Plan Cóndor del siglo XXI (I): la alianza cívico-militar como garantía democrática

Hugo Chávez asume la presidencia con un Estado quebrado, con más de un 70% de la población que estaba en pobreza por las políticas de las grandes oligarquías que ostentaban el poder, con una economía también dependiente, improductiva y desarticulada que lleva a altos impactos de desempleos, con decadencia de salariales, inflación del 80%, y sobre todo, la campaña de privatización de las empresas estatales como PDVSA.

Chávez, para realizar la Revolución Bolivariana, decide apoyarse en uno de los soportes principales, las Fuerzas Armadas. Crea el Plan Bolívar 2000, por el que se realizan programas económicos y sociales de inversión para el país, y acuerdos con la OPEP.

Todo esto genera que se desplegue una campaña de conspiraciones antichavistas, a través de los medios de comunicación quienes asumieron el papel de oposición política del gobierno, lanzando ataques al proyecto bolivariano de Venezuela, entorpeciendo los procesos de construcción de la patria.

En esto Chávez no cedió a la oposición, sino que encaraba a esos grupos de forma separada o en conjunto, siempre apoyándose a la Constitución, en el pensamiento bolivariano, en los preceptos auténticamente cristianos y en ideas y valores ecuménicos favorables al progreso, la equidad y la justicia.

Ante todo, en ese escenario, Chávez continúa impulsando los proyectos de Revolución Bolivariana. Eso conlleva a 49 leyes dentro de las cuales tres, principalmente, molestaron y preocuparon a la oposición y al gobierno de los Estados Unidos, las de tierras y Desarrollo Agrario, Pesca y Acuicultura y la de Hidrocarburos.

En esa coyuntura de la política, los dirigentes de la oposición apuestan a la salida inconstitucional de Chávez. Se intensifican y amplían los contactos entre los dirigentes civiles golpistas (incluidos los principales jefes de la Iglesia) con algunos generales sediciosos, entre ellos el Agregado de Defensa de Venezuela en Washington.

En la madrugada del 12 de abril, el Alto Mando Militar venezolano en cadena nacional anunció a través del general Lucas Rincón Romero que le habían solicitado la renuncia a Chávez, y que este había aceptado. Poco después Chávez fue detenido y trasladado inicialmente al Fuerte Tiuna, ubicado en el sur de Caracas.

Ese mismo día se autojuramentó Pedro Carmona como presidente interino. Sin embargo, no fueron presentadas las pruebas que avalaran las declaraciones del general Rincón. La realidad es que la renuncia nunca se produjo, puesto que no se firmó ningún documento.

El sábado 13 de abril, desde tempranas horas de la mañana los seguidores del presidente Chávez iniciaron protestas en todo el país exigiendo el retorno del mandatario constitucional, que permanecía secuestrado por los golpistas en la base militar de la insular Isla de La Orchila.

En Caracas, las principales autopistas que enlazan la ciudad capital con el oriente y occidente venezolano comenzaron a ser trancadas por los manifestantes, mientras una multitud de ciudadanos bajaba de forma espontánea desde las barriadas populares en los cerros en dirección al Palacio de Miraflores (sede de Gobierno).

Con las consignas “Chávez, amigo, el pueblo está contigo” y “Chávez no renunció, lo tienen secuestrado”, el pueblo revolucionario copó las calles adyacentes al palacio presidencial bajo un silencio mediático intencional de los principales canales de televisión, que se limitaron a transmitir películas y series de dibujos animados.

Alrededor de un millón y medio de personas exigían en todo el país el respeto a la Constitución nacional y el regreso de Chávez, que oficialmente no había renunciado a la presidencia pese a un comunicado del grupo golpista que así lo había informado de manera falsa en cadena nacional.

En tanto, la emblemática 42.ª Brigada de Infantería Paracaidista del Ejército venezolano, con asiento en la ciudad de Maracay del estado Aragua, declara su adhesión al orden constitucional y activa la Operación de Rescate de la Dignidad Nacional, a la que rápidamente se plegó la Guardia de Honor Presidencial en unión cívico-militar con el pueblo reunido en Miraflores.

Al advertir el movimiento de las tropas y la multitud de ciudadanos en torno a la sede de Gobierno, los golpistas que permanecían agazapados al interior del edificio comienzan a huir de forma apresurada.

Recuperadas las instalaciones del Palacio de Miraflores el entonces vicepresidente constitucional, Diosdado Cabello, es juramentado como presidente provisional de Venezuela.

Horas más tarde, en la madrugada del 14 de abril, un grupo comando integrado por militares leales, efectúa el rescate de Chávez en la Isla de la Orchila en el Caribe venezolano, y trasladan al presidente hasta Miraflores, donde es recibido por una multitud que coreaba “volvió, volvió, volvió”.

Tan solo 48 horas bastaron para que el pueblo y las fuerzas armadas en perfecta unión cívico-militar rescataran al líder de la Revolución Bolivariana y lo instalaran nuevamente en el poder, derrotando la breve dictadura oligarca fraguada por elementos de la derecha venezolana, el sector empresarial, la Iglesia Católica y el imperialismo estadounidense.

Desde entonces, la unión cívico-militar ha sido el factor determinante para impedir una y otra vez las pretensiones conspirativas de la derecha que ahora se ciernen sobre el Gobierno del presidente Nicolás Maduro en forma de un golpe de Estado continuado.

Como ha ocurrido históricamente, tanto los medios de comunicación como el gobierno de los Estados Unidos participan de una manera mediática, técnica estratégica, acusando al gobierno de terrorista, presionándolo a través de sus altos mandes de gobierno, durante el secuestro al comandante no dieron cobertura a los sucesos. Siendo estos los dueños de la imprenta.

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Estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Investigador
Miembro y Delegado Internacional de Guatemala en el JLAP
Activista político
Con cursos libres de ciencias sociales por parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Universidad Nacional Autónoma de México.

Yerin Catalán

Estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Investigador Miembro y Delegado Internacional de Guatemala en el JLAP Activista político Con cursos libres de ciencias sociales por parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Universidad Nacional Autónoma de México.

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