El pasado 24 de agosto, el nuevo gobierno con Pedro Sánchez a la cabeza, aprobó un Decreto-Ley que modifica la Ley de Memoria Histórica para permitir la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de Cuelgamuros.
Casi un mes después, el 17 de julio, los Franco comunican al abad del Valle, que se oponen a dicha exhumación. Pero ya en 2015, el exjuez Baltasar Garzón, pidió al entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy, la reconversión del Valle de los Caídos y el traslado de los restos de Franco. Caso omiso.
El 11 de mayo de 2017, el Congreso aprueba la proposición del PSOE para el traslado de los restos de Franco con los votos a favor de Unidos Podemos y Ciudadanos y con las abstenciones de PP y ERC. Ya en 2018, el 18 de junio, el nuevo gobierno socialista garantizó el cumplimiento de la proposición No de Ley aprobada en mayo de 2017.
Y hasta nuestros días.
Se han celebrado manifestaciones en el Valle de Cuelgamuros de cientos de ciudadanos en contra de la exhumación del dictador. En el lado opuesto, decenas de asociaciones memoralistas, han mostrado su indignación al gobierno por el retraso y los titubeos. Lo último en este asunto es la petición de la familia Franco de enterrar los restos del dictador en la catedral de La Almudena, en pleno centro de Madrid, a lo que el gobierno respondió a las asociaciones memoralistas que no se podía hacer nada ante dicha decisión.
Así las cosas, la “número dos” del gobierno, Carmen Calvo, se reunió el pasado mes de octubre en el Vaticano con el Secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolín. Y tras esta reunión, se ha producido un giro de 180 grados en la postura del PSOE, como afirmaba Carmen Calvo de que “tenemos mecanismos a través de la ley de Memoria Histórica para impedir que los restos de Franco sean inhumados en La Almudena“.
No obstante, la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, dio por hecho un acuerdo con el Vaticano sobre el destino de los restos de Franco. El Vaticano se apresuró para emitir un comunicado nada común en el que desmentía las palabras de la número dos del gobierno, asegurando que el Vaticano no se opone a la exhumación, y que jamás hablaron del lugar en que debe ser inhumado el dictador.
En cualquier caso, el gobierno del PSOE, por voz de Calvo, afirma que “estamos trabajando con la iglesia conjuntamente para que los restos del dictador sean trasladados a un lugar decoroso para su familia“, y avisa “no en un espacio que pueda ser enaltecido o servir para el peregrinaje y la exaltación franquistas“, como bien prohíbe la Ley de Memoria Histórica.
