El acoso neoliberal contra la huelga, muestra de su importancia para los trabajadores

Se celebra este año el centenario de la huelga de La Canadiense (una empresa eléctrica de Barcelona). En 1919 la huelga consiguió paralizar la ciudad hasta que el gobierno convenció a la empresa para que diera su brazo a torcer. Poco después, ese mismo gobierno aprobaba instaurar las ocho horas de jornada laboral “para todos los oficios”.

Si nos superamos, si conquistamos nuestra capacidad y nos colocamos en condiciones de actuar de un modo enérgico, de hacer frente a todas las posibilidades de ataque, seremos respetados, atendidos y nos impondremos. Salvador Seguí, el “Noi del Sucre”.

¿Por qué el derecho a la huelga es tan necesario?

Históricamente, la huelga adquirió su importancia con la organización industrial del trabajo en que grandes grupos de trabajadores, sometidos a condiciones similares y agrupados físicamente, pudieron, por primera vez, organizar su búsqueda de una mejor situación como un grupo homogéneo. Pero no fue hasta comienzos del siglo XX, con la expansión de la socialdemocracia, que el derecho de huelga comenzó a ser reconocido internacionalmente como un derecho esencial de los trabajadores, que formaba parte de la libertad sindical. Ese derecho a pasado a ser reconocido en la mayoría de los ordenamientos y tratados universales de carácter laboral y social.

En España, el derecho de huelga es un derecho fundamental, reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución, regulado por el Real Decreto-Ley 17/1977 (pre-constitucional). Lo califica como una medida de conflicto colectivo de trabajo, adoptada por acuerdo de los trabajadores, con la finalidad de defender y promover sus intereses. Se trata de un derecho de titularidad individual y ejercicio colectivo.

Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de ese derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Art. 28.2, Constitución española.

Los conflictos laborales, y especialmente las huelgas generales, se han convertido, en el siglo XXI en un instrumento para canalizar el descontento, en una exhibición de fuerza para tratar de hacer visible que se puede paralizar un país, una demostración de músculo en el debate, que siempre tienen efectos positivos, a medio o largo plazo. Aunque los gobiernos se resistan a reconocerlo.

>>Diccionario Político: huelga<<

¿Por qué el derecho a la huelga es tan necesario? En primer lugar, porque el poder para declarar una huelga es el último recurso de los trabajadores, pero a veces es la única herramienta que tienen éstos para protegerse, y evitar la completa dependencia de la empresa. El derecho de huelga permite conseguir un mayor equilibrio entre los trabajadores y sus empleadores, porque sin la amenaza de la huelga, las empresas están en condición de aumentar sus ganancias, a costa del bienestar y las condiciones de trabajo.

Pero estos conflictos laborales pueden tener un doble efecto perverso: aunque se reconozca la empatía con las reivindicaciones de los trabajadores, sus efectos acaban poniendo al resto en contra. Por ejemplo, las huelgas del transporte público que sufren las grandes ciudades dificultan la movilidad de unos sectores de población que no tienen ninguna relación o información sobre el conflicto, lo que lleva a aquello de “pagan justos por pecadores”.

Otro ejemplo. Un paro en educación siempre es mejor considerado porque, aunque también afecta al conjunto de la población, se produce para mejorar la calidad de la educación, y si eso se hace bien visible la huelga puede convertirse también en un éxito de apoyo social. Se trata, en general, de la percepción que la ciudadanía tenga del conflicto.

Sin embargo, el derecho fundamental de declarar la huelga se encuentra bajo constante escrutinio, ataque y presión del sector empresarial y por parte de los gobiernos, como hemos visto en España en los últimos años, especialmente en lo más crudo de la crisis. Desde hace tiempo, estos grupos se han cuestionado la huelga como un derecho y se ha atacado de manera sistemática.

Las cortapisas al derecho de huelga

El derecho de huelga es una parte esencial en la lucha por las reivindicaciones laborales. La ley permite el ejercicio de ese derecho, pero siempre con unas garantías que aseguren unos servicios mínimos para la ciudadanía. En el citado ejemplo de las huelgas del transporte público, los servicios mínimos deben garantizar que la población pueda seguir desplazándose, aunque sea con limitaciones.

La presión que ejerce la huelga, en muchas ocasiones, queda desvirtuada o anulada por los servicios mínimos establecidos por la administración que, muy a menudo, son abusivos. Al no existir una definición legal de lo que deben contemplar esos servicios mínimos, es el propio gobierno quién los fija, incluyendo entre los servicios “esenciales” algunos sujetos más que equívocos. Esos servicios mínimos abusivos, establecidos por las empresas y sancionados por las autoridades laborales, desvirtúan el poder de la huelga, y la dejan sin efecto.

>>La huelga, penúltima arma de los trabajadores en la lucha desigual<<

Esto ha llevado, en muchas ocasiones, a que los tribunales, a posteriori y con mucho retraso (meses incluso) declaren los servicios mínimos para un determinado conflicto laboral como abusivos. Y ese es el problema fundamental: que las sentencias que lo reconocen llegan mucho después.

La historia de la conquista del derecho de huelga en España no ha sido fácil. El movimiento obrero recurrió repetidamente a ese instrumento para poder conquistar mayores cotas de igualdad.

