Se intensifica la represión en España
La represión a la que se ha visto sometida la ciudadanía española a lo largo de los últimos años no hace más que aumentar. Pese a que se publicitó que todo el entramado de las Cloacas del Estado y la Policía Patriótica era un invento del exministro del interior Jorge Fernández Díaz, la verdad es que, con el cambio de gobierno, no se aprecia un cambio sustancial en las medidas aplicadas por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
La Policía Patriótica
Durante el mandato de Fernández Díaz en interior (2011-2016), fue creada una unidad de investigación que ha pasado a conocerse como la Policía Patriótica. Esta unidad tenía la responsabilidad de atacar, utilizando todos los medios posibles, aquellos actores que, a juicio del ministro y el gobierno del Partido Popular, atentaban contra la unidad de España, así como aquellos que podían destruir el Régimen del 78.
El modus operandi de esta unidad policial era siempre el mismo: se investigaba a los principales líderes de los partidos u organizaciones consideradas enemigas, buscando cualquier elemento que pudiera afectar su ascensión sobre la ciudadanía; en caso de no encontrar nada, la propia policía inventaba informes con datos falsos. El último paso era filtrar esta información a medios afines -generalmente OK Diario, capitaneado por Eduardo Inda-, que publicaba dicha información.
Entre las personas que se vieron afectadas por estas filtraciones destacan líderes de Podemos como Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón y el propio Pablo Iglesias; así como distintos líderes independentistas o nacionalistas catalanes, como fue el caso de Xavier Trias, Oriol Junqueras y Artur Mas.
A medida que se fue conociendo la existencia de esta unidad de policía, muchos partidos denunciaron el uso de fondos públicos para atacar a rivales políticos. No obstante, los medios de comunicación principales y los partidos del Régimen del 78, incluyendo el PSOE, intentaron enterrar el alcance de dicha unidad con fines partidistas, mandando un mensaje: nos da igual los medios que se utilicen, siempre que se sustente el régimen.
Activistas, humoristas y tuiteros
La represión contra activistas, humoristas, tuiteros y otras personas individuales se está incrementando. Ya no es noticia, en muchos casos. Pese a que, desde la oposición, el PSOE llegó a condenar muchos de las casos impulsados por el gobierno de Mariano Rajoy, a la práctica no ha hecho nada para cambiar la dinámica.
La represión, en este caso, se produce de distintos modos y con diferente intensidad. Es el caso de muchos tuiteros de izquierdas, que ven como sus cuentas son clausuradas por Twitter -se desconoce quién gestiona Twitter España y cómo toma las decisiones-. Otros, como Casandra Vera, directamente son enjuiciados por el contenido de sus tuits.
Los artistas tampoco escapan a las garras de la policía española. Pablo Hasel lleva años intentando evitar su ingreso en prisión, todo por el contenido de las letras de sus canciones. Por su parte, el rapero mallorquín Valtonyc se vio obligado a exiliarse en Bélgica para no acabar en la cárcel. Caso parecido padeció el humorista Dani Mateo, que se enfrentó a una querella por sonarse la nariz con la bandera de España; al final, no obstante, se libró del juicio.
Presos políticos
El caso de los presos políticos es el más vergonzoso, principalmente a nivel internacional. Desde la fallida declaración de independencia en Cataluña, la mayoría de los miembros del gobierno catalán que no se exiliaron terminaron encerrados en la cárcel, a la espera de un juicio que quedará visto para sentencia a principios de junio.
Se puede discutir si Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Raul Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull y Josep Rull merecen estar encarcelados. Formaban parte de un gobierno que intentó separar Cataluña de España y que organizó un referéndum ilegalizado por el Tribunal Constitucional.
No obstante, el caso de Jordi Cuixart, Jordi Sánchez y Carme Forcadell no tiene base legal. Los dos primeros, para los que la fiscalía pide 17 años de cárcel, eran líderes de asociaciones independentistas. Como se ha demostrado en vídeos, documentales y en el propio juicio, ni intentaron levantar al pueblo ni abogaron por vías violentas. Además, sus dos organizaciones se rigen por lo que deciden los socios, así que no se les puede culpar solo a ellos de la hoja de ruta de Assemblea Nacional Catalana y Omnium Cultural.
El caso de Forcadell discurre por los mismos derroteros. Se le acusa de no impedir que se tratara el tema del referéndum en el Parlement de Catalunya. Según la fiscalía, debería haber impedido dicho debate. Pero como exponen las defensas, el Presidente del Parlament no puede decidir los temas que se tratan, solo presentarlos a propuesta de los partidos. En resumen, se la está juzgando por cumplir la normativa del Parlament.
Esta semana se ha sabido que los presos políticos que habían conseguido el acta de diputados, Junqueras, Sánchez, Turull y Rull, no podrán seguir representando a sus votantes porque la mesa del Congreso así lo ha anunciado. Una situación que no parecía que fuera el diálogo propuesto por Pedro Sánchez.
