Por primera vez en la historia de Ecuador, el campo científico (investigadores, académicos, científicos y médicos entre otros profesionales), han abandonado la neutralidad política mantenida hasta ahora para apoyar al pueblo de Ecuador que sale a las calles, y cargar duramente contra contra el presidente de Lenín Moreno y sus políticas neoliberales.

Esta oportunidad histórica de observar la solidaridad política del campo científico, ha llegado en forma de carta abierta a la redacción de ElEstado.Net, medio de comunicación escogido por estos profesionales para comunicar a Ecuador, América Latina y el Mundo, que alzan su voz en contra de las injusticias cometidas por el régimen contra la mayoría social. A continuación se reproduce de manera íntegra la Carta Abierta para conservar el significado, políticamente histórico de la misma.

Carta Abierta al Gobierno del Ecuador

Frente a las medidas económicas adoptadas por el gobierno liderado por el presidente Lenín Moreno Garcés y las subsecuentes reacciones ciudadanas, el conjunto de académicos e investigadores que suscriben este manifiesto desean expresar:

1. El apoyo a la protesta social de los sectores indígena, campesino, mujeres y universitario quienes en uso de su legítimo derecho a la resistencia manifiestan su inconformidad ante las medidas económicas adoptadas por el gobierno mediante el Decreto Ejecutivo N°883. Las medidas económicas priorizan las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), van en detrimento de las necesidades del país, y profundizan las desigualdades ya existentes tal como lo demuestra la evidencia científica para países de medianos ingresos, como el Ecuador [1]. Esto podría tener repercusiones no solo en la economía nacional, sino también costos sociales tangibles. Este hecho ha sido ampliamente advertido a nivel internacional [2-4].

2. El rechazo y condena al uso brutal de la fuerza pública al reprimir a los manifestantes, pues esto evidencia una falta de respeto a los procedimientos civiles y derechos humanos. Estos actos de violencia contra la sociedad han sido un factor constante que ha marcado estas jornadas de represión. Creemos firmemente que quienes están al mando de la fuerza pública deben abstenerse de emitir comunicados incendiarios que motivan un enfrentamiento brutal entre población civil y militares. El pueblo está en total desventaja y vulnerabilidad, más aún con la inmediata declaratoria de estado de excepción. Actos como estos sólo ahondan la crisis social. Evitemos la creación de escenarios que ponen en riesgo la vida de la población civil y que, a largo plazo, profundizan el estigma generalizado hacia las instituciones de la fuerza pública.

3. Preocupación sobre los efectos que las medidas económicas adoptadas tendrán en la educación y para la generación de ciencia, tecnología e innovación en el país. No hay garantías de que se incrementará la inversión en dicho sector al no existir una ruta de redistribución de los recursos procedentes de la eliminación de los subsidios. Si bien, en los últimos años, las políticas públicas permitieron que la producción científica ecuatoriana crezca [5] 5,1 veces entre el 2006 y el 2015, superando la media de la región que es de 1,77 veces [6], aún se requiere mayor inversión en este campo. Hasta el momento, no ha existido un pronunciamiento de cómo se hará cumplir la meta de “Incrementar el porcentaje de inversión sobre I+D como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) del 0,44% al 0,48%” propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 [7], lo cual pone en riesgo la generación de nuevas patentes y publicaciones científicas.

4. Inquietud dado que las medidas apuntan a disminuir la capacidad de pago de la población; como resultado, éstas disminuyen la capacidad recaudatoria del Estado. Esto podría afectar la liquidez y financiamiento del “Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico”, el cual es financiado con la recaudación del Impuesto a la Renta y el Impuesto al Valor Agregado. Este desfinanciamiento afectará la gestión de las universidades e institutos públicos y cofinanciados mermando su capacidad de aportar a la generación de conocimiento e innovación que propiciarán un desarrollo soberano que disipará la dependencia con los países desarrollados.

5. Nuestro rechazo a la precarización laboral y a la regresión de los derechos laborales en las medidas adoptadas para trabajadores del sector público y privado. Reconocemos que el sector público desempeña un rol importante en el desarrollo del país y no puede ser tratado con el estigma de ser una carga para el gobierno. Tampoco es válida la excusa de que estas medidas incrementarán el número de plazas de empleo disponibles. Este argumento fue usado para perdonar más de USD 4000 millones a grupos empresariales; sin embargo, desde esa fecha a la actualidad, cerca de 40 mil personas han perdido su empleo en el último año [8].

