El Ecuador decae con un “morenismo” deschavetado
Los parientes de Santiago Cuesta en la lista de Odebrecht, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) en franca privatización, el esperpento de Lenín Moreno en Salamanca, un implicado en graves violaciones a los DDHH (Enrique Herrería) fue nombrado juez de la Corte Constitucional, el 80% de los ecuatorianos cree que su Asamblea Nacional es corrupta, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) en una “movilización permanente” en contra del Gobierno por el alza de los combustibles, el 65% del Ecuador cree que el presidente debe llamar a una muerte cruzada.
Ese es el escenario en el que campea el desgobierno del “morenismo” ahogado por los propios límites de su incapacidad y la desorientación ideológica que hace insostenible su mandato en un país que sobrevive en medio de la inseguridad cotidiana, el desempleo y la corrupción. Y en el que, además, el 72% de ecuatorianos no le cree al presidente Lenín Moreno y el 68% califica de mala su gestión infectada por una consulta ilegítima y tramposa que los ecuatorianos votaron en 2018 como lo ha confirmado la Organización de Estados Americanos (OEA).
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En las últimas horas, salió a la luz que en junio del 2018 Diana Salazar Méndez, directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) remitió al entonces fiscal general del Estado Paúl Pérez Reina, el informe RO11-2018-009 sobre millonarias transferencias de la multinacional Odebrecht (Belvedear), Sinohydro y otras empresas a cuentas bancarias de empresas relacionadas con Carlos Bernal, su esposa Denise Vélez Ruperti y su cuñado Xavier Vélez Ruperti, quien está casado con Claudia Vinueza, pariente del consejero presidencial Santiago Cuesta. Antes que la fiscalía realice una sola gestión, Pérez Reina abandonó el cargo en medio de presiones.
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Por su parte, Santiago Cuesta, quien se aplaude a sí mismo por la privatización de CNT, que en el 2017 reportó un ingreso de USD 912 millones para el Ecuador. Así, se pone en manos privadas una empresa pública que está generando utilidad pero que, según los eruditos de la privatización, está tan mal administrada.
Para adornar el panorama, Lenín Moreno pide 10 días de vacaciones para “reponerse de su último viaje” a España en el que se convirtió en un esperpento a la hora de hablar de temas cuánticos de particular desagrado entre los asistentes que le permitieron advertir al mandatario ecuatoriano que “lo que la natura no da, Salamanca no le brinda”.
Mientras esto sucedía en Europa con Lenín Moreno, en el Ecuador se alistaba el camino para que Enrique Herrería, ex intendente de policía y ex asambleísta social cristiano pueda ser juez de la Corte Constitucional pese a que el Informe de la Comisión de la Verdad 2010 advierte que él firmó ilegalmente órdenes de detención contra adversarios políticos y es implicado en graves violaciones a los derechos humanos dentro del periodo 1983 – 2008.
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Todo este desconcierto ha desembocado en un rechazo de la mayoría de ecuatorianos al Gobierno Nacional y a una Asamblea Nacional que promueve la destitución de los asesores de una asambleísta pero que todavía no encuentra la fórmula “mágica” para salvar la misma, luego que se denunció que en el despacho de Ana Galarza ocurrían diezmos, falsificación de firmas, suplantación de identidades y mal uso de documentos públicos. Así, el Ecuador asiste al decaimiento de su institucionalidad auspiciado por un “morenismo” deschavetado.
