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La OEA como instrumento oligárquico en la construcción del relato neoliberal en Ecuador

La Organización de Estados Americanos (OEA) publicó el pasado 8 de octubre un comunicado oficial sobre la situación en Ecuador.

El hecho de que no se haya vuelto a referir de manera oficial a la situación de auténtica emergencia social que vive la ciudadanía del país suramericano, es un indicador que por sí solo se saldría por abajo del gráfico democrático de esa organización.

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Asesinados, detenidos ilegalmente y maltratados, estado de excepción, militarización, y suspensión de medios incómodos, son cuestiones que la OEA mantiene en silencio, protegiendo con su capa democrática a Lenín Moreno.

Democrática porque es forjada en base a la manipulación mediática nacida en los laboratorios de comunicación de Estados Unidos, no en vano la OEA fue creada por la poderosa nación del Norte durante la Guerra Fría, para impedir la expansión de la Unión Soviética en América Latina.

La organización es un ente que se precia en sus documentos internos, y mediante sus más altos representantes en todas sus apariciones públicas, de ser una ayuda democrática para los países americanos, que mediante la diplomacia soluciona los problemas que puedan surgir entre todas las partes.

Un argumento que se hace trizas con el “Comunicado de la Secretaría General de la OEA” sobre lo que acontece en Ecuador. La OEA se convierte en una simple agencia de información al servicio del gobierno de Lenín Moreno, puesto que se limita a reproducir los argumentos del régimen fascista.

La libertad de expresión y de protesta pacífica son derechos fundamentales protegidos por la normativa interamericana. En tal sentido, es deber del Gobierno del Ecuador garantizarlos en el marco de la Constitución y la ley. No obstante, es injustificable que algunos actores los conviertan en un derecho a la violencia, al saqueo y al vandalismo. OEA.

La secretaria que lidera Luis Almagro, expulsado del Frente Amplio por su labor de apoyo al fascismo y en contra de las fuerzas democráticas en el continente americano, hace una mención a la Constitución de Montecristi sin recordar que Lenín Moreno la ha vulnerado, al decretar un estado de excepción para una situación no contemplada en la Carta Magna ecuatoriana.

>>El estado de excepción decretado por Lenín Moreno no tiene justificación democrática<<

Además, no expresa que ese estado de excepción se ha decretado para aumentar la represión, como muestra que el toque de queda le permitió al gobierno de Ecuador asesinar impunemente a cinco manifestantes indígenas.

La OEA justifica que que el ejecutivo no respete ni la libertad de expresión ni la protesta pacífica en cuanto hace suyas las justificaciones mediáticas del gobierno, sin aportar pruebas, con las que intentan criminalizar la protesta, intentando hacer ver que los manifestantes son violentos que saquean y destrozan lo que se encuentran por delante.

ElEstado.Net ha grabado varios vídeos mediante su reportera Viviana Paredes que demuestran que los manifestantes son pacíficos y que están en la calle para protestar contra las medidas económicas y laborales tomadas por el FMI y aplicadas por el presidente Lenín Moreno.

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) condena enérgicamente los actos de violencia registrados en los últimos días en Quito. Es totalmente inaceptable el secuestro de policías y militares, así como el destrozo y saqueo de bienes públicos, el incendio de patrulleros y ataques a ambulancias. OEA.

Para la OEA la violencia la han aplicado los manifestantes, lo que implica una pátina angelical en la apariencia política de Lenín Moreno. Al silenciar la brutal represión del régimen fascista que hoy gobierna Ecuador con un puño de hierro al que se le ha caído el guante de seda, el ente diplomático asienta el argumento mediático de que son los manifestantes los violentos.

Esto implica, por un lado, una justificación de facto a que Lenín Moreno reprima, porque en el imaginario colectivo se impone que, como los manifestantes son violentos, hay que responder con una mayor fuerza para desmovilizarlos que la exigida normalmente cuando los manifestantes son pacíficos. Por el otro, al silenciar la represión de Lenín Moreno, consigue que la población ecuatoriana influida por los medios de comunicación de la oligarquía que difunde las palabras de la OEA, no se movilice junto a los que ya están en la calle.

La OEA no explica que la represión de Lenín Moreno ha causado muertos, heridos de gravedad, detenidos ilegalmente que han sido maltratados hasta el punto de impedir que tomasen sus medicinas para evitar, por ejemplo, sufrir ataques epilépticos. Tampoco que las ambulancias han sido usadas por las fuerzas de seguridad para movilizar armamento. Cuestión que evidencia que la organización no está capacitada para ser un árbitro neutral que pueda mediar entre las dos partes, puesto que solo representa a una.

Asimismo, la SG/OEA considera fundamental que todas las partes respeten el término constitucional por el que fue electo el Presidente Lenin Moreno y reitera su rechazo a cualquier forma de interrupción de su gobierno. OEA.

De manera sibilina la OEA cuela la idea de que los manifestantes son golpistas porque quieren interrumpir el gobierno de Moreno, electo en las urnas. Un nuevo apoyo a los argumentos del régimen autoritario que rige en Ecuador que se une a una intervención en los asuntos internos de la nación suramericana al poner un muro ante la posibilidad de renuncia del presidente.

No hace referencia de modo alguno a que el contrato con las urnas quedó invalidado en el momento en que Lenín Moreno comenzó a hacer lo contrario de lo que sigue poniendo en el programa electoral por el que fue electo. Tampoco que existen cauces constitucionales para su salida del gobierno, justificada si la voluntad popular lo expresa también de manera constitucional, como está sucediendo a día de hoy, con nueve días de paro nacional y movilizaciones masivas constantes en las que la violencia es aplicada por las fuerzas de seguridad en base a un estado de excepción, ahora sí, inconstitucional.