La política migratoria del Gobierno suscita apoyo en la ultraderecha europea

El pasado 22 de agosto se produjo otro salto masivo del vallado fronterizo en Ceuta. Esta vez fueron 116 personas las que lograron superar las alambradas coronadas por las concertinas, que parecía hace poco que podrían desaparecer, pero que aún cortan la piel y la carne de los que se encaraman a la verja en busca de un futuro mejor.

El salto se produce repitiendo las mismas características que el anterior: se notifica el uso de cal viva y de excrementos para disuadir a los agentes apostados en la frontera, pero finalmente el saldo total es de siete agentes heridos. Comienzan a alzarse voces pidiendo más madera en el discurso del miedo que algunos han convertido en su mejor arma.

Pero la sorpresa no es que la derecha de este país, cuando no tiene poder, agite la bandera del odio mientras mete miedo con la inmigración, la sorpresa salta del lado del gobierno que acogió al Aquarius, del que habló con otros países europeos y consiguió que los migrantes rescatados por una ONG pudiesen ser desembarcados y acogidos por seis países de la unión europea.

Parecía que se abría una vía para trabajar de forma coordinada en materia migratoria a nivel europeo. Sin embargo solo 29 horas es lo que duró el sueño de estas personas que gritaban después de superar el vallado celebrando la victoria que suponía llegar a suelo europeo. La última parada de su penoso viaje, por fin tenían los pies en lo que para ellos era la tierra prometida pero, siempre hay un pero, pese a que no se produjeron las llamadas devoluciones en caliente en el en el mismo momento del salto, a las pocas horas se activó la maquinaria desde el ministerio del interior que los quería fuera lo antes posible, proceso que culminaría en la devolución a Marruecos de estos migrantes, una suerte de devolución en caliente en diferido.

Las devoluciones son auspiciadas por un acuerdo entre España y Marruecos suscrito en el año 1992, aplicado en pocas ocasiones. Esto hace que sea quizá más cruel que las tradicionales devoluciones en la frontera. Finalmente estas personas vuelven a la casilla de salida en este juego macabro. Quedaron en nada los gritos de alegría y de victoria, las llamadas y mensajes a familiares diciendo que lo consiguieron y dando las gracias. Estaban de nuevo al otro lado de la frontera, poco más de un día les duró la consecución de su sueño.

La reacción no se hizo esperar y el 24 de agosto las entidades sociales publicaron un manifiesto denunciando las irregularidades del proceso, tales como la vulneración de derechos de estas personas que deberían tener acceso a asistencia letrada. Cabe destacar que los doce abogados que deberían llevar los casos no pudieron hacer el trabajo debido a la celeridad de las devoluciones.

Debieron contar también con un intérprete y la identificación de situaciones de especialmente vulnerables, cuestiones que por la celeridad del proceso no se produjeron, así como el incumplimiento del acuerdo esgrimido, debido a defectos en la documentación de la solicitud y la aceptación tal como marca el propio acuerdo: debe de existir una solicitud formal que irá acompañada por los datos de identidad, y todos los datos que se dispongan, debe de quedar documentado el proceso mediante la expedición de un certificado por las autoridades de Marruecos en el que se haga constar la identidad de cada migrante. Además según el acuerdo, las personas deben ser devueltas a su país de origen o al país donde comenzaron el viaje, cuestión que Marruecos está lejos de poder cumplir.

En el manifiesto también se hace referencia a las denuncias por el trato recibido por los migrantes en Marruecos. Recuerdan el apartado 54 del informe al Gobierno de España del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, en el que dice: “teniendo en cuenta el riesgo de malos tratos infligidos por los miembros de las fuerzas auxiliares marroquíes a los migrantes irregulares, devueltos a Marruecos, la CPT recomienda que las autoridades españolas aseguren que ninguna persona es entregada a ellos”. Siendo esta circunstancia constatable por un órgano europeo supone una vulneración del principio de no devolución reconocido en el derecho internacional, europeo y nacional.

También se remarca que el gobierno siguió adelante con la ejecución de las devoluciones en caliente que consideraba contrarias al Convenio Europeo de Derechos Humanos, tomando como propios los argumentos del anterior ejecutivo y mostrando de esta forma la política migratoria que este gobierno piensa llevar a cabo.

Cabe destacar como dato anecdótico las reacciones desde Europa. El partido alemán de ultraderecha AFD elogia la respuesta del gobierno, y el ministro de interior italiano Matteo Salvini expresó que “si lo hago yo, soy un fascista”. No hay mucho más que decir sobre esta política de migración cuando las reacciones a favor que despierta se encuentran en la ultraderecha europea.

Espero que no se vuelva a repetir un episodio de estas características por parte de un ministerio y por ende de un gobierno que hace pocos días abogaba por la retirada de las concertinas por considerarlas crueles, pero que recoge lo peor de la política migratoria del anterior gobierno.

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