Dispersión: política de excepción

El sábado pasado, 11 de enero de 2020, se celebró en Bilbao la manifestación anual que convoca Sare a favor de los derechos de los presos, de los derechos de los familiares, de los derechos de los allegados, en definitiva de los Derechos Humanos. Se pedían diversas cosas, el fin de la dispersión por ejemplo.

La política de la dispersión

Desde 1978 hasta que se empezó a aplicar la política de dispersión, los presos se encontraban en cárceles de Madrid, Soria, Herrera de la Mancha y Puerto de Santa María. Fue entre los años 1987 y 1988 donde se empieza a aplicar y se da el mayor alejamiento de presos y presas. Es en mayo de 1989 cuando se empieza a emplear de manera universal, alejándolos incluso hasta Baleares, Ceuta, Melilla y Canarias.

Las razones usadas para justificar esta excepción fueron el beneficio que suponía separar al sector «duro» del «blando» y la necesidad de suprimir «privilegios«. Trataron como privilegios los derechos reconocidos en la legislación penitenciaria, usando para ello una de las herramientas más eficientes que tiene el Estado: la prensa.

Hubo una campaña mediática para hacer más fácil la aplicación de la dispersión. Se le dio credibilidad a banquetes de cordero asado y champán, langostas y langostinos, celdas moqueteadas. Recurrieron a falsedades para hacer más «legal» la aplicación de la política de dispersión.

Fue una medida política, definida en un marco de medidas de excepción aplicada exclusivamente a un colectivo determinado de presos y presas vascas. La aplicación de esta política es total y sistemática y repercute a la totalidad del régimen penitenciario.

Algunas medidas consisten en: alejamiento, aislamiento, agresiones, intervención de todas las comunicaciones -tanto orales como escritas-, restricciones de autorizaciones en las visitas, denegación de libertad condicional -aún cumpliendo todos los requisitos necesarios para su obtención-, no excarcelación de presos con enfermedades graves e incurables, etc.

Utilizan el sufrimiento con meros fines políticos, lo que viola los derechos de los presos y también de sus allegados. En el caso de los presos vascos, siempre han estado alejados de Euskal Herria, independientemente de si eran presos preventivos o penados. Enviar a los presos a las cárceles más alejadas es una de las normas generales que posee, independientemente de la categoría del delito por el que hayan sido condenados.

Presos: herramienta de chantaje

Los presos siempre han sido -y son- moneda de cambio o herramienta de chantaje por parte de los diferentes gobiernos españoles y franceses. Los acercamientos de los presos se han dado como respuesta a un alto al fuego de ETA. En septiembre de 1999, bajo el Gobierno de Aznar, 105 presos fueron acercados a centros penitenciarios más cercanos a Euskal Herria. Fue la respuesta del gobierno a la tregua de un año de ETA, donde negoció con el Gobierno de Aznar. Fue aquella vez en la que Aznar se refirió a ETA como Movimiento de Liberación Nacional.

¿Quiere eso decir que ya no se cumplía ese objetivo principal que usan para justificar el no cumplimiento de los derechos humanos? No, también usaban la dispersión de los mismos cuando ETA realizaba alguna acción. Porque el alejamiento está orientado contra los propios presos y contra el entorno afectivo y familiar de los presos. Desestabiliza económica, física y psíquicamente a familias enteras.

La situación real: vulneración de derechos

Consiguieron venderla como una medida para separar a los presos vascos entre sí, repartiéndolos por las cárceles de los estados francés y español, con el fin de que no se reorganizarán. Aunque en realidad es una política con unas pautas marcadas, que curiosamente concentra el mayor número de presos vascos en las cárceles más alejadas de Euskal Herria, dejando una cantidad ínfima geográficamente menos alejada de sus casas. Respecto a los presos que se hayan en Francia, se encuentran a entre 230 y 1.050 kilómetros de su domicilio.

A esto, habría que sumarles los repetidos cambios de prisión que son habituales para los presos de este colectivo.

Vulneración de derechos

La aplicación de la dispersión trae la conculcación de diversos derechos, así como el derecho a la vida familiar, el derecho a la salud, el derecho a las visitas, etc.