6. Advertimos que la implementación de estas medidas podría incrementar la desigualdad social y los niveles de pobreza ya existentes en el país. Recordemos que la pobreza por ingresos afecta al 25,5% de la población ecuatoriana [8] y que muchos viven con menos de 1 dólar diario. Precisamente, este sector de la población será quien asuma las mayores consecuencias de estas medidas. Aumentar la cobertura del Bono de Desarrollo Humano no es una alternativa eficiente y tampoco es sostenible a largo plazo, pues, así como los subsidios, ésta debe ser considerada como una medida paliativa mientras se crean las condiciones necesarias para reducir las brechas de desigualdad existentes.

7. Rechazamos las expresiones emitidas por el gobierno central que intentan justificar la eliminación de los subsidios con el argumento de que esta medida contribuirá a combatir el cambio climático. Un incremento en los precios de los combustibles no promoverá disminuciones significativas en su demanda [9]. Este argumento carece de credibilidad, pues no existe claridad sobre las metas de reducción de emisiones producto de la eliminación de los subsidios. Esto tampoco se refleja en los documentos oficiales sometidos a la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático [10].

8. Por último, rechazamos el incumplimiento del plan de gobierno [11] por el cual muchos ecuatorianos votaron en las pasadas elecciones. Lo estipulado en el plan de gobierno que venció en las urnas no concuerda con el rumbo que ha tomado la política económica nacional. Esto constituye un accionar autoritario y antidemocrático por parte del gobierno central.
En este contexto, el presente documento exhorta y convoca a los miembros de la academia y ciencia nacional a unir esfuerzos para elaborar una agenda nacional en la que se proponga una hoja de ruta científica y tecnológica que posibilite identificar estrategias económicas que prioricen el bienestar de la población en general y busquen proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Quienes firmamos el presente manifiesto, privilegiados por haber accedido a oportunidades de educación superior en diversas áreas y en varias partes del mundo, expresamos nuestro compromiso de aportar en la generación de conocimiento para lograr un desarrollo científico y económico equitativo y sostenible para nuestro país.
Nos mantendremos vigilantes ante medidas que puedan poner en riesgo el bienestar de la población ecuatoriana. Creemos que este es un momento histórico en el cual las leyes y medidas gubernamentales deben ser establecidas con base en evidencia científica y con un enfoque que sea coherente con nuestra realidad nacional.

Octubre, 2019.

