Las políticas de infraestructura y turismo de la Junta de Andalucía pondrán en peligro el Parque de Doñana

Doñana, Espacio Protegido

Doñana. En una sola palabra se condensa muchísimo, más de lo que a menudo nos imaginamos. 54.251 hectáreas de parque nacional, y un total de 116.487 hectáreas contando el parque natural.

Se trata de la mayor reserva ecológica de Europa. Su superficie se la reparten entre Huelva, Sevilla y una parte en Cádiz, comprendiendo 14 municipios. Su historia nos remonta a los Tartessos, seguidos de los fenicios, los romanos y los árabes. Un sinnúmero de leyendas grecolatinas parecen tener su ubicación en esta tierra. Con la conquista castellana se establece, desde el siglo XIII, en enclave favorito para la caza de sucesivos monarcas.

Entre playa, dunas, cotos y marisma se conforma un paisaje único. Sólo en el ámbito de la zoología podemos mencionar más de 300 especies de aves, 37 especies de mamíferos -entre las que se destaca el lince ibérico-, 21 especies de reptiles, 11 especies de anfibios y 20 especies de peces de agua dulce, además de miles de invertebrados, muchos de los cuales aún ni siquiera han podido ser catalogados. De ellos, contamos con un número elevado de especies consideradas en peligro de extinción.

Cabe recordar que un gran número de estas aves se reproducen aquí, por lo que, de romper con su rutina migratoria, su número se vería enormemente alterado. Teniendo en cuenta su punto clave y estratégico para una mayoritaria ruta migratoria entre Europa y África, en 1969 se crea el Parque Nacional, con posteriores ampliaciones. Actualmente cuenta con los siguientes títulos:

  • 1962, Lista Verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
  • 1980, Reserva de la Biosfera de la UNESCO.
  • 1982, Sitio Protegido por la Convención Ramsar.
  • 1994, Patrimonio Mundial de la UNESCO.
  • 1995, Diploma Europeo para Áreas Protegidas del Consejo de Europa.
  • 2012, Zona Especial de Conservación, Zona Especial de Conservación para las Aves y Espacio Protegido de la Red Natura 2000 de la Unión Europea.

Amenaza constante

En las última décadas hemos asistido a cada vez más ataques contra Doñana, como los vertidos de Aznalcóllar en 1998. Desde 2013 Andalucía ha tenido que lidiar con el proyecto de explotación de la bolsa de gas natural bajo Doñana. La romería de El Rocío sigue causando daños año tras año, pese a las medidas que se promueven para proteger el patrimonio. Los incendios como el de 2017, los pozos ilegales, el robo indiscriminado de agua y la caza ilegal son otros tantos ataques continuos contra la conservación de este paraje único.

Ferrer, Ian Newton y Massimo Pandolfi publicaron en 2009 un artículo que demuestra que las especies en peligro sufren una desviación del equilibrio de género en sus crías, lo cual hace que sus poblaciones decrezcan con aún mayor velocidad. Esto hace que la situación ecológica sea crítica. Hay sobrada constancia de caza irregular y contaminación por fitosanitarios y pesticidas. La ganadería, la caza, la contaminación y las sequías por el cambio climático son algunos de los factores más críticos en el deterioro de la fauna de esta reserva natural.

Manuel Máñez, investigador de la Estación Biológica de Doñana (CSIC) insiste en la necesidad de vallar para preservar el hábitat, medida que choca de frente con cualquier construcción que afecte a los terrenos protegidos. Es precisamente en las zonas más secas donde muchas aves ponen sus nidos, que quedan expuestos a ser aplastados por humanos, ganado o vehículos. El vallado, un sistema de contención unido a una estrecha vigilancia, es un sistema barato a la vez que eficaz de mantener el control sobre cazadores, ganado, basura, contaminación y visitantes poco respetuosos con el medio.

La importancia de Doñana y el riesgo al que está expuesto son tan grandes que la Comisión Europea acaba de llamar a España al Tribunal Europeo por el deterioro.

El robo del agua está destruyendo el humedal. Sólo el SEPRONA confirma 562 pozos y 146 balsas ilegales en Doñana. Sin embargo, el nuevo presidente de la Junta afirma que su intención es “que los regantes tengan seguridad jurídica y puedan hacer inversiones” y que “están siendo maltratados y ninguneados por la administración socialista“, en clara contraposición con la denuncia de la Unión Europea.

El proyecto del Partido Popular

Javier Arenas, presidente del PP en Andalucía entre 1993 y 1999 ya prometió una unión por carretera entre Cádiz y Huelva, originariamente por la costa. Posteriormente, ante la negativa que suscitaba esta agresión directa al parque nacional, propuso una variante norte, bordeando el parque natural, que incluía la construcción de un complejo y costoso puente sobre el Guadalquivir y reducía el trayecto de 230 a 170 kilómetros -unos 45 minutos-.

Aunque el PP no ha hecho público aún el trazado que quiere realizar con esta carretera, cualquier acercamiento a Doñana empeoraría la situación. La alternativa histórica siempre ha pasado por ampliar y mejorar las carreteras que circunvalan Sevilla, lo que no recortaría en tanto el trayecto pero preservaría el Parque Natural. La carretera de circunvalación SE-40, actualmente en construcción y que ha sufrido varios retrasos, ayudaría a paliar parcialmente el trayecto, al evitar entrar en Sevilla.