Las dificultades, los gastos y el riesgo ponen en peligro las visitas y las comunicaciones. Así mismo, obliga a las familias a sufrir las duras consecuencias. La gran mayoría de las familias se ve obligada a hacer viajes de entre mil y dos mil doscientos kilómetros. Esto supone un viaje superior a 24 horas y a su vez, un desembolso económico considerable.

Para una visita, en el caso de las ordinarias es de cuarenta minutos, en un locutorio y mediante un telefonillo. Una vez al mes, en la visita vis a vis, no está permitido el contacto directo -un abrazo por ejemplo-. La duración suele ser de hora y media. En lo relativo a las parejas, está permitido un contacto más íntimo de la misma duración.

Los gastos rondan entre los 200 euros que supone desplazarse a cárceles menos alejadas –Logroño por ejemplo- hasta los 1.000/1.200 euros de las más alejadas. Los horarios son tan limitados, que propicia que el viaje sea de riesgo. 2003 y 2004 han sido hasta hoy los años más oscuros de la dispersión: en 2003 cien familiares se vieron afectados en 23 accidentes, en los primeros meses de 2004 se vieron afectados catorce más. El saldo actual se sitúa en 19 personas fallecidas por la política de dispersión.

La alternativa a esta situación que no arregla el gobierno, pasaría por renunciar a las visitas, algo a lo que los familiares y allegados no están dispuestos. A esta realidad hay que sumarle la situación de varios familiares que por diversas razones, encuentran impedimentos para realizar el viaje. Son los familiares que por edad o por enfermedad, no pueden soportar estos viajes ni las condiciones en las que se ven obligados a realizarlos.

Respecto al derecho a la salud, los continuos cambios de prisión, la burocracia necesaria para asistir a las consultas médicas extra penitenciarias y las dificultades para ser asistidos por médicos de su confianza, hacen que revisiones periódicas señaladas no se realicen y que los tratamientos indicados se suspendan repetidamente.

Contra la dispersión solidaridad

Se han cumplido diez años del último atentado mortal de ETA, ocho desde que anunciara el fin de su actividad armada. Muchas de las personas que creían que esta situación abriría un nuevo escenario para Euskal Herria, se han encontrado con el inmovilismo del gobierno español, sobretodo en el ámbito penitenciario. Los sectores y organizaciones políticas siguen defendiendo la eficacia de esta medida, aunque en más de tres décadas de dispersión no haya traído la paz a la sociedad.

La dispersión es una política de chantaje, una política que nunca debió aplicarse, ya que condena también a los familiares. Resulta impensable que algo así sea real en un estado democrático, un estado que convierte en delito ser familiar de presos y quererlos. Si el objetivo es crear un escenario de paz y de convivencia, será imprescindible reconocer a estas víctimas, las de la dispersión.

Fue un intento de aislarlos de su entorno familiar, de su entorno afectivo, de que se sintieran solos, repudiados por todos. Aunque la respuesta de la familia y de los allegados fue muy diferente. En estos más de treinta años de dispersión la solidaridad ha sido la mayor baza, el mayor tesoro, el que daba fuerza para seguir avanzando.

Desde personas voluntarias que se encargan de acercar a las visitas a los familiares –Mirentxin Gidariak-, aunque esto suponga viajes de muchos kilómetros en pocos días. Hasta personas que cedían sus casas para que las familias que así lo necesitaran pudieran descansar, sin hipotecarse más la vida. Pasando por diversas movilizaciones que realizan durante todo el año, como la manifestación del pasado sábado, que reunió a unas 70.000 personas en Bilbo y otras 10.000 en Baiona.

>«Orain Presoak» en Bilbao y Baiona por el fin de la dispersión<<

Al finalizar la movilización de Bilbo, Asun Lasa – hermana de una víctima del GAL- y Rosa Rodero -viuda de una víctima de ETA- fueron las encargadas de leer el comunicado que daba fin a la marcha. Una vez más, la sociedad demostrando que está más a la altura que el Gobierno y todos los agentes políticos que hace tiempo tenían que haber puesto fin a esta medida de excepción.

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