La denuncia revelada por el canal Teleamazonas, el lunes 26 de noviembre, sacudió el ambiente político y mediático en Ecuador y puso el foco sobre la vicepresidenta, Alejandra Vicuña, quien reemplaza a Jorge Glas, electo en la papeleta electoral junto a Lenín Moreno, desde enero de 2018.
El asunto es grave: un exasesor acusa a Alejandra Vicuña de haber exigido –y supuestamente cobrado en su cuenta bancaria personal- pagos mensuales que iban desde 300 hasta 1.400 dólares, entre 2011 y 2013, mientras esta se desempeñó como legisladora por el movimiento ABA (Alianza Bolivariana Alfarista).
El reportaje, abundante en detalles, pero sin la versión de la implicada, fue repetido –inusualmente- por dos ocasiones en el noticiero estelar del canal privado.
La vicepresidenta dio la cara el martes en la noche, en una declaración de prensa donde dijo que tras la acusación había el interés de desprestigiarla a ella y al presidente de la República, Lenín Moreno, y dejó abierta la interrogante sobre quién querría beneficiarse con la denuncia.
Y justificó como “un deber” para los militantes de una organización política hacer aportes económicos que estén enmarcados en la transparencia y sin ningún condicionamiento de por medio. El presidente Lenín Moreno no se ha reunido con su vicepresidenta, según reveló Andrés Michelena, secretario de Comunicación. En declaraciones a la prensa dijo que algunos miembros del gabinete presidencial le han expresado a Vicuña lo que piensa el jefe de Estado.
Todo el revuelo por la denuncia divulgada por Teleamazonas dejó también dudas por lo vertiginoso de las reacciones de la Fiscalía General del Estado, de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE (adscrita al gobierno), de la Asamblea Nacional (que ya adelantó una investigación) y del propio canal.
El interés detrás de esto es que el escándalo desvíe la atención de otro: la denuncia que un medio digital hizo sobre la compra de muebles a través de una empresa off shore para el departamento que Lenín Moreno ocupaba en Ginebra (Suiza) cuando cumplía funciones de enviado especial de la ONU para las Discapacidades.
Una declaración del periodista Cristhian Zurita (que llevó adelante la investigación sobre el caso de los muebles en Ginebra) parecería corroborar esta afirmación.
“Ningún medio se atrevería a actuar con semejante rapidez para publicar una noticia. No lo harían nunca”, dijo en una entrevista y sostuvo que si no hubiera un pacto entre el gobierno y el medio televisivo, no habrían publicado esa información sustentada solo en una declaración juramentada del exasesor.
La profesora Caroline Avila, docente de la Universidad del Azuay, hizo un análisis del tema en su cuenta de Twitter y, entre otras conclusiones, señaló que detrás del ‘caso Vicuña’ existe la intención de “salvar los muebles”, en sentido literal y simbólico, por la denuncia sobre la donación de los muebles a Lenín Moreno.
En tanto, la abogada María Elisa Holmes, comentó en la red social que lo más triste de este caso es que las denuncias son estratégicamente seleccionadas y planificadas, que no existe una lucha contra la corrupción sino “una burda lucha de poder entre grupos“.
Esos grupos serían las alas empresariales que existen dentro del gobierno, que promueven la privatización del Estado, versus (los pocos) que se resisten a esa opción. También, quienes pugnan por espacios de poder dentro del propio Ejecutivo.
En medio de todo esto, subsiste un presidente simbólico, sin un liderazgo firme y sin un plan de gobierno concreto, que parece estar al vaivén de los juegos y zancadillas de su entorno.
