¿Son necesarias las políticas nacionales de comunicación?

El teórico de la comunicación para liberación Luis Ramiro Beltrán estuvo presente en 1973 cuando se realizó en Bogotá la primera conferencia para la planificación de políticas nacionales de comunicación, en esa reunión, a la que además participaron 17 especialistas de 14 países -provenientes de las universidades, medios privados y organismos estatales-.

Se diagnosticó la situación latinoamericana respecto a la comunicación que a día de hoy no ha cambiado mucho como son la dependencia de las agencias internacionales de noticias, el sometimiento de la producción extranjera, la concentración de los medios de comunicación, por lo que se sugería una política nacional de comunicación que permita superar esa situación de injusticia, siendo el mismo Beltrán quien diseñaría y definiría la Política Nacional de Comunicación bajo la premisa de que el Estado debe fomentar leyes que posibiliten una mayor democratización de la comunicación y que sirva para el desarrollo colectivo y sostenible.

Estas ideas fueron rápidamente criticadas por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) con el supuesto argumento de que se estatizaría la información, pero fueron más los intereses privados y económicos los que rechazaron cualquier intento por mejorar la comunicación en Latinoamérica.

Como argumenta Diego de Charras, la regulación de los medios de comunicación ha sido más pensada desde el lado del liberalismo jurídico, es decir, fundamentado sobre la libertad de expresión a expensas de los argumentos expresados por la Política de Nacional de Comunicación para que se puedan eliminar los desequilibrios culturales e informacionales en las sociedades modernas, en donde el Estado interviene en la planificación, y no aparece como un mero ente administrativo tal como lo exponen los que defienden la autorregulación de los medios de comunicación.

En base a esta dimensión individual de la libertad de expresión es que se fueron consolidando posiciones contrarias a la creación de leyes que regulen a los medios de comunicación. En el Ecuador la Ley Orgánica de Comunicación que entró en debate tanto con organizaciones sociales, académicas, comunidades desde el 2009 y que finalmente en el 2013 fue aprobada en la Asamblea Nacional, ha sido tachada desde los medios de comunicación como una Ley mordaza, centrando sus críticas en la creación de una Superintendencia del control de los contenidos antes que en los derechos de los ciudadanos como: el derecho a la réplica, a la responsabilidad ulterior, al linchamiento mediático.

Por eso instituciones como CIESPAL y la UNESCO promovían ya políticas nacionales de comunicación que fomentaran un desarrollo pensado desde las necesidades de los pueblos latinoamericanos. De ahí que en 1976 se realiza la Conferencia de San José en Costa Rica, ejecutada por la UNESCO, en donde se recomiendan y declara una política nacional de comunicación, esto desencadenó en el Informe McBride (1980), que apuntaba hacia un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación (NOMIC).

En este momento se inscribe la tercera vía del desarrollo pensado desde la comunicación, lo que autores como Luis Ramiro Beltrán, Rosa Alfaro Moreno, Roncagliolo, lo teorizaron como comunicación alternativa para el desarrollo que miraba el contexto y las necesidades de los pueblos, por tanto, se partió del reconocimiento del crecimiento de la pobreza y la desigualdad, de manera que pueda haber transformaciones más estructurales posibilitadas por la comunicación.

El Estado cobraría mayor importancia porque permitiría un desarrollo global. Para lo cual se pensaría en una comunicación participativa, basada en necesidades locales que promuevan la autodeterminación de los pueblos y el acceso a la educación intercultural. Este nuevo paradigma hacía una fuerte crítica a los medios masivos y la concentración de propiedad, pues su afán era democratizar la comunicación.

Después de la arremetida neoliberal este proceso de teorización sobre la comunicación alternativa fue callada para que nuevamente la comunicación sea funcional al sistema, basándose en el modelo de libre mercado, es decir, una comunicación que primeramente vea la rentabilidad del negocio. Pero nuevamente se vuelve a repensar esta comunicación alternativa o comunicación para el cambio social que ayude a mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos.

