Cuarto sucesor a la corona, un chollo que a nada obliga

Dicen los entendidos en la Constitución del 78 que la Corona es uno de los órganos constitucionales del Estado. Cuesta creer, más de doscientos años después de la revolución burguesa, que una institución basada en el derecho de sangre, la única superviviente del Antiguo Régimen, quepa en una constitución que dice organizar el destino de un estado social y democrático de derecho.

No cuesta tanto comprender que así seguirá siendo mientras no estorbe a los poderes fácticos españoles, es decir, Ejército, Iglesia y CEOE; el pueblo soberano, mientras no se organice, a tragar a un soberano monarca (pocas palabras hay en español con significados opuestos, pero ninguna como soberano).

Enseñan los monárquicos entendidos en la Constitución del 78 que el rey es símbolo de la unidad y permanencia del Estado español. Prosiguen con sus enseñanzas, en un alarde de justificar lo que solo es justificable por la senda jurídica franquista que culminó en la Ley para la Reforma Política, exponiendo que el rey, citando literalmente la Constitución, “arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones”, es “la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica”, y se sacan de la manga que es el garante de la Constitución por haber jurado cumplirla y hacerla cumplir (hecho que nunca ejecutó el padre del actual monarca, demostración palpable de que la Constitución del 78 ya quedó jurada el día de su coronación cuando juró los principios del Movimiento Nacional).

Se preguntará el lector que a cuento de qué, en una fecha tan lejana de conmemoraciones constitucionalistas, anda este plumilla exponiendo semejante asunto baladí. Pero sigo con el tema. La Constitución también prevé la sucesión del rey (¡siglo XXI de la era cristiana!, por no decir año 4.716 de los chinos, o 5.779 de los hebreos, y en una constitución supuestamente avanzada se habla de sucesión en vez de elección).

Y ahora es cuando tiene sentido mi anterior exposición. Dios no lo quiera, que seguramente no lo querrá, pero supongamos que fallecieran el rey actual y las tres personas que le siguen en la sucesión. La corona, el cetro y el manto se le impondrían a un personaje muy conocido de la sociedad española, y no precisamente por sus actos responsables.

Lo conocemos por pegarse él mismo un tiro en el pie con una edad en la que está prohibido el uso de armas, su propensión a la gresca, su mala condición de estudiante, o por resolver una discusión en la que quería hacer valer su condición de heredero a la corona para saltarse la cola de una atracción de feria con un “¡tú cállate, puto chino!” a un joven oriental. En semejante cabeza se asentaría nuestra enjoyada corona.

Nadie, que se sepa, ha puesto pegas a este dislate, tal vez seguros de que los demás órganos constitucionales neutralizarían un comportamiento con toda seguridad atolondrado. Pero lo que no es de recibo es que la izquierda parlamentaria no ponga en un brete al Gobierno de la nación conminándole a que el rey insinúe, por decirlo suavemente, al hijo mayor de la mayor de sus hermanas a que renuncie a sus derechos sucesorios el mismo día que se conoció que asistió a un acto político partidista (por supuesto convocado por el trifachito, es comprensible que no acuda a los del rojerío, hasta ahí podíamos llegar).

Quizás estén esperando a que se case sin el permiso de su tío, único obstáculo constitucional a los futuros herederos de la corona. No puede ser rey quien abiertamente ha demostrado su incapacidad para arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones, porque esas funciones no las puede ejercer quien se ha mostrado contrario a más de la mitad del pueblo soberano; quien ha mostrado su racismo no puede representar a los españoles en las relaciones internacionales, y no puede ser garante de la Constitución quien se alinea con un partido que anhela su total destrucción.

Todo órgano constitucional del Estado debe estar sometido al debate político. La Corona está dando muestras de su posicionamiento, no solo el hijo de la ciudadana Elena de Borbón (las malas lenguas dicen que su hija, quinta en el orden sucesorio, también ha sido vista en alguna celebración del partido neoliberal retrógrado), también su regio tío se destapó en su bronca a los catalanistas, bien es cierto que los discursos se los preparan en Moncloa.

La izquierda parlamentaria está obligada a abrir un debate en torno a los miembros herederos de la monarquía; hasta ahora, los dos reyes han pasado por las academias de oficiales de los tres Ejércitos y por algunas facultades universitarias madrileñas, no sé si con provecho, pero al menos se sometieron a cierto esfuerzo, aunque solo fuera la molestia de la asistencia a clase.

Del cuarto miembro a la herencia monárquica no se conoce el plan de su formación como estadista y posible jefe de las Fuerzas Armadas. Ya tuvimos bastante con la inequívoca posición política de su abuelo, pero aquella circunstancia histórica no es la actual y que este grave asunto de que un sucesor a la corona se posicione por una opción política no se puede quedar en el anecdotario del papel cuché.

Es hora de que una ley orgánica obligue a quienes pudieran detentar (diría ostentar si fuera un cargo por elección) el papel de rey de España sean obligados a seguir obligatoriamente una preparación programada, y al alcanzar la mayoría de edad continuarla o renunciar oficialmente a ella. Queda la esperanza de saber que si este personaje llegara a la jefatura del Estado tal vez daría paso a que la unidad y permanencia del Estado español por fin fuera mediante una República federal.

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