La ausencia de neutralidad invalida a Michelle Bachelet como Alta Comisionada de la ONU

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es una entente internacional que simplemente es el reflejo de la batalla política entre los que apoyan el actual sistema económico, y los que quieren derribarlo para construir un modelo diferente con una visión más social y solidaria.

Por lo tanto, cada una de sus oficinas y agencias no trabajan en base a una política consensuada por todos los países, sino que los políticos y diplomáticos que llegan hasta allí para dirigirlas, siguen trabajando en base a sus intereses de clase social. Pese a los esfuerzos de la ONU por aparecer como un agente neutral, que sustenta su acción en el diálogo para solucionar los problemas, no cuenta con un control efectivo sobre sus agentes que pueda garantizarlo.

Desde hace varios años viene sucediendo con una de las oficinas más importantes mediáticamente hablando, la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Desde 2014 hasta 2018 estuvo ocupada por un diplomático de Jordania, Zeid Ra’ad Al Hussein, plegado a los intereses de Estados Unidos (EEUU) e Israel.

Desde su oficina se elaboraron informes demoledores contra Venezuela, basados en noticias de periódicos opositores y declaraciones de la derecha venezolana. Con ellos, EEUU y la oligarquía de Venezuela pudieron revestir de credibilidad democrática los ataques a la institucionalidad venezolana en forma de boicot económico interno, y terrorismo aplicado por fuerzas paramilitares conocidas como guarimbas, en las que participó Juan Guaidó.

Con la llegada de Michelle Bachelet, procedente de la socialdemocracia moderna de América Latina, muchos sectores consideraron que la oficina, ahora de la Alta Comisionada, retomaría un tono diplomático que reestablecería la necesaria neutralidad que le se exige a todo árbitro a la hora de mediar entre dos actores enfrentados.

Sin embargo la realidad ha llegado en forma de un informe que ha hecho trizas esas pretensiones. Michelle Bachelet estuvo en Venezuela varios días, reuniéndose con las dos partes en conflicto, conociendo a las Víctimas de las Guarimbas y atendiendo los reclamos y explicaciones de los representantes del gobierno más atacado, tanto mediática como política, diplomática y económicamente, del mundo.

Sin embargo hubiera dado igual que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas no hubiera pisado tierra caribeña, porque en su informe solo se recogen los argumentos de la oposición, que aparecen corroborados con noticias y artículos de opinión, sin ningún rigor científico, publicados por medios de comunicación de derecha.

Durante los gobiernos de Michelle Bachelet como presidenta de Chile, sus políticas neoliberales provocaron huelgas de estudiantes, movilizaciones de pueblos indígenas que fueron reprimidas salvajemente, pérdida de derechos laborales, de poder adquisitivo… Sin embargo los medios de comunicación masiva establecieron con ella el mismo argumento que con la izquierda socialdemócrata que sirve como muro de contención de la izquierda transformadora, y por lo tanto, del pilar del actual sistema económico capitalista: “ella es de izquierdas, no quiere tomar estas medidas, pero por responsabilidad de Estado debe hacerlo“.

Como agente de la ONU, Michelle Bachelet estaba fuera de esos límites impuestos, supuestamente, por responsabilidad de Estado, pudiendo dar rienda suelta a los valores de sinceridad, honestidad y coherencia que identifican a la izquierda, convirtiéndose en el árbitro que Venezuela necesita para escuchar a las dos partes en conflicto, y sustentar de manera decidida un diálogo que avanza por la cuerda floja.

Pero Michelle Bachelet prefirió actuar de espaldas a la mayoría social, en favor de la oligarquía de Venezuela. En su informe se invisibiliza a una de las dos partes, precisamente a la que alcanza el poder mediante elecciones, posicionándose con los golpistas, manteniendo a la oficina de la ONU a la que representa en la órbita diplomática de EEUU, lo que convierte en imposible alcanzar la necesaria credibilidad de una organización que aspiraba a garantizar la paz.

Juan Guaidó ha pedido en varias ocasiones el bombardeo de su propio país por parte de una potencia extranjera.