¿Es la subida del SMI tan preocupante como quieren hacer creer?

El día 30 de enero sirve como ejemplo perfecto para ilustrar las diferencias entre la izquierda española y la vasca. A media mañana Pedro Sánchez había pactado junto a los secretarios generales de los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) y de la patronal (CEOE y CEPYME) la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 950 euros mensuales.

Al norte, en Euskal Herria, el panorama es diferente; la izquierda sale a la calle buscando mejoras en las condiciones de vida en una jornada de huelga general, movilización que no ha vivido el conjunto del Estado español desde el 2012. Lo más curioso de esta huelga es quién se opone: para nada sorprende encontrarse en frente a PP y PNV, pero sí a formaciones como PSOE y UP o CCOO y UGT, los sindicatos citados anteriormente.

Las principales reivindicaciones que trae consigo este paro del 30E son una subida de los salarios mínimos hasta los 1200 euros en una jornada semanal de 35 horas, actualización de las pensiones hasta los 1080 y, en resumen, unas condiciones de vida más justas y dignas. La convocatoria recibió el apoyo de los sindicatos con más peso en Euskal Herria (ELA, LAB, ESK, Steilas, EHNE, Etxalde e Hiru), a quienes hay que sumar la CNT y diversos movimientos sociales, como organizaciones juveniles, feministas, ecologistas o de pensionistas.

Se trata de una nueva muestra de que la izquierda vasca está, si no varios pasos por delante, al menos varios a un lado de la española, algo más conformista y domesticada. Solo hace falta ver quién apoya qué medidas en cada territorio: da que pensar que PSOE, UP y los sindicatos mayoritarios vean como muy positiva la subida del SMI a 950 euros pero se resistan a apostar por una más ambiciosa como la demandada el 30E.

Más o menos grandes, el nuevo gobierno progresista va realizando cambios. Tras la anterior subida de un 22% que nos acercó un poco a los sueldos europeos, los socialistas vuelven a aumentar el sueldo a aquellos que menos cobran; esta vez un 5%. Las críticas desde la derecha no se hicieron esperar y volvió la retórica catastrofista ya vista en 2019 (aún cuando el PP tenía planeado para ese año una subida del SMI hasta los 850 euros) que rezaba que se destruiría muchísimo empleo. Veamos qué hay de cierto en esto.

En 2019 las cifras de empleo aumentaron hasta en 402.300 personas (sumando el sector privado y el público). El empleo indefinido aumentó en 414.200 personas, mientras que el empleo temporal se redujo en 21.600. El número de autónomos también se incrementó en 7.500. La mayoría de regiones han notado este aumento, y en cuanto a los sectores, el de la agricultura es el único que salió damnificado.

En esta ocasión, aún teniendo en cuenta que UP ha rebajado sus pretensiones (la derogación de la reforma laboral no parece que vaya a llegar a corto plazo), y que la patronal ve con buenos ojos tanto a la subida como a este partido, la derecha sigue alertando. No obstante, esto tampoco es de extrañar si se tienen en cuenta declaraciones como las del número dos de VOX en Málaga Rubén Mansó, quien defendió la eliminación del salario mínimo para incentivar la contratación.

Sobre este tema también se han pronunciado voces más autorizadas, como Joseph Stiglitz. El nobel de Economía de 2001 fue asesor de Bill Clinton y José Luis Rodríguez Zapatero, y economista jefe del Banco Mundial. Se trata de uno de los economistas progresistas con mayor importancia en Estados Unidos y, en una entrevista para El País ya dejó clara su postura: Subir el salario mínimo tiene un impacto “insignificante o incluso positivo” sobre el empleo.

Para fundamentar esta afirmación, Stiglitz citó un centenar de estudios realizados en EEUU (algunos de los cuales se hicieron teniendo en cuenta subidas mayores que la del 2019). Además, rechaza las críticas a esta decisión señalando que el mercado laboral no sigue las normas clásicas de oferta y demanda.

Además, siguiendo un esquema bastante simple podemos ver que, aumentar el salario mínimo no es bueno únicamente para el trabajador, sino que repercute en toda la economía: si aumenta la renta de las familias, el consumo de estas aumentará (mayoritariamente en aquellos bienes o servicios que les comporten un beneficio real). Tanto Keynes como Adam Smith ya explicaron hace unos cuantos años los beneficios de tener una clase trabajadora con mejores salarios.

Volviendo a la realidad de los hogares, esta subida representa un pequeño avance, pero que no puede ser asumido como victoria definitiva. Aún con 50 euros más, las familias españolas van a seguir dedicando una parte desmesurada de su sueldo al alquiler (más del 40% en uno de cada cuatro), situación que puede ser insostenible en ciudades como Madrid o Barcelona y que sobre todo zancadillea y coarta la independencia de los jóvenes.

En vistas de que las medidas del nuevo gobierno progresista no van a comportar cambios radicales y de que regular el precio del alquiler no es una prioridad, el camino va a ser el de siempre: movilizarse y reclamar lo necesario. La importancia de continuar se hace todavía más evidente en una semana como esta; huelga general en Euskal Herria que busca mejorar las condiciones de vida, jornaleros extremeños reclamando un precio digno para sus productos y jardineros que en Zaragoza llevan ya 12 días de huelga por los intentos del nuevo ayuntamiento del PP de recortar personal.

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Estudiante de Historia y Periodismo. En constante formación y tratando de aprender de todo lo que me rodea. Colaboro con El Estado y con El Común.

Andrés Santafé

Estudiante de Historia y Periodismo. En constante formación y tratando de aprender de todo lo que me rodea. Colaboro con El Estado y con El Común.

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