Enésima campaña odiosa, ahora contra los presos

Una nueva campaña mundial se está propagando, otra vez, por los humildes en contra de los pobres. No conozco el origen de esta campaña, que me ha llegado por Internet, pero seguro que se aprovecha del rebufo de la derechización de gran parte del proletariado de todas las naciones, con honrosas excepciones.

Cuando la lucha por la reconquista de los derechos es más perentoria desde la inauguración de la era neoliberal por el dictador Pinochet, esbirro sanguinario de Reagan, Thatcher y fiel alumno del FMI, los vientos revolucionarios no levantan ni una brizna de indignación ante las masas desheredadas.

Ya debieron sufrirla Alemania, Dinamarca, Holanda y algunos estados de los Estados Unidos de Norteamérica antes de aprobar la medida que esa campaña promueve para todos los países de la tierra, al menos el de algunos de mis amigos internautas. No es otra que aprobar una ley que obligue a los reclusos, españoles en mi caso, a pagarse su estancia en la cárcel.

Fueron las voces progresistas las que clamaron contra esa medida en unos países que todo lo sustentan en el déficit cero, en el aplastante argumento de que cada uno tiene que pagarse lo suyo, en que lo público rinda contablemente como una empresa privada. No es de recibo para las huestes conservadoras que unos conciudadanos, por contravenir las normas reguladoras de la convivencia, estén una temporada a la sopa boba del Estado, generando unos gastos que se podrían evitar si fueran cívicos y educados.

La regresión social en los países citados es evidente, pero aún no llegan a los niveles españoles. Quienes se han interesado por la situación de las prisiones en España desde el siglo XIX nos avisan de que las cárceles son unos recintos donde se hacinan a los pobres más excluidos del sistema capitalista. No en vano el origen de las cárceles actuales hay que situarlo en el principio de la Revolución Industrial inglesa, momento en que las ciudades no podían absorber a toda la mano de obra despojada del campo o a los artesanos proletarizados; las condiciones económicas de ese proletariado naciente eran de absoluta miseria, lo que acarreaba delincuencia para subsistir.

El orden burgués no podía tolerar que se atacaran sus más nobles principios, aunque su mayor temor era la sublevación de los oprimidos, por lo que tuvo que organizar todo un sistema legal y coercitivo, en el que la cárcel tuvo un papel preponderante. Como siempre, llegó a España con retraso respecto al resto de Europa occidental.

Situados en el momento actual, el origen social de los reclusos no ha cambiado mucho. En un país con un fracaso escolar escandaloso, alrededor del 20%, casi la mitad de los reclusos no tiene estudios primarios, con lo que se supera con creces la media de la población general. La extracción laboral mayoritaria es la de trabajador no cualificado. La cuarta parte de los reclusos padece alguna enfermedad psíquica. No hay que ser un avispado científico social para darse cuenta de que los delitos más frecuentes están relacionados con el robo y las drogas.

España está considerado como uno de los países más seguros de Europa, con una tasa de delito un 27% menor que la Europa de los 15, pero debido a las penas tan duras de su Código Penal (también considerado como la Constitución Negativa por su carácter coercitivo), la tasa de encarcelamiento está un 32% por encima de la media de esos países de nuestro entorno. Es decir, menos delitos que en otros países, pero condenas más amplias, una media de dieciocho meses para España frente a una media de 7,1 en el conjunto de Europa. Los delitos de homicidio en España son de los más bajos del mundo.

Nuestro ciudadano sin estudios primarios, con un trabajo no cualificado, en un alto porcentaje drogodependiente y probablemente con alguna enfermedad psíquica está sometido, como cualquier español, excepto el rey constitucionalmente y alguno más poderosamente, al imperio de la ley. Cuando robe o menudee con droga el Código Penal caerá sobre él con todo su rigor; la Ley Orgánica General Penitenciaria y Reglamento Penitenciario organizará su vida dentro de la prisión y el artículo 25.2 de la Constitución Española pasará a ser papel mojado, como demuestra la experiencia. Gratuito sería mencionar cualquier disposición de la ONU relativa a los reclusos, que ya no sería papel mojado, sería diluido.

