por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. Con el fin de consolidar su rol para la adaptación de la economía del país, en línea con otros países europeos. Protegiendo el tejido productivo, el empleo y a los trabajadores (mayor seguridad jurídica, menor vulnerabilidad y mayor contribución a la estabilidad económica).
  • Pacto por la Industria. Para permitir al país su imprescindible reindustrialización. Diversificando, equilibrando y modernizando la estructura productiva e impulsando los sectores estratégicos, para hacer más residente la economía.
  • Transición “verde”. Impulsarla en el conjunto de sectores productivos, también la economía circular. Apostarán por la colaboración público-privada y la inversión en la industria, la agricultura y en servicios competitivos.
  • Impulsar la digitalización de la economía. Capacidades digitales durante toda la vida laboral. La incorporación a las empresas de las nuevas tecnologías, particularmente en las pymes.
  • Modernizar las políticas activas de empleo. Para reorientar los recursos correspondientes hacia un sistema eficaz (apoyo personalizado, formación y recualificación de los trabajadores). Desplegar mecanismos eficientes de alineamiento de la oferta y la demanda en el mercado laboral.
  • Apoyar el desarrollo de la economía social y sistema de cuidados. Para reforzar y mejorar el estado de bienestar.
  • Apoyar a los autónomos. En la superación de las consecuencias del covid y en la reactivación de sus actividades profesionales.
  • Modernizar el marco laboral. Para minimizar el impacto de futuras crisis.
  • Asegurar el reforzamiento de los servicios públicos. Especialmente en el servicio sanitario y el sistema de dependencia. Así como en el servicio público de empleo.
  • Abordar las necesarias adaptaciones para el refuerzo y la garantía de sostenibilidad y suficiencia -a largo plazo- del sistema público de pensiones, protegiendo su poder adquisitivo.
  • Impulsar medidas eficaces para aflorar la economía sumergida, luchar contra el fraude, la precariedad y la evasión fiscal.

Por todo esto, las partes firmantes han acordado reactivar, con carácter inmediato, las mesas de Diálogo Social. Incorporar medidas tendentes a la creación de empleo. Igualmente han pactado abordar los compromisos recogidos en el documento, en los foros correspondientes, en línea con las demandas de la sociedad. Tomar medidas eficaces para salir de la crisis de manera solidaria y construir un futuro mejor.

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