Adherentes

• Amanda Páez García. Médico e investigadora.
• César Paz y Miño. Investigador biomédico y docente universitario.
• María Augusta Hermida Palacios. Arquitecta.
• María del Carmen Miranda. Cirujana plástica, reparadora y estética e investigadora.
• Olga López. Docente e investigadora.
• Natalia Gangotena. Médico y nutricionista.
• Andrés Chiriboga Tejada. Sociólogo y docente.
• Cristina Delgado Rivera. Educadora.
• Rafael Alvarado. Investigador en economía aplicada.
• Daniel Vizuete Sandoval. Ingeniero en biotecnología e investigador en ciencias sociales.
• Juan Carlos Pulido. Abogado especialista en derechos fundamentales, docente universitario.
• Carla Hermida. Estudios urbanos.
• Ana Ochoa Sánchez. Recursos hídricos.
• Luis Viteri Jumbo. Investigador en entomología
• Paul Eguiguren. Investigador en silvicultura y ecología forestal.
• Giovany Albarracín Vélez. Arquitectura y urbanismo.
• Fabián Tamayo. Investigador en ciencias forestales.
• Juan Iñamagua. Investigador en agroforestería y cambio climático.
• Maka Suárez. Antropología
• Tatiana Ojeda. Investigadora en ciencias forestales y economía forestal.
• María Belén Morán Gortaire. Médica.
• Fidel Vallejo Gallardo. Ingeniero químico especialista en procesos.
• Vanesa Granda. Docente e investigadora en ciencias forestales.
• Raúl Francisco Pérez Tasigchana. Medicina y salud pública.
• Fernando Cornejo León. Médico psiquiatra, neuropsicofarmacología, docente e investigador.
• Rubén Darío Chiriboga. Medicina familiar y docente universitario.
• Luis Bagatolli. Investigador del Instituto Ferreyra-INIMEC-CONICET.
• Catalina Campo Imbaquingo. Antropóloga, etnobióloga e investigadora.
• Rina Pazos Padilla. Abogada y docente investigadora.
• Wilma Freire. Investigadora.
• Edgar Vinueza Aguirre. Medicina familiar y comunitaria, docente universitario.
• María José Mendieta. Médico e investigadora.
• Gonzalo Paredes. Economista, catedrático e investigador.
• Natalia Samaniego Rojas. Docente e investigadora en recursos hídricos.
• Dámaris Intriago. Investigadora biomédica y docente universitaria.
• Darío Alfredo Veintimilla. Docente e investigador en ciencias forestales.
• Elena Cabezas. Médico de familia y docente universitaria.
• Esperanza Arévalo. Médico de familia y docente universitaria.
• Andrés Sotomayor Paredes. Médico.
• Diego Jiménez-Jiménez. Neurofisiología y epilepsia.
• Diana Yanez. Medicina e inmunología.
• María de Lourdes Miranda. Abogada, docente e investigadora.
• Carla Estrella. Lógica y filosofía de la ciencia.
• Enrique Santiago Aguilar Alvarez. Especialista en medicina familiar.
• César Rafael Narváez Carrión. Docente de idiomas.
• María Verónica Iñiguez Gallardo. Manejo de biodiversidad, ciencias sociales para la conservación.
• Fabián Reyes Bueno. Investigador en gestión del territorio.
• Claudia Ramón Vivanco. Investigadora en manejo y gestión de recursos naturales.
• Jackelinne Andrea Castillo Villalta. Ingeniera química.
• Julio Andrade Acurio. Músico y docente universitario.
• Iván Bladymir Morillo Víllarreal. Biología de la conservación.
• Edwin Duque Yaguache. Ingeniería civil – ingeniería sismorresistente e investigador.
• Iván Pinto. Psicología clínica.
• Leonardo Ortega López. Biología ambiental y evolutiva.
• Katherine del Salto. Docente universitaria.
• David Acurio Páez. Salud familiar y comunitaria y antropología.
• Anderson Argothy. Docente investigador.
• Enrique Santos Jara. Docente universitario e investigador en ciencias sociales.
• Mario Armando Arévalo Guarnizo. Artes musicales y docencia universitaria.
• Nelson Mosquera Flor. Médico y profesor universitario.
• Willams Panchi Culqui. Cultura física y recreación.
• Marlon Cobos. Investigador en ecología y biología evolutiva.
• Fernando Gordillo. Investigador en economía forestal.
• Diego Jiménez. Bosques.
• Nathaly Marzo Paez. Administración en salud.
• Alexis Matute. Bioquímica y biología Molecular.
• Eduardo Chica. Agricultura.
• Juan Maita. Docente e investigador en biogeografía.
• Pablo Álvarez. Investigador en ciencias de la tierra.
• Pablo Burbano. Médico de urgencias extrahospitalarias.
• Jaime Maldonado. Médico.
• Ximena Palomeque. Docente e investigadora en ecología y restauración.
• Daniela Rivero Mendoza. Ciencia de los alimentos y nutrición humana.
• Nathalia Viviana Lescano Galeas. Jurisprudencia.
• Tania González Rivadeneira. Etnobiología.
• Diana Morán. Economista.
• Manuel Capella. Psicología.
• Stefano Torracchi. Bioestadística y bioinformática.
• Diego Fernando Nájera. Política y economía de salud.
• Antonio Malo Larrea. Ecología política.
• Ximena Cordero Martínez. Investigadora.
• Christian Cruzatti. Investigador.
• Bryan Sánchez. Ingeniero geógrafo y del medio ambiente.
• Carolina Calero. Ciencias humanas y antropología visual.
• Estefanía Acurio. Planificación y ordenamiento territorial para el desarrollo.
• Erika Martínez Bravo. Hidrología y manejo de recursos hídricos.
• María Fernanda Acosta Altamirano. Antropología.
• Rafael Alvarado. Economía aplicada.
• Darlin Gonzalez Zaruma. Investigador en mejoramiento genético forestal.
• Miguel Gualoto. Ingeniería ambiental.
• Anabel Bilbao. Sociología política.
• Pamela Merino. Salud pública y salud laboral.
• Elizabeth Guevara Aguay. Gestión cultural.
• Laura Alejandra Terreros Bejarano. Psicóloga social y educación.
• Byron Cevallos Trujillo. Pedagogía social y educación ambiental.
• Valeria Fárez. Ecohidróloga y docente universitaria.
• Amanda Tello. Antropóloga.
• Mónica Patricia Pacheco Bracho. Antropóloga y docente universitaria.
• Deicy Carolina Lozano Sivisaca. Conservación de recursos naturales.
• Gustavo Adolfo Vásconez Salazar. Ingeniero forestal.
• Mario Heredia. Sistemas energéticos y alteraciones climáticas.
• Diego Moya. Energía y economía.
• Diego Carriel López. Bioquímica y biología molecular.
• Marco Gabriel Bastidas Puentestar. Estudiante.
• Guillermo Miranda. Animación 3D, artes y docente.
• Lindberg Valencia Zamora. Artes.
• Dalia Elena Romero. Demografía y salud pública.
• Iván Santiago Paredes Vanegas. Derecho tributario.