El enjuiciado lo es por un sistema judicial sometido a las leyes emanadas del poder legislativo. Lo dijo el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial: La Ley de Enjuiciamiento Criminal está pensada para el robagallinas; cualquiera que consulte dicha ley se llevará las manos a la cabeza cuando vea que la fecha de su promulgación data del ¡14 de septiembre de 1882! Con un Código Penal tantas veces modificado para adaptarlo a la represión de la pobreza (baste como ejemplo la conversión de la falta de hurto en delito, o la comparación de los 400 euros del hurto con los 120.000 euros de fraude fiscal para ser considerado delito) y la lucha en la calle (Ley Mordaza) se puede decir que la Constitución del 78 trajo más libertad pero también parece que más represión que el propio franquismo que es lo que hace pensar que se pasara de 23 personas presas por cada 100.000 habitantes en 1975 a 133 en 2015.

Todo lo expuesto se ha plantado a propósito de la campaña de que cada preso se pague lo que le cuesta al Estado. Según el Gobierno, en diciembre de 2017 la media de gasto por preso estaba en 1806 euros; los presos que trabajan en las cárceles, aproximadamente una cuarta parte, se sienten afortunados si llegan a los 400 euros, la mitad de esos trabajadores reclusos no llega a los 200. Cualquiera puede consultar los argumentos de los detractores de esta medida en los países donde se ha ejecutado. A los problemas inherentes a la situación de privación de libertad añádasele el de contraer una deuda impagable para la mayoría de los reos. ¿O es que acaso quienes desean establecer esta medida piensan que a los reclusos se les van a ofrecer labores espléndidamente remuneradas? ¿No conocen las leyes del capitalismo? Aquí la explotación del hombre por el hombre luciría en la más negra tiniebla, con el consentimiento expreso de la Administración Pública.

Si analizamos a un país tan vasto como los EE. UU., y espejo al que miran los defensores del pago de la estancia, veríamos que se pueden dar múltiples situaciones: cárcel en la que solo paga el preso que tenga recursos económicos o el preso al que se le haya aprehendido en el momento de la detención, o cárcel en la que el pago obligatorio acumula deudas impagables; cobro diario que oscila de un dólar a más de cien dependiendo de la cárcel; el destino del dinero puede ser para mantenimiento de la cárcel o para programas de reinserción; en algún caso, la entidad privada que gestiona el cobro se lleva el 70% de lo recaudado.

En Holanda, la deuda podrá pagarse en cómodos plazos; en Alemania y Dinamarca, solo pagarán los presos con régimen abierto y con trabajo fuera de la cárcel, como si pasaran la noche en un hotel. En España, ignorado por los propagandistas de la campaña, si eres rico no pagas, si eres pobre con una pensión no contributiva te descontarán la comida diaria, cobro avalado por el Tribunal Supremo. Cuando, quienes libremente pueden, comen fuera de su casa exigen un mínimo de calidad en consonancia con el pago, ¿lo podrán exigir esos pensionistas pobres? Los presos españoles, en su caso, deben hacer frente a las indemnizaciones y costos del proceso. Súmesele a esa obligación la del pago de la estancia obligada por el Estado coercitivo.

Asusta pensar que la entrada en la cárcel está en manos de un sistema judicial como el español, lento, sin los medios adecuados, jueces y fiscales manejados por el poder ejecutivo y actividad profesional monopolizada por licenciados en Derecho. Las sentencias son dictadas con supeditación a las leyes, cada vez más restrictivas de la libertad y represoras de la pobreza y la lucha en la calle.

Si es el Estado el que quita la libertad, debe ser el Estado el que asuma los actos de su coerción. Sobre todo pensando que hay propuestas de organismos internacionales, de los que España es miembro de pleno derecho, que abogan por medidas distintas a la reclusión. Pero ya hemos mencionado que si la Constitución es papel mojado, la ONU, y demás organismos relacionados con la prevención del delito y la justicia penal, es papel diluido.

Tal vez estos animosos compatriotas que desean el pago de la estancia en la cárcel lo que pretenden es que las prisiones en vez de ser como ellos saben, porque lo han leído en su periódico del régimen del 78, unos lugares de ocio en el que los presos se dedican a nadar en la piscina, ver su programa favorito en la televisión y estudien carreras universitarias, se conviertan en un infierno de trabajos forzados improductivos en el que los presos sean conscientes de su indignidad humana, de su marginación y de su falta de libertad que les lleve a un estado de ansiedad permanente.

Aunque deberíamos pensar que la campaña no es del todo inhumana, hay quienes desearían que volvieran los castigos corporales, a pan y agua, preso olvidado, o lo más barato para el Estado, entrega del reo a los familiares de la víctima.
He de aclarar que no he reenviado a nadie el mensaje antisocial de la campaña odiosa, pero sí lo haré cuando eso mismo se proponga para los sectores improductivos de la sociedad, como bien pudieran ser clero y corona. Me temo que me quedaré con las ganas.