Hay muchos otros proyectos de carreteras en Andalucía a los que no han aludido. El cese del peaje tras décadas de promesas de la AP-4 en su tramo entre Sevilla y Jerez, una alternativa para la unión de este y oeste que no pase por Sevilla, reconversión en autovía de la ruta AntequeraArcos de la Frontera. Pero ninguno de estos proyectos potencia el turismo, y el bloque de derechas ha dejado claro que quiere que éste sea uno de los puntales de su gobierno. Nada de potenciar la industria, nada de mejorar el trabajo de calidad y no estacional. Pero el turismo tiene un precio, también para el medio ambiente.

Viabilidad del proyecto y riesgos

La pregunta que muchos se hacen es, ¿puede el gobierno de Andalucía atacar de algún modo un parque nacional? ¿No corresponde al estado la protección de estos espacios? Desde 1997 la gestión de los parques nacionales se ha diferido a las comunidades autónomas, por lo que la Junta de Andalucía tendría las competencias sobre Doñana. Irónicamente, uno de los socios de gobierno del PP ha hecho campaña pidiendo la devolución de competencias al estado, lo que pondría trabas para este tipo de proyectos.

Se trata, en cualquier caso, de una obra de gran envergadura. ¿De dónde va a salir la financiación para llevarla a cabo? ¿Qué otros recortes esperan a Andalucía, después de bajarle los sueldos a los médicos?

Dice Juan Manuel Moreno que obras de ingeniería civil similares se han llevado a cabo en otros países como Suecia o Noruega con éxito. No menciona el coste medioambiental, pero en cualquier caso, desgraciadamente, no estamos al nivel de ingeniería de Holanda, Noruega o Suecia. No menciona el derrumbe del puente Morandi de Génova, por ejemplo, o las múltiples dificultades del puente de la Constitución de Cádiz, o el desplome de un puente de la autovía del Mediterráneo cerca de Almuñécar.

Obras de gran envergadura en Europa, como el Puente del Milenio de Londres o el Puente Zubizuri de Bilbao también han resultado en más problemas que aciertos. Por no mencionar otras obras de ingeniería que han resultado tan costosas como inútiles, como los aeropuertos de Torremolinos o Castellón.

A esto hay que añadir que los puentes y presas no requieren pasar una ITE (Inspección Técnica de Edificios), por lo que a menudo son peones de albañil quienes revisan su seguridad. Conviene invertir en mejorar la ingeniería, reforzar la seguridad, y después estudiar con calma los riesgos, y hasta dónde se puede llegar. No podemos ponernos a la altura de ingenería civil de Noruega o Suecia, como tampoco ellos pueden ponerse a la nuestra en corrupción.

Solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando llueve y hay víctimas humanas. Luis Moral Ordóñez, Decanol Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puentes en Andalucía.

Pero no, esta autovía no es el único plan del PP que pone en peligro Doñana. Juan Manuel Moreno también ha prometido el desdoble de la A-483 de Almonte a Matalascañas y las conexiones con las playas, con vistas a facilitar el turismo. Esto supondrá a buen seguro una rápida urbanización de esas playas, siguiendo el patrón de viviendas y negocios ilegales, para posteriormente urbanizar la zona. Ni Cádiz ni Huelva están faltas de playas donde ir a pasar el día, sin necesidad de acercarse más a zonas protegidas. Esto sólo responde a una querencia por poner otro ladrillo más en el castigado litoral andaluz.

No cabe duda de que poner carreteras es abrir la puerta a otras estructuras, más aún cuanto más nos acerquemos a las playas. Ni que decir tiene que el robo de agua de los humedales aumentaría, así como la polución, atropellos de animales y retirada de la vegetación. Construir una carretera, más o menos cerca de Doñana, acercaría la destrucción a este paraje sin igual, y es precisamente lo que el Partido Popular lleva pidiendo desde la oposición hace ya muchos años. Ahora están decididos a llevar a cabo esta obra cueste lo que cueste.

Protección del patrimonio natural

Andalucía no se puede permitir perder más patrimonio natural. Actualmente lidia con las balsas de fosfoyesos de Huelva, los residuos nucleares de El Cabril (Córdoba), radiación en Andújar (Jaén) y Palomares (Almería), las nubes tóxicas del lago en La Puebla de Guzmán (Huelva), entre otros. Poner en riesgo uno de sus principales puntos verdes es inaceptable. Pero no solo para Andalucía. La lucha de sectores en España y fuera de ella para proteger el espacio natural es histórica.

El litoral atlántico andaluz es una práctica continuidad de largas playas de arena, con casi 300 kilómetros lineales. Andalucía cuenta con más de 350 playas en unos 800 kilómetros de costa.

En muchos casos, se ha urbanizado la zona para responder al turismo y a las segundas residencias. Defender el último reducto de costa “virgen“, un paraíso natural, es una obligación moral, ecologista, de sostenibilidad y para defender un turismo de calidad y respetuoso. Vender el patrimonio de toda Andalucía por ganar una buena comisión o unos votos no está sobre la mesa.

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