Gobierno de Nicaragua pide fin de la violencia a la oposición
El gobierno de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega, ha presentado hace unas horas su posición para retomar el Diálogo Nacional que su ejecutivo mantenía hasta el pasado jueves con los empresarios, la Conferencia Episcopal, los trabajadores y algunos grupos estudiantiles. La nación centroamericana está intentando salir de la violencia provocada por sectores de derecha radical.
La apuesta por el diálogo la llevó adelante Daniel Ortega al principio de la violencia ejercida por jóvenes fascistas, quienes justificaron sus acciones en la reforma del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), un cambio que el gobierno nicaragüense anuló inmediatamente para iniciar unas conversaciones que devolvieran la paz a las calles.
Sin embargo, pese a la disposición que el sandinismo ha mostrado para el diálogo, que ha logrado sentar a todos los sectores sociales protagonistas de la situación en la misma mesa, no ha sido posible por ahora terminar con una violencia que recuerda al grupo terrorista “La Resistencia“, que lideró en Venezuela las guarimbas, causando cientos de muertos y miles de heridos.
El intento de revolución de colores que ha intentado la parte más radical de la derecha nicaragüense, no ha triunfado debido al apoyo popular con el que cuenta el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), mostrado en los diferentes comicios que se han celebrado en los últimos meses y años.
Pese a ello, muchos radicales se han negado a abandonar la violencia pese a que no cuentan con el apoyo de la sociedad nicaragüense. Debido a ello han muerto varias personas por no poder llegar al hospital las ambulancias que los transportaban porque las carreteras estaban trancadas por estos grupos fascistas.
El ataque a instituciones públicas continúa. El Instituto Tecnológico Nacional (INATEC) fue asaltado y saqueado ayer, por lo que sus alumnos no han podido acudir a clase. También han empezado a intentar quemar parques en las zonas en las que el sandinismo tiene más apoyo, tras haber prendido fuego a alcaldías y sedes del FSLN, como hace unas horas en Masaya.
Los nicaragüenses han comenzado a recabar firmas para que se despejen los tranques en calles, plazas y carreteras y se evite la violencia ejercida por estos grupos radicales. El gobierno de Daniel Ortega apuesta por mantener el diálogo a la vez que el poder legislativo investiga la violencia mediante una Comisión de la Verdad.
Los puntos que el sandinismo ha presentado en el Debate Nacional para que el resto de los sectores se pronuncien al respecto son eliminar todos los tranques, terminar con la violencia en todas sus formas y asegurar el derecho al trabajo. El gobierno de izquierdas aceptó la primera propuesta de la oposición de permitir la entrada al país de un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El Diálogo Nacional se quebró cuando la oposición se negó a suspender la violencia y los tranques, a la vez que exigió una aprobación de puntos que forman parte del programa electoral con el que la derecha nicaragüense lleva presentándose -y perdiendo- las elecciones desde el comienzo del gobierno sandinista. El primero de ellos es el mismo que aprobó la derecha ecuatoriana representada por Lenín Moreno, el fin de la reelección indefinida, para asegurarse de que la izquierda no pueda volver a presentar a sus candidatos más carismáticos.
También exigen adelantar dos años las elecciones generales para impedir que el sandinismo tenga tiempo de encontrar, y dar a conocer, a un nuevo o nueva candidata que los represente en las presidenciales. Entre sus exigencias se recoge la reforma de instituciones como el Consejo Supremo Electoral, y cambios en la jurisprudencia nicaragüense (ley orgánica del poder legislativo y aprobar una ley marco para la transición y gobernabilidad democrática).
Son importantísimas decisiones que según el gobierno sandinista las tiene que tomar el pueblo, no unos pocos representantes que no han sido electos por voto popular sentados en una mesa, que además se niegan a abandonar métodos violentos que ya están provocando muertes.
Hace tan solo dos años Nicaragua apostó por el proyecto de Daniel Ortega en las elecciones generales de 2016, en las que el líder sandinista ganó con el 72% de los votos con una participación del 68%. Por lo que la oposición no puede usar métodos violentos para chantajear al gobierno, con el fin de lograr imponer un proyecto varias veces rechazado por la mayoría en las urnas. La última ocasión tuvo lugar hace seis meses, cuando el FSLN se impuso con mucha diferencia en las elecciones municipales.