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Aviones presidenciales en Ecuador: un tema al que los medios auspician selectivamente

Esta semana el expresidente del Ecuador, Rafael Correa, fue sancionado por la Contraloría General del Estado debido a que los aviones presidenciales, durante su gestión, fueron usados por otros funcionarios del gobierno para el cumplimiento de actividades oficiales del Estado.

Correa reaccionó en Twitter inidcando: «Ayer me notificaron “glosa” de 9 MM USD por “uso de aviones presidenciales”. Debe ser algo inédito en la historia, “glosar” a un presidente por no haber utilizado exclusivamente para él los aviones, sino haberlos puesto al servicio de todo el Estado. Todo es cuestión de tiempo».

La narrativa mediática se centró en la exposición de la figura de Rafael Correa asociada con la sanción impuesta. Esto no es nuevo en los medios nacionales que se han convertido, en su mayoría, en amplificadores de las denuncias contra el exmandatario y sus coidearios. En el caso de Jorge Glas, por ejemplo, los medios generaron un ambiente de culpa indiscutible presionando a la justicia durante todo el proceso legal en el que lo terminaron inculpando a seis años de prisión por el delito de asociación ilícita.

Nuevamente los medios culpan y posicionan esa línea frente a sus audiencias con titulares como Glosa de $9 millones contra Rafael Correa por el mal uso de aviones estatales (El Expreso), Notifican glosa de $9 millones a Correa por uso de aviones (Vistazo), Contraloría notificó a expresidente Correa una glosa de USD 9,6 millones (Teleamazonas), Rafael Correa suma $ 10,1 millones en glosas y es señalado en tres indicios de responsabilidad penal (El Universo) y Gasto millonario con 2 aviones presidenciales en una década (El Comercio).

Pero estos titulares no se asemejan a otros casos de uso de aviones oficiales, denunciados en medios alternativos y redes sociales, o promocionados por los propios funcionarios de gobierno que los usaron, como es el caso de la exvicepresidenta, María Alejandra Vicuña, que lo usó para movilizaciones internas promocionándolo en su cuenta de Twitter.

Una de las causas determinantes para la sanción impuesta a Correa sería que no fue él, como Presidente de la República, el único en hacer uso de los aviones presidenciales, sin embargo, esto se ha mantenido durante el gobierno de Moreno sin que la contraloría investigue el uso por parte de funcionarios o exfuncionarios del régimen actual. En redes sociales, inclusive, circularon fotos de movilizaciones en los aviones presidenciales por parte de la exvicepresidenta, su pareja sentimental y algunos amigos. Sin embargo, estas denuncias no tuvieron acogida ni en los medios, ni en las autoridades de control.

El tratamiento que la empresa mediática privada ha dado a los casos de corrupción denunciados por múltiples actores han beneficiado sistemáticamente a los grupos de poder vinculados al actual gobierno y han enfilado sus fusiles a la imagen del correísmo en el país.

Por respeto a sus códigos deontológicos y los preceptos constitucionales respecto a libertad y libre acceso a información de relevancia pública, los medios deben poner toda la información frente a sus audiencias y esperar que sean ellas quienes tomen sus propias posturas frente a la realidad social. Una línea editorial que responde a intereses políticos debilita la credibilidad del sistema democrático y confunde a una sociedad profundamente desinformada.

Hace poco, otro caso de uso de aviones públicos se conoció por internet, en una época de hiperinformación no le resultó fácil a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, ocultar que usó una aeronave de la Policía Nacional para transportarse a unas vacaciones en la playa junto a su novio Iván Granda, secretario anticorrupción del gobierno.

El avión habría recogido a los hijos de su pareja en Cuenca, luego a ellos en Salinas y los habría dejado en Esmeraldas. Sobre este caso, nuevamente, los medios voltearon la vista y perdonaron a los funcionarios públicos, ratificando así la existencia de una mirada selectiva que apunta al enemigo y no al culpable.