Otra estrategia para intentar frenar la huelga o sus efectos, es la táctica del desprestigio. Así, los políticos de diferentes signos suelen utilizar adjetivos tremendistas (“desproporcionada”, “chantaje”, “salvaje”) para calificar el ejercicio de ese derecho.

También es habitual la descalificación de los sectores en huelga. Por ejemplo, cuando los estibadores, controladores aéreos, trabajadores del transporte público o profesores inician un conflicto laboral, siempre son calificados por algunos como “privilegiados”, porque sus salarios están por encima de la media y no tienen razones para quejarse.

Es decir, que si se tiene un buen salario no se cuenta con autoridad moral (derecho sí) a quejarte por tus condiciones laborales. Eso es obviar el hecho de que tras una huelga hay mucho más que una reivindicación meramente salarial: la huelga es una reivindicación que abarca todo el ámbito de las condiciones/relaciones laborales, pero también es un derecho a la protesta.

Cuando esto sucede, se suelen obviar públicamente los motivos de las quejas, pero son aireadas por medios de comunicación y autoridades políticas sus condiciones “privilegiadas”: sus elevados sueldos no les dan derecho a queja. Además, se considera que esas “huelgas salvajes” toman como “rehenes” a los usuarios de esos servicios: los “privilegiados” actúan en contra de los intereses de la mayoría de la ciudadanía. Se trata de una estrategia básica: “divide y vencerás” y responde a una estrategia muy bien construida por parte de quien ostenta el gobierno en ese momento.

Estos conceptos olvidan el principio básico de la protesta: la huelga debe tener efecto, y sus efectos deben sentirse (en el ámbito que sea) porque se trata de un pulso, de un conflicto. En el caso del transporte público, los usuarios no deben volverse contra los trabajadores, sino contra los responsables políticos que han dejado que la situación llegue a este punto.

Es decir, que la esencia es enfrentar a los trabajadores, unos contra otros, cuando unos buscan una mejora laboral, apelando al resentimiento contra los “privilegiados”. Este es un ejemplo claro del pensamiento neoliberal: son los trabajadores de esos sectores en conflicto los que tienen la culpa de la situación, no los que hacen las normativas y detentan el poder de cambiar las cosas. Además, si el resto de los trabajadores no están tan “privilegiados”, son los que sí lo son los que deben “tragar”, como los demás desfavorecidos.

Otro ejemplo de forma ilegal de frenar el efecto de una huelga es sustituir a los trabajadores en huelga por personal ajeno a la empresa, una práctica que está prohibida en la normativa legal. Pero hemos visto que, en los últimos años, los tribunales han condenado a diversas empresas y administraciones por vulnerar el derecho a la huelga, al sustituir a trabajadores.

La presión sobre los derechos sindicales

A pesar de lo que dicen los sectores patronales, partidos políticos e, incluso, la administración, que la consideran demasiado “abierta”, la normativa que regula el derecho de huelga es muy restrictiva. Pero también podemos ver que, especialmente desde el comienzo de la crisis, los derechos sindicales por toda Europa están bajo una gran presión.

Eso ha quedado demostrado en España con la aprobación de nueva normativa, orientada a dificultar las actividades sindicales, la negociación colectiva, el derecho de huelga o manifestación. A nivel internacional se está comenzando a cuestionar el derecho a la huelga como un derecho fundamental de las personas.

Los derechos sindicales y laborales se nos van escapando de las manos, como la arena de la playa. Y cuando nos demos cuenta de que ya no quedan más que unos pocos granos de arena, ya será demasiado tarde.

Los ataques se producen, por ejemplo, por la vía penal, con decenas de sindicalistas encausados por haber participado en piquetes. En España, desde 2012, más de 300 personas han sido encausadas, en aplicación del artículo 315 del Código Penal que, tras la reforma de 2015 sanciona con entre uno y tres años de cárcel a quienes “actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga”.

Las últimas reformas laborales, que recortaron aún más el margen de la negociación colectiva en el ámbito laboral, o la llamada “ley mordaza”, que el gobierno de Pedro Sánchez se comprometió a derogar pero ahí sigue, son ejemplos de cómo los derechos sindicales y laborales se nos van escapando de las manos, como la arena de la playa.

En unos tiempos marcados por el paro, la precariedad y el miedo al despido, se debe insistir en la importancia que tiene la huelga, como instrumento para influir en la conciencia. Para responder a las agresiones a los derechos. Para generar cambios. Para hacer bascular la relación de fuerzas en las relaciones, no sólo laborales, sino también entre los actores políticos y sociales.

La huelga tiene una gran capacidad de visibilidad social, de adquirir presencia ciudadana. Es un elemento esencial en la estrategia sindical, pero también en la ciudadana, para influir, para conseguir cambiar una legislación o impedir que se apruebe, para alterar el equilibrio político y social. Pero también sirven para reforzar el sentimiento de lucha y resistencia de la sociedad. Por eso no debemos dejar que nos lo arrebaten, o que nos hagan pensar que los que van a la huelga son solo los “privilegiados”. Es posible que una huelga general no cambie la ley, pero sí ayudará a concienciar a la ciudadanía de los problemas que afectan a la sociedad.