El Estado debe garantizar todas las formas posibles de comunicarnos y generar proyectos educacionales mediante la comunicación. Las políticas nacionales de comunicación en el Ecuador permitieron establecer una democratización de la comunicación al rechazar la concentración de propiedad de los medios de comunicación en un solo dueño y que no tenga otros negocios que puedan influir en la producción de contenido, así como el derecho a la réplica y una más rigurosa profesionalización del periodista, además de establecer un rango del 34% de participación para el espacio radioeléctrico a los medios de comunicación comunitarios, en tanto que un 33% para los medios públicos y un 33% para los medios privados.

Sin embargo, tal como lo argumenta Peter Schenkel, las políticas nacionales de comunicación van acorde a la postura ideológica y política del Gobierno de turno. Así, en el Ecuador se observa que con la llegada de Lenín Moreno a la presidencia hay un vuelco total hacia el paradigma neoliberal muy contrario a la línea ideológica del anterior Gobierno, del cual fue su vicepresidente durante el 2007 al 2013, entonces bajo este ignominioso acontecer se reformó la Ley de Comunicación que entre otras cosas le da más participación al sector privado en el acceso al espectro radioeléctrico subiéndole al 56%, en detrimento del sector público que se queda con un 10% del espectro.

De manera que el Gobierno no apuesta a que haya medios públicos que mejoren la comunicación sino que se siente satisfecho con los 4 medios públicos con los que actualmente cuenta, y que más bien sirven de propaganda del Gobierno

Por eso es necesario continuar el trabajo de las políticas nacionales de comunicación en base a la Declaración de la UNESCO que realizó en 1976 con motivo de la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas de Comunicación en América Latina y el Caribe convocada en San José de Costa Rica, la declaración es la siguiente:

  • Que el hombre tiene la necesidad vital de expresarse, debiendo garantizarse por tanto la facultad libre y espontánea de relacionarse dentro de la comunidad.
  • Que esta actitud humana se manifiesta en todo tiempo y lugar y en toda clase de organización social.
    Que en su afán de comunicarse el hombre ha creado las más diversas formas y medios que constituyen todas las expresiones de la cultura.
  • Que es un derecho humano el acceso a todos los bienes de la cultura y la participación libre y democrática en las varias manifestaciones del espíritu.
  • Que debido al incremento de la población y al aumento consiguiente de sus necesidades espirituales y materiales, el talento científico del hombre ha creado medios o instrumentos cada vez más eficaces que facilitan el acercamiento y la comunicación de la especie.
  • Que estos medios forman parte de los recursos de la sociedad, del patrimonio científico de la humanidad y por lo mismo constituyen componentes fundamentales de la cultura universal. Que existen sectores de población que han de salir todavía del aislamiento en que se encuentran llevándolos a comunicarse entre sí y a ser informados del acontecer nacional y universal.
  • Que todos los miembros de la sociedad son responsables de velar por el uso pacífico y benéfico de los medios de difusión de la comunidad.
    Que todos los Estados tienen obligaciones y responsabilidades sociales, económicas y éticos en todo cuanto se refiere al estímulo, apoyo, promoción y difusión de bienes de la comunidad para el desarrollo integral, individual y colectivo.
  • Que establecer planes y programas para el uso extensivo y positivo de los medios de comunicación dentro de las políticas de desarrollo debe ser responsabilidad conjunto del Estado y los miembros de la sociedad.
    Que las políticas nacionales de comunicación deben concebirse en el contexto de las propias realidades, de la libre expresión del pensamiento y del respeto a los derechos individuales y sociales.
  • Que las políticas nacionales de comunicación deben contribuir al conocimiento, comprensión, amistad, cooperación e integración de los pueblos, en un proceso de identificación de anhelos y necesidades comunes, respetando las soberanías nacionales, el principio jurídico internacional de no intervención entre los Estados y la pluralidad cultural y política de las sociedades y los hombres, en la perspectiva de la solidaridad y paz universales.
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