Las personas trans no queremos ser un instrumento de confrontación partidista ni electoralista
Bajo el titular “el PP quiere que las personas trans sigan obligadas a declararse enfermas para cambiar su nombre y sexo legales”, aparece hoy un artículo de opinión en un diario digital. La intención del mismo prácticamente y sin entrar a leer su contenido, es puramente propagandística. No es más que una consigna -nada sorprendente-, con la intención de distraer la atención de otros matices e información, que es precisa para abordar el tema de la identidad legal y el nombre de las personas trans.
Treinta y nueve años después de aprobada la Constitución española, por fin el Estado consideró que el nombre y la mención al sexo de las personas trans, las ponían en una situación de desprotección legal, al no poder ver garantizados su derecho inalienable a un nombre, ni a ver reconocida su identidad sexual.
De ahí que el 15 de marzo de 2007 se aprobara la Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. Aunque en su día fue “aplaudida“, y no era una de la leyes peores de Europa, nació con fecha de caducidad.
Los once años que han transcurrido desde su aprobación, han dejado patente que la misma atenta contra la dignidad de las personas trans. La imposición de un diagnóstico médico de disforia de género, la obligatoriedad de una esterilización química forzosa (dos años de tratamiento hormonal), y demostrar mediante un informe psicológico que no se está “enfermo mental”, suponen un chantaje para acceder a un derecho fundamental como la identidad y el nombre. Además de haber dejado desamparados a menores y a personas inmigrantes.
Las demandas de las personas trans van más allá de una ley administrativa de cambio de nombre y sexo. Se hace necesaria para que las personas trans sean tratadas en igualdad en la educación, en la atención sanitaria. Para que no sufran exclusión laboral, ni exlusión en el deporte.
Una Ley Trans Estatal, transversal e integral. Solo así las personas trans pasarán de ser ciudadanía de segunda a ser iguales en derechos, y que la democracia no sea un eufemismo para el colectivo trans. Por ello y a iniciativa de la Federación Plataforma Trans, el pasado 23 de febrero de 2018 el grupo Confederal Unidos Podemos registró una proposición de Ley Trans Estatal, que nace del sujeto político y que cuenta con el respaldo social de más de 150 entidades sociales, lo que hace que la misma no solo sea legítima, sino que además la propuesta sea robusta.
Jamás una propuesta ha sido tan anhelada, participativa y avalada por un amplio y plural apoyo social. Este proyecto sigue durmiendo en un cajón porque no ha sido llevado a trámite del Pleno para su toma en consideración, y así iniciar su trámite parlamentario.
El PSOE cuando se encontraba en la oposición registró una reforma de la Ley 3/2007, cuya toma en consideración fue aprobada por el Pleno el 11 de noviembre del año pasado con el voto en contra del PP. ¿Por qué el Partido Socialista presenta una reforma a su ley de 2007?
El Consejo de Europa adoptó en abril de 2015 una resolución que insta a los Estados a “garantizar que las personas transexuales, incluidas las menores, no sean consideradas como enfermas mentales“. Recomendando la eliminación de diagnósticos médicos y requisitos que vulneren la dignidad de las personas trans. Amnistía Internacional también ha solicitado que “el reconocimiento de la identidad de género no debe hacerse depender de diagnósticos psiquiátricos“, tal y como apunta en su informe El Estado decide quién soy.
El 16 de marzo de 2016, hace dos años, el Tribunal Supremo dictó un informe de inconstitucionalidad de la ley 3/2207, y la remitió al Tribunal Constitucional para que dictamine al respecto. El dictamen del Tribunal Constitucional no ha sido emitido y sospecho que no se hará hasta después que la norma se haya modificado, para que el impacto del dictamen de una posible inconstitucionalidad, quede amortiguado por una norma ya que ya supere el agravio que hemos tenido que soportar durante once años.
Ante la gran presión de un movimiento trans organizado, que ya es de gran calado social, ¿qué hace el PSOE? El pasado 23 de octubre, a bombo y platillo, se anuncia una instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre cambio de nombre en el Registro Civil de personas transexuales de la ley de Registro Civil de 1957, de uso habitual del nombre, para que los jueces no pongan impedimento y le den tramite a las solicitudes.
Es necesario aclarar que dicha instrucción no prevé cambiar la mención al sexo ni el traslado de los datos al folio registral. Es una medida efectista y electoralista, que supone un “parche” con el que dar la espalda a las soluciones ya planteadas en la Ley Trans Estatal.
Esta instrucción al mismo tiempo puede generar falsas expectativas ante la negativa de algún juez a cumplirla. Ya que existe un conflicto legal; una instrucción no puede contravenir o menoscabar una Ley orgánica de rango superior como es la Ley 3/2007.
En todo este vericueto, las personas trans seguimos demandando ser iguales en derechos, y para ello exigimos que nuestras necesidades no sean instrumentalizadas como un arma de confrontación o como un recurso electoralista. Que el PP se oponga al avance en derechos civiles no es ninguna sorpresa. La que no tiene explicación alguna es que las leyes estén “atascadas”, siendo mayoritaria la composición progresista.
Nuestra situación no será lo más importante, pero tampoco la que menos. No se puede hacer demagogia con derechos tan esperados que son necesarios y justos. Las personas trans hablamos de necesidades no de posibilidades. La composición política del Parlamento, donde la opinión o voto del PP no es relevante, traslada la responsabilidad al PSOE y a Unidos Podemos, como grupos que se han comprometido con las normas que están unas atascadas y otra en el letargo del olvido.
Vivimos un momento político donde lo necesario, además es posible.
