El diálogo en Nicaragua no termina de producirse pese a los esfuerzo del gobierno dirigido por el sandinista Daniel Ortega. En un primer intento, los representantes de los grupos fascistas comunicaron sus reivindicaciones a gritos, expresando que lo que querían era la salida del mandatario, cambiando su principal reivindicación cuando el gobierno les concedió sus primeras exigencias sobre el INSS.
Los partidos de la oposición nicaragüense, aprovecharon la oportunidad del diálogo para exigir la aplicación de su programa electoral que no fue apoyado en las urnas hace escasos dos años. La Conferencia Episcopal de Nicaragua apoyó los puntos presentados por la derecha política, y, junto a ella, se negaron a secundar al ejecutivo sandinista en su petición del fin de los tranques y la violencia. Todo ello acabó con las negociaciones.
El Diálogo Nacional se rompió y no se ha vuelto a componer. Los partidos de derecha no están interesados en sentarse a hablar porque consideran que la violencia afecta directamente a los sandinistas, quienes son los que reciben palizas, sufren humillaciones y son asesinados. Los afectados indirectamente por los tranques es el conjunto de la ciudadanía, sin embargo la oposición nicaragüense ha maniobrado en los medios de comunicación afines para culpar a Daniel Ortega de la situación, mientras mantienen una matriz de opinión que señala a los violentos como “movimiento de protesta“. Por lo tanto, la derecha del país centroamericano cree conveniente para sus intereses prolongar esta situación lo máximo posible, para desgastar al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Los grupos fascistas están integrados por delincuentes comunes que han encontrado en la violencia un trabajo estable con un contrato de impunidad. Los fondos económicos provenientes de Estados Unidos los mantienen en las calles provocando el caos y el terror en la población, con el fin de derrocar al gobierno sandinista, y mientras tanto chantajearlo para cambiar su voto en la OEA con el fin de aplicar la Carta Democrática a Venezuela antes de los próximos diez meses.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) mantiene una doble moral en la situación. Por un lado debe acatar los llamados del Papa Francisco que pide diálogo y paz, pero por el otro es incapaz de superar sus vínculos con la derecha nicaragüense que se estrecharon tras el triunfo de La Contra en los 90, precisamente contra el FSLN de Daniel Ortega. Los obispos nicaragüenses están ayudando con alimentos y otros materiales a los fascistas, y además los justifican en sus declaraciones, en las que los igualan con los sandinistas, quienes no están ejerciendo la violencia sino sufriéndola, para además calificar a los grupos violentos como “movimiento de protesta“.
El Gobierno sandinista cuenta con el apoyo de la mayoría de la población que sale a las calles constantemente clamando por la vuelta a la paz social, sin embargo, todavía no ha sido capaz de interpelar a los tres sectores de la derecha que practican la violencia o la sostienen y justifican, para retomar el Diálogo Nacional.