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La inconformidad social en Ecuador se estancó en las redes sociales

En Ecuador, luego de dieciocho meses de la llegada a Carondelet de Lenín Moreno, el malestar ciudadano ha empezado a volverse palpable. Existe por todo el país una inconformidad que se acumula contra un Gobierno sin ideas e improvisado, incapaz de planificación alguna y mucho menos con alguna expectativa de futuro.

El alza de los precios de los combustibles y la condonación del pago de impuestos a la banca son apenas los motivos más recientes de indignación. Este año existe inconformidad con las políticas gubernamentales, no obstante, los ciudadanos estallan en redes y poco de su rechazo llega a las calles. Aparentemente son varios los aspectos que configuran esta realidad y es que las redes sociales han servido como mecanismo de contención del conflicto social.

La ventilación del malestar a través de Twitter o FaceBook resulta en una catarsis individual, casi terapéutica, que queda muy lejos de constituirse en acción colectiva o movilización. El efecto es casi mediático y masivo pues las redes asumen un papel que la prensa no tolera, el de informar sin filtro. A su vez tienen la capacidad de incidir directamente en la percepción pública de forma inmediata lo cual pone en entredicho la capacidad de respuesta y gestión de un gobierno débil que observa sus niveles de aprobación afectarse en tiempo real.

El Gobierno de casi nadie: origen del malestar

Moreno, elegido en las urnas por sectores autodefinidos populares, hoy reniega de sus votantes en público y en los salones de palacio es obediente de una centena de personas que velan por los intereses de un sector empresarial insensible con la inversión social: educación, salud, vialidad, economía popular y solidaria. Condonación de deudas a la banca privada y despidos en el sector público a funcionarios de rango medio y bajo en nombre de un vacío fiscal son otras acciones contradictorias.

En nombre de una supuesta lucha en contra de Rafael Correa, quien confió y promovió en la carrera política del actual inquilino del palacio presidencial, se acomete en este momento un desmontaje institucional del Estado con la venia y apoyo explícito de la politiquería en pleno. En el proceso de descorreización las distintas autoridades afines al Ejecutivo y sus aliados se pasan por alto cualquier normativa nacional e internacional.

Riesgo país al alza, decrecimiento económico, aumento del desempleo, ninguna obra pública nueva en construcción. En lo financiero: mayor cantidad de préstamos internacionales a China, el Fondo Monetario y, en este punto, a los marcianos si pudiera. Dice que vivimos en austeridad, pero viaja con fondos oficiales él y su esposa –nominada en funcianaria en lo que algunos dirían nepotismo- a Japón, Qatar, Estados Unidos y a cualquier otro país sin ningún resultado o gestión que favorezca el Ecuador.

Los medios privados nos dicen que vivimos en Narnia

Moreno acorde a su discurso de negación hacia sus excompañeros de partido y especialmente al expresidente Correa, supo encontrar un punto de acuerdo con medios de comunicación privados que le tapan y ocultan la mayor cantidad de sus desatinos.

El eje de un muro mediático que protege a Moreno es la figura de Andrés Michelena, excorreista hoy devenido en inquisidor o decidor de la opinión pública nacional. Este funcionario de alto rango aprovechó la enemistad de los medios privados con el anterior Gobierno porque perdieron auspicios públicos y estaban regulados  para convertirlos hoy en el recurso más eficiente en contra de una ciudadanía enterada de las acciones públicas.

De por medio, entre la amistad repentina de Moreno y los medios es fácil imaginar, están las concesiones. La presidencia volvió al hábito de entrega de fondos públicos a los medios privados, siempre y cuando se apeguen al guión de la telenovela morenista. Y está también ahí la eliminación o modificación de la Ley Orgánica de Comunicación a la medida de los deseos de la prensa privada para que no queden en duda las “buenas intenciones”. Que esa ley buscaba romper con injusticias y fue un pedido en la consulta popular de 2011 es secundario.

Que todo es relativo y usted o yo tenemos átomos de Hitler y Gandhi por igual dice y redice Moreno. El licenciado en administración Lenín Moreno se ha empecinado en una reducción agresiva del aparato burocrático, lo cual ha implicado un deterioro significativo de los servicios públicos y el subsecuente impacto en la economía familiar. La verdad “cuántica”, una teoría que aunque nunca sabe explicar usa de muletilla en casi todos sus discursos es en el caso de Moreno una versión no tan light de la post verdad hoy en boga a nivel mundial.  

La gente quiere protestar y se olvidó cómo

A pesar de que el gobierno de Moreno ha implementado medidas económicas que han afectado la calidad de vida de los sectores de clase media y más vulnerables, la convulsión social que caracterizó al Ecuador de los años noventa y dos mil no se ha materializado.

Cabe recordar que por el Ecuador pasaron diez presidentes en un periodo de diez años (entre 1996 y 2006), en el que la inestabilidad política, la incertidumbre económica y la corrupción primaron. De acuerdo con la empresa Perfiles de Opinión, Moreno cerró el año 2018 con un 30% de credibilidad e índices de aprobación similares.

