ISIS en Ecuador y la politización de la seguridad

¿Qué significa la palabra seguridad? Este término alude a la ausencia de peligro o riesgos. Pese a este significado, esta palabra es un significante vacío, es decir, constituye una condición que todos y todas entendemos y deseamos, lo cual le da una fuerza política enorme, sin embargo, no existe una comprensión unívoca de lo que significa. Esto ocurre, porque es una condición determinada por nuestra percepción de riesgo o peligro.

Por ejemplo, en ciertos países del África, las prioridades de seguridad están relacionadas con el acceso a los alimentos y al agua, y con la urgencia de eliminar las hambrunas y las sequías. En otros lugares, como en América Latina, la prioridad tiene que ver con las condiciones internas de gobernabilidad y con la necesidad de reducir la violencia social. En algunos países europeos y en Estados Unidos, está relacionada principalmente con los acontecimientos que ocurren en el entorno internacional y radica en eludir una guerra nuclear o un posible ataque terrorista.

Ahora bien, aunque la seguridad tiene componentes objetivos y concretos, también tiene muchos elementos subjetivos y políticos. En efecto, las formas que tiene un gobierno para detectar una amenaza, así como la manera de enfrentar el peligro, son asuntos que tienen más relación con la política de lo que se podría creer a primera vista. Esto es así, porque este término tiene un enorme potencial para despertar el interés y/o el temor de la gente.

En estas circunstancias, se convierte en un asunto público del que se valen ciertos actores para distraer la atención ciudadana de otros asuntos de interés, generar empatía con la población y mantener su popularidad. Pero este tema también es utilizado para garantizar intereses políticos específicos, a nombre del bienestar, la protección y la paz colectivos. Si bien, es imposible mantener una total separación de los intereses particulares, tampoco es deseable que esto sea lo único que se atienda.

Dentro de este juego político, la clase gobernante es quien promueve los discursos de seguridad y la adopción de políticas públicas para enfrentar a los peligros, mientras que los medios de comunicación difunden la alerta y las medidas a ser adoptadas. A su vez, es la sociedad la que acepta estas decisiones políticas, porque asume que aportarán bienestar y tranquilidad para su vida cotidiana.

Esta trama de intereses ocurre tanto al interior de las grandes potencias como al interior de países pequeños como Ecuador. Ahora bien, en este pequeño país andino, la seguridad ha sido extremadamente politizada por el gobierno actual, de tal forma que ha servido para ocultar problemas de gobernabilidad más que para garantizar la protección de sus ciudadanos.

En efecto, en los últimos meses, el Ministerio del Interior, que es la cartera responsable de la seguridad interna, ha realizado varios llamados de atención sobre la vulnerabilidad del país frente al terrorismo internacional. La primera vez ocurrió cuando se produjo la entrega del australiano Julián Assange al gobierno británico el 11 de abril de 2019, para lo cual se permitió el ingreso de la policía británica a la embajada del Ecuador en Londres, donde se encontraba aislado. Dos días más tarde, se detuvo al informático sueco Ola Bini, acusándolo de ser amigo de Assange y de estar involucrado en actividades de ciberterrorismo contra el Estado Ecuatoriano.

Como es lo usual, el discurso oficial se construyó sin pruebas y sin dejar en claro de qué manera las actividades de Bini amenazaban a los ecuatorianos; no obstante, la noticia contó con una amplia y acrítica difusión mediática. Finalmente, dejaron libre al sueco, después de 75 días de encarcelamiento, sin embargo, esta historia está lejos de llegar a su final, puesto que siguen apareciendo acusaciones contradictorias y pocas evidencias fehacientes.

Más recientemente, la titular del Ministerio del Interior, María Paula Romo alertó respecto a que “Cuatro integrantes de ISIS entraron a América por Ecuador”, dejando por sentado que esto constituye una amenaza real, para lo cual era necesario modificar la ley migratoria del país. Esto se decía en medio de una reunión entre Mike Pompeu, el actual Secretario de Estado de Estados Unidos, con el presidente Lenín Moreno. Un mes después, se concretó el primer efecto de esta reforma a la ley migratoria: se implementó el requisito de tener una visa a todos los venezolanos que quisieran entrar al país. Una vez más, los medios de comunicación  amplificaron el discurso oficial sin cuestionar la relación entre ISIS, el pedido de visa a los migrantes venezolanos y la seguridad de los ecuatorianos.

Estos discursos seguritizadores buscan echar una cortina de humo sobre la situación de inseguridad a nivel interno. De hecho, buscan tapar la realidad de que en el primer semestre de 2019, la violencia homicida y los robos han incrementado en 9% y 8% respectivamente, en comparación con el mismo período de 2018. El desbordamiento de la situación genera una presión social hacia la policía, que con la anuencia de las autoridades gubernamentales, comienza a reaccionar violentamente, vulnerando los derechos humanos a nombre de una supuesta lucha contra la delincuencia. A estos indicadores, se le suma la crisis carcelaria, misma que en la actualidad está representada por el 40% de hacinamiento. La crisis también se evidencia en el asesinato de reclusos (19 hasta el momento), los cuales se han transmitido en vivo, a través de vídeos grabados por internos, en los que se exhiben escenas dantescas, solamente vistas en series de Netflix. Todo esto en el marco de una profunda inestabilidad política.

Con todo lo dicho ¿Qué significa la palabra seguridad para los ecuatorianos? Para los ciudadanos de a pie, esta palabra está relacionada con la necesidad de combatir amenazas que afectan su vida cotidiana, especialmente los delitos violentos y contra la propiedad. Para el gobierno de Moreno parece ser un término retórico que le permite, por un lado, proclamar su eficiencia en el combate a amenazas grandilocuentes, como ISIS, y por otro, desviar la atención sobre su incapacidad para gobernar y para garantizar protección efectiva.

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