El Tribunal Supremo cubre las espaldas al gobierno en el día Granados

Como es habitual, en ElEstado.net llegamos un día después a las noticias de la actualidad española. Y es que antes de repetir la información inmediata, es mejor pararse a pensar qué conexiones se pueden establecer entre los titulares y noticias más comentadas del día. Por eso, hoy martes es que hacemos nuestra noticia sobre la declaración de Francisco Granados en la Audiencia Nacional ante el juez Manuel García-Castellón, aquel que sustituyó a Eloy Velasco y que Ignacio González exigía a Manuel Moix como magistrado para llevar el Caso Púnica.

De manera voluntaria, Granados decidió testificar y poner sobre la mesa algunos nuevos nombres relevantes para el devenir de la política nacional: Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, pero pasemos a repasar todo lo declarado por el exsecretario general del Partido Popular (PP) de Madrid.

A pesar de que se especuló con la posibilidad de que Granados testificase haciéndose responsable de la llamada ‘caja B’ del partido, este prefirió añadir nuevas informaciones que no conocemos el poso de realidad que tienen ni si es una estrategia de defensa. En primer lugar, expresó que durante la campaña electoral de 2011 había dos cajas, la oficial y otra en negro. La primera, efectivamente, fue la que dirigió él personalmente; mientras que la segunda era dirigida por el entorno de Aguirre para reforzar su imagen así como la del propio Ignacio González ya que, según el declarante, expresidenta y exvicepresidente de la Comunidad de Madrid tenían pactada la sucesión durante la legislatura antes de las elecciones. Esta campaña en ‘B’ habría sido financiada con fondos procedentes de empresas públicas como el Canal de Isabel II o la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM). Lo público funciona muy mal, según ellos.

En mitad de este entramado se encontraba también Cifuentes, quien había ocupado los cargos más altos dentro del parlamento madrileño a lo largo de su carrera política: portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular y portavoz de comisiones como Presidencia, Justicia e Interior; Educación, Vigilancia de las Contrataciones, Cultura y Control del Ente Público Radio Televisión Madrid. Vigilancia de las contrataciones es, sin duda, un cargo sospechoso.

A la sazón, y como prueba de que la actual presidenta de Madrid estaba al tanto de todo lo que ocurría con la financiación en negro, Granados ha dicho que la relación de Cifuentes con el grupo dirigente de la Comunidad de Madrid estaba incluso fundamentada en una relación sentimental mantenida con Ignacio González por todos conocida dentro del PP. Cuando esa relación finalizó, Cifuentes se habría distanciado de dicho grupo.

Al mismo tiempo que esta bomba informativa estallaba, el Tribunal Supremo y el titular de la causa contra los líderes independentistas por rebelión y sedición, Pablo Llarena, informaba de que se volverá a pedir la extradición –es decir, volverá a emitir la conocida euroorden— de Carles Puigdemont a Bélgica cuando el magistrado finalice la fase de instrucción, esto es, la etapa en la que el juez describe detalladamente en un auto las causas de las que se acusa a cada uno de los acusados y los supuestos delitos cometidos tras haberles tomado declaración y dictaminar si es procedente o no mantener a dichos acusados en prisión, fase en la que nos encontrábamos hasta el momento. De hecho, cuando Puigdemont viajó a la famosa conferencia de Copenhague, Llarena descartó emitir dicha euroorden para que, según su consideración, el candidato a president no pudiese instrumentalizar “la privación de libertad para alcanzar la investidura y el voto que parlamentariamente no puede obtener”. Recordemos también cuando el Tribunal Constitucional ya había dictado medidas cautelares para declarar ilegal cualquier investidura de un president que no estuviese presencialmente en el Parlament. Por lo que no valía ni por vía telemática ni mediante la delegación del voto, por lo que para investirse president, Puigdemont necesitaría el permiso del propio Llarena para estar en Cataluña y no en prisión. Sin duda, es forzar el estado de derecho hasta puntos plenamente ideológicos, dado que se estaba enjuiciando un hecho que no se había producido. Incluso los magistrados del Constitucional dudaron de si admitir a trámite el recurso del gobierno. Es en este punto donde se observa claramente que este no es un conflicto legal, sino político.

Puede parecer una casualidad del destino que, el mismo día que Granados –el señor que organizaba fiestas con “volquetes de putas” en su residencia—declaraba en un arrebato de sinceridad contra toda la cúpula del PP de Madrid, el Tribunal Supremo declare que, para final de marzo o ya en abril, volverá a emitir la petición de extradición a la justicia belga intentando conectar el delito de rebelión con otro similar existente en Bélgica. Como decimos, pueden ser la casualidad. Ese tipo de casualidad tan propia de nuestro estado de derecho.

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