Internacionales

• Gabriela Diker. Rectora Universidad Nacional de General Sarmiento (Argentina).
• Alicia Boheren. Rectora Universidad Nacional de Misiones (Argentina).
• Fabián Calderón. Rector de la Universidad Nacional de la Rioja (Argentina).
• Juan Castelucci. Rector de la Universidad de Tierra del Fuego (Argentina).
• Sandra Torlucci. Rectora de la Universidad Nacional de las Artes (Argentina).
• Jorge Rachid. Médico cirujano y salubrista. (Argentina).
• Leticia Ceriani. Psicóloga y docente universitaria (Argentina).
• Alicia Stolkiner. Investigadora y Docente UBA y UNLa. (Argentina).
• Daniel Gollan. Médico Sanitarista (Argentina).
• Mario Rovere. Médico Sanitarista y Docente universitario (Argentina).
• Federico Kaski. Médico especialista en psiquiatría y Sanitarista. Docente universitario (Argentina).
• Nicolás Kreplak. Médico clínico y Sanitarista. Docente universitario (Argentina).
• Ana Jaramillo. Rectora Universidad Nacional de Lanús (Argentina).
• Aníbal Satler. Rector Universidad Provincial de Entre Ríos (Argentina).
• Carlos Castillo-Chavez, Ex-Rector de Yachay Tech, Professor Arizona State University.
• Gustavo Crusafuli. Rector Universidad Nacional Comahue (Argentina).
• Mabel Grimberg. Ciencias antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires (Argentina).

Referencias citadas en el texto

[1] Forster y otros. (2019). How structural adjustment programs affect inequality: A disaggregated analysis of IMF conditionality, 1980–2014. Social Science Research. Disponible en: http://www.tstubbs.net/uploads/4/0/5/3/40534697/forstertetal2019.pdf.

[2] Daoud, A., Nosrati, E., Reinsberg, B., Kentikelenis, A. E., Stubbs, T. H., & King, L. P. (2017). Impact of International Monetary Fund programs on child health. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(25), 6492-6497. doi: 10.1073/pnas.1617353114.

[3] Kentikelenis, A. E., Stubbs, T. H., & King, L. P. (2015). Structural adjustment and public spending on health: evidence from IMF programs in low-income countries. Soc Sci Med, 126, 169-176. doi: 10.1016/j.socscimed.2014.12.027.

[4] Thomson, M., Kentikelenis, A., & Stubbs, T. (2017). Structural adjustment programmes adversely affect vulnerable populations: a systematic-narrative review of their effect on child and maternal health. Public health reviews, 38, 13-13. doi: 10.1186/s40985-017-0059-2.

[5] Feyen y otros. (2016). Improving the publication visibility of Ecuador’s higher education system. Maskana, Vol 7, N°2.

[6] Castillo y Powell. (2019). Análisis de la producción científica del Ecuador e impacto de la colaboración internacional en el período 2006-2015. Revista Española de Documentación Científica. Vol 42, N° 1. Disponible en: http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/view/1031/1660.

[7] Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, Senplades. (2017). Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 – “Toda una Vida”. Disponible en: http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/10/PNBV-26-OCT-FINAL_0K.compressed1.pdf.

[8] INEC. (2019). Encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo (ENEMDU). Indicadores laborales junio 2019. 50 p.

[9] Brons M. Nijkamp P., Pels E., Rietveld P. (2008). A meta-analysis of the price elasticity of gasoline demand. Energy Economics 30 (5): 2105-2122.

[10] República del Ecuador. (2019). Primera Contribución Determinada a nivel Nacional para el acuerdo de París bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Disponible en: https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Ecuador%20First/Primera%20NDC%20Ecuador.pdf.

[11] Alianza País. (2017). Plan de gobierno 2017-2021. Disponible en: http://cne.gob.ec/images/d/2016/Elecciones_2017/Plan_de_Trabajo/Alianza%20Pais_lista%2035.pdf