Lo que oculta la manipulación mediática sobre Venezuela
La intensa y constante campaña mediática que acosa al gobierno de Venezuela no se surte solo de manipulaciones, falsedades y medias verdades, el silencio sobre políticas que podrían ser ejemplo para otras sociedades en similares circunstancias hace más daño al proceso, porque hace invisibles sus conquistas, y con ello reduce el apoyo que recibe Nicolás Maduro.
Hace solo unas horas, la Asamblea Nacional Constituyente, que es la que ejerce el poder legislativo del país, gracias a un apoyo de más de ocho millones de personas que superaron el boicot de la oposición -que suscitó el apoyo de tres millones-, ha aprobado una ley que aumenta los impuestos de las grandes fortunas del país.
Como se ha podido comprobar en la reciente campaña electoral española, el tema de los impuestos es víctima de una ignorancia provocada por el modelo neoliberal, que ha logrado imponer la idea de que los impuestos “son malos” porque “pagamos más“. Ese uso perverso del “nosotros” engaña a la mayoría social, que piensa que un aumento de los impuestos, siempre les afectará a ellos.
Sin embargo existen muchos tipos de impuestos. Los indirectos, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), afecta a la población de una manera injusta, porque todos -desde Ana Botín hasta un trabajador precario de Glovo– pagan lo mismo, sin importar su salario. Los directos, como el que se acaba de aprobar en Venezuela, son más justos ya que permiten una redistribución de la riqueza, porque van dirigidos a sectores concretos que poseen enormes fortunas, que tienen que pagar más que quienes no las poseen.
Por lo tanto el gobierno de Venezuela demuestra en la práctica que se pueden subir los impuestos sin afectar a la mayoría social. En este caso, las personas que residan en el país caribeño y tengan activos superiores a los 250.000 euros, (no cuenta la primera vivienda a no ser que tenga un valor superior a 472.000 euros, ni tampoco ropa, zapatos, prestaciones sociales de los trabajadores, bienes de propiedad comunal, activos que se utilicen para la agricultura, ni la producción de alimentos), deberán pagar tasas que van desde el 0,25% hasta el 1,50% anual, de forma progresiva según va aumentando el valor de los activos.
La ley está destinada a paliar el déficit fiscal del país producido a causa de la guerra económica y las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump.