Cuando el dolor de las víctimas se convierte en negocio

En un Estado como el español, que ha padecido la existencia de grupos terroristas armados, sean del color que sean, tiene sentido que exista una asociación que vele por los intereses de las víctimas. Familiares, amigos, amigas, compañeros o compañeras de profesión, objetivos de un atentado o daños colaterales. La lista de personas que se han visto afectadas por el terrorismo es muy larga. En este sentido, en 1.981 se fundó la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), definida como una organización apolítica de carácter benéfico asistencial, según su propia página web.

Actualmente, según datos publicados por la AVT, la organización cuenta con 4.400 asociados, y su principal función consiste en “socorrer a todas las víctimas del terrorismo del abandono y marginación del Estado”. Creo que podemos estar de acuerdo en que, si realmente esta fuera su función, debería contar con el apoyo y respaldo de todos. El problema es que, desde hace años, la AVT se ha convertido en un lobby de presión de la derecha más reaccionaria.

Aunque ya había sido una organización de actualidad en el pasado, fue durante el gobierno del PSOE presidido por Rodríguez Zapatero cuando la AVT saltó a la fama por su beligerancia contra el ejecutivo español, al que acusaba de ser demasiado blando con los presos de ETA. Esta actitud fue aprovechada y explotada por parte del Partido Popular, que asumió los postulados de la AVT y les brindó una plataforma mediante la que podían difundir su mensaje a todos los rincones de España.

Además, los últimos meses del gobierno Zapatero coincidieron en el tiempo con los primeros pasos de Ángeles Pedraza como presidenta de la AVT. Madre de una chica fallecida durante los atentados del 11-M, Pedraza utilizó su posición como presidenta de la organización para difundir unas opiniones extremistas en relación con la política penitenciaria, llegando a afirmar que España debería abandonar el Convenio Europeo de Derechos Humanos cuando el TEDH demostró la ilegalidad del uso de la doctrina Parot por parte del sistema judicial español.

Con Mariano Rajoy en el gobierno, el PP ya no necesitaba a la AVT para ejercer presión, así que cesó su apoyo anterior. No obstante, el monstruo ya estaba creado y la organización siguió presionando para evitar cualquier medida que consideraran favorable para los presos vascos. Desde ese momento y hasta la actualidad, la AVT ha sido un problema para el proceso de paz en Euskadi ya que, como el PP, necesita el conflicto para mantenerse bajo el foco de la prensa y la actualidad.

El problema radica principalmente en que la AVT ha olvidado su objetivo principal, que es el de socorrer a las víctimas del terrorismo, pasando a convertirse en un ente de presión que intenta legislar, cuando solo los afiliados pueden votar a su junta directiva. Evidentemente la culpa no es solo de la organización; vivimos en un país en el que la prensa amarilla convierte en héroes y figuras políticas a cualquiera. Es aquí cuando entra en escena el padre de Diana Quer.

Diana era una joven madrileña de 18 años que fue brutalmente asesinada en Galicia en 2.016. Su muerte fue llorada en toda España, mientras en las radios, televisiones y periódicos se intentaba reconstruir sus últimos pasos. Pero con el tiempo, la información pasó a enfocarse en otros temas, como su familia, convirtiendo en personajes populares a sus padres.

Concretamente a su padre, Juan Carlos Quer. Quién ha aprovechado la popularidad que le brindó la muerte de su hija para hacer política. Recientemente, en el marco de las manifestaciones multitudinarias que han realizado mujeres de todo el país para criticar el pacto entre Ciudadanos, Vox y el Partido Popular, Quer se preguntó “dónde estaban las feministas cuando murió su hija“.

No es solo injusto este comentario, sino perverso. Mientras todos los medios de comunicación se preguntaban si la vestimenta o el alcohol habían jugado un papel en la muerte de Diana, las feministas fueron las que la defendieron y exoneraron de cualquier culpa, afirmando que el único responsable era el malnacido que la había matado.

Este artículo solo pretende señalar dos ejemplos de una práctica que se ha convertido en muy común entre los grandes medios de comunicación españoles: convertir en personajes públicos personas que no tienen mérito alguno, o cuyo mérito es ser el marido de este, el hijo de aquel o el compañero de pupitre del otro. Además, la explotación que se hace del dolor de las personas, persiguiendo por las calles a unos padres que acaban de perder a una hija, y como este reconocimiento continuo puede llevar a las personas a utilizar estas muertes para construir su propia agenda.