La mayoría del tiempo que han estado en el poder el presidente Moreno y su gabinete, han destinado el aparataje estatal a la realineación con los mercaderes internacionales, al igual que un acercamiento obsecuente a la embajada estadounidense y su nueva agenda de seguridad para América Latina. Así también ha concentrado buena parte de su ya desgastado capital político en lo que a inicios de su mandato dijo sería una “cirugía mayor a la corrupción”. Aunque de eso no se come todavía lo usa y en la práctica no se ha constatado tal intervención quirúrgica en más que la persecución de funcionarios del gobierno antecesor y el inminente bloqueo a su participación democrática.

Nadie está contento y, sin embargo, la mayoría parece haber olvidado el viejo hábito de salir a las calles a decir basta. Las movilizaciones recientes (y crecientes) han sido esporádicas y desarticuladas por múltiples factores que han incidido en la ausencia de la acción colectiva frente a los recientes sucesos y la imperante crisis de gobernabilidad.

Entre los principales está la falta de conciencia de los derechos ciudadanos. A pesar de grandes avances en materia legislativa y garantías, la ciudadanía no vivió la apropiación adecuada de los derechos que supuestamente se le garantizaban. Y, peor aún, la ciudadanía no se entera de los derechos que progresivamente se han ido mermando.

Otro factor importante ha sido la ausencia de movilización social significativa en diez años de gobierno de Correa. Esto no es decir que no haya habido movilización social durante ese periodo, sin embargo, sí hubo constancia y estabilidad política, una institucionalidad incipiente rígida y cobertura masiva en cuanto a servicios y protección social. En efecto, la clase media creció ampliamente durante esa década y con ella su capacidad adquisitiva y de ahorro. Concomitantemente también incrementaron las taras del ascenso social como la complacencia, la comodidad y la pérdida de valores colectivos.

Sin que sea un fenómeno exclusivamente ecuatoriano, el individualismo se ha incrementado de distintas formas. Esta actitud de apatía, si se quiere, está relacionada con la organización de la sociedad, que está encerrada en los problemas cotidianos y despreocupada por los demás que hace que los problemas no se piensan en sentido social.

A manera de conclusión

La coordinación de la línea argumental oficialista y la prensa es clara y se ha orientado a excusar las medidas adoptadas como males necesarios para librar al país de la corrupción y satanizar al correísmo. De forma flagrante, la afamada lucha contra la corrupción ha sido utilizada como mecanismo retórico para la más descabellada operación de desmontaje institucional que haya vivido el Ecuador al igual que una cacería de brujas sistemática. De tal forma que la institucionalidad y protecciones plasmadas en la Constitución de la República del 2008 han quedado invalidadas prácticamente en su totalidad a pretexto de una supuesta demanda ciudadana por la transparencia.

Lo curioso de esta premisa oficialista es que de atenerse a las demandas ciudadanas, el gobierno sería respetuoso del 52% del electorado que votó por la continuidad del programa de gobierno de la Revolución Ciudadana. ¿Quién defiende hoy en Ecuador los intereses de los estudiantes, de los trabajadores, obreros, sindicatos etcétera? Las organizaciones sociales y movimientos que en algún momento detuvieron el avance del ajuste estructural en los años 90 ya no están.

Han sido cooptadas, sobornadas o, peor aún, aniquiladas. A principios del 2019 en Ecuador, la derecha tiene vía libre, sin contraposición significativa para su arremetida. Mientras la impavidez, la apatía y la ambivalencia primen en la sociedad, estos actores llegarán con su agenda neoliberal renovada a apropiarse del poder sin haber ganado elecciones, pero sin haber encontrado obstáculo o resistencia alguna.

La evidente ralentización de la economía y las medidas de ajuste están probando cada día más la paciencia de la población. Pareciera que la efervescencia social es inminente. La movilización, en todas sus expresiones, es legítima y justa. Es necesaria la recuperación de los espacios públicos. Es necesario retomar esos espacios como espacios de expresión política.

Esta dimensión ciudadana del espacio público no es inherente a este espacio, sino que es el resultado de una conquista. Las dinámicas segregadoras, excluyentes, existen y se renuevan permanentemente. Así la vida social urbana en Ecuador del 2019 nos exige conquistar constantemente nuevos derechos o hacer reales las garantías que ya se habían conquistado. La ciudadanía es una conquista cotidiana.

Pero esta conquista no solamente es una conquista del espacio público, sino también una conquista del derecho a la estabilidad democrática, a la convivencia armónica, a la paz. Existen demandas que deben ser atendidas. Manifestarse es un modo prefijado de incorporarse al imaginario político moderno, de ejercer en forma simbólica la ciudadanía y de expresar valores cívicos.

De a poco, la ciudadanía ecuatoriana empieza a buscar la integración a ese imaginario político y exigir el fiel cumplimiento de esa justicia social que se le arrebata a sus espaldas.