Venezuela: implicaciones económicas de las sanciones

Segunda y última parte de un contenido informativo sobre las medidas coercitivas tomadas por los Estados Unidos y sus aliados contra Venezuela. Durante la primera entrega se sentaron las bases argumentales que deben ser leídas para entender el texto que se reproduce a continuación. Para ello haga click aquí.

Tras la reelección del presidente Nicolás Maduro en la contienda electoral para el período 2019-2025, Estados Unidos (EEUU) emitió una orden con el fin de ampliar el bloqueo económico contra Venezuela, en la que  prohíbe la compra de deuda y cuentas por pagar de empresas del Gobierno de Venezuela.

De igual forma, impide toda clase de transacciones y operaciones relacionadas con venta o transferencia como garantía por parte del Gobierno de Venezuela de cualquier participación en el capital de entidades en las cuales el Gobierno de Venezuela tenga el cincuenta por ciento (50 por ciento) o más de propiedad, ubicada en los Estados Unidos.

En noviembre de 2018, los Estados Unidos prohíben a los ciudadanos estadounidenses comerciar con oro exportado desde el país suramericano. Al año siguiente, durante el 2019 el Banco de Inglaterra anunció la confiscación ilegal de 1.359 millones de dólares en oro de Venezuela, depositados en dicha institución bancaria.

Durante el mes de  enero de 2019, la Administración Trump aprueba nuevas sanciones contra Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) que incluyen el congelamiento de 7.000 millones de dólares en activos de la empresa filial Citgo, en adición a una pérdida estimada de 11.000 millones de dólares de sus exportaciones durante los próximos años.

Durante el mes de abril de abril de 2019, el Departamento del Tesoro bloquea las operaciones del Banco Central de Venezuela (BCV), específicamente sus cuentas en dólares en el extranjero y el desenvolvimiento de la institución del sistema financiero internacional con el fin de evitar que por la vía del BCV se destinen los fondos para la compra de medicinas y alimentos necesarios para la protección social de la población.

Para agosto de 2019, Trump ordenó bloquear los activos de los entes oficiales del Gobierno de Venezuela que estén en ese país. La decisión fue impuesta tras la firma de una orden ejecutiva, misma que también prohíbe la realización de transacciones con la nación suramericana.

En enero de 2020 El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Luis Parra, diputado opositor venezolano elegido como presidente de la Asamblea Nacional en lugar de Juan Guaidó.

Los otros legisladores afectados por la medida son José Brito, Negal Morales, Franklyn Duarte, José Gregorio Noriega, Conrado Pérez y Adolfo Superlano. La directiva de la Asamblea Nacional encabezada por Guaidó ordenó una investigación, pero Parra y el resto de implicados negaron toda culpa y retiraron su apoyo al líder opositor.

Al respecto, el 24 de marzo pasado, la alta comisionada de los Derechos Humanos ante la ONU, Michelle Bachelet, llamó a que se suspendieran o atenuaran las medidas unilaterales de los gobiernos, como las impuestas por EE.UU. a Venezuela, Irán, Nicaragua y Cuba.

La representante aseguró que ante las repercusiones negativas sobre el sector de la salud y los derechos humanos, las sanciones que se aplican a países que se enfrentan a la pandemia del nuevo coronavirus deberían ser objeto de una reevaluación urgente.

El pasado 1 de abril, el presidente estadounidense Donald Trump sorprendió al mundo con una noticia, según sus palabras “Estados Unidos está lanzando una operación antinarcóticos mejorada en el hemisferio occidental”, anunció a la prensa en la Casa Blanca.

Según Washington, ese “despliegue antinarcóticos” incluye más destructores de la Armada, barcos de combate, aviones, helicópteros, guardacostas y aeronaves de vigilancia de la Fuerza Aérea, con lo que se duplica las capacidades en la región.

En junio de 2020 la Unión Europea ha adopta un paquete de nuevas sanciones que impone la congelación de activos y la prohibición de entrada a suelo comunitario a once altos cargos del Gobierno de Nicolás Maduro, incluido el presidente electo  de la Asamblea Nacional, Luis Eduardo Parra según consta en el Diario Oficial de la Unión Europea.

La cancillería de la República Bolivariana de Venezuela denunció que en medio de la pandemia de la COVID-19 un total de 23 operaciones financieras son devueltas por bancos internacionales a causa de las medidas coercitivas impuestas por el gobierno de los Estados Unidos.

Según detalla en su cuenta oficial de Twitter la instancia gubernamental, Venezuela destinó unos 39 millones de dólares a la compra de alimentos, insumos básicos y medicamentos que no se les permite adquirir.

Ciudadano de la República Bolivariana de Venezuela

Licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas (Politólogo)

Con formación pluridisciplinaria en el manejo de las teorías, los conceptos y los instrumentos específicos de la Ciencia Política.

Promotor de la gestión pública para el desarrollo nacional en sus dimensiones políticas, económicas, sociales y culturales.

Con experiencia en diferentes cargos de responsabilidad dentro de la administración pública.

Hombre libre y de buenas constumbres cuya divisa es la libertad, igualdad y fraternidad.

Julio Cáceres

Ciudadano de la República Bolivariana de Venezuela Licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas (Politólogo) Con formación pluridisciplinaria en el manejo de las teorías, los conceptos y los instrumentos específicos de la Ciencia Política. Promotor de la gestión pública para el desarrollo nacional en sus dimensiones políticas, económicas, sociales y culturales. Con experiencia en diferentes cargos de responsabilidad dentro de la administración pública. Hombre libre y de buenas constumbres cuya divisa es la libertad, igualdad y fraternidad.

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