Muchos medios de comunicación alternativos, comunicadores en las redes sociales y periodistas han difundido la violencia injustificada, que las fuerzas de seguridad de Chile y España han aplicado de manera brutal a los manifestantes pacíficos que pedían la suspensión de los aumentos del pasaje en el transporte público, y poder votar, respectivamente.
Por ese mismo motivo, en el presente artículo no se reproducirán esos vídeos que hieren la sensibilidad de cualquiera al que el capitalismo no le haya robado los valores que son intrínsecos a la humanidad tales como la sensibilidad, la empatía y el rechazo al sufrimiento de otros.
Porque se hace necesario analizar el motivo de esta respuesta tan absolutamente desproporcionada a aspiraciones legítimas en democracia, como lo son protestar por la pérdida de poder adquisitivo en Chile, y por querer alcanzar un objetivo territorial mediante las urnas, la mayor expresión legal de voluntad popular en la democracia representativa que rige, nominalmente al menos, en España, y por lo tanto en Cataluña.
Las fuerzas de seguridad de ambas naciones parecen haberse dado una vuelta por la historia reciente de sus países, para inspirarse en sus homólogos que se dedicaban a reprimir, siempre y sin límites democráticos, a la oposición a las dictaduras que regían con puño de hierro las sociedades de Chile y España. Hoy responden mejor al calificativo “fuerzas represivas” que “fuerzas de seguridad“.
No solo porque reprimen como en una dictadura, sistema que no reconoce a su contrario como un interlocutor social válido, por lo que trabaja en hacerlo desaparecer, mediante el miedo que invade a la sociedad cuando se desencadena una represión que llega a escandalizar a la Comunidad Internacional, sino porque solo ofrecen seguridad a los ciudadanos con ideología fascista que salen a la calle como refuerzo de las fuerzas represivas, que los protegen y permiten que cacen, provocando una violencia social que desgarra el tejido democrático de la misma, consiguiendo que el abismo que separa a los diferentes sectores en liza, se haga insalvable. Se vuelan todos los puentes.
Estas situaciones son típicas de dictaduras, como lo hemos visto en Honduras y en Ecuador recientemente, pero Chile y España, son dos democracias asentadas, según los relatos que sus oligarquías nacionales han vendido en sus medios de comunicación sobre ambos países.
Las democracias se sientan a negociar para evitar derramamiento de sangre. Las democracias sostienen diálogos entre las partes enfrentadas para encontrar acuerdos que no rompan el tejido social, y permitan avanzar las aspiraciones populares dentro de los cauces democráticos establecidos en sus constituciones, porque si una democracia niega la posibilidad de que las aspiraciones populares se puedan materializar con las herramientas legales dispuestas para ello -como un referéndum-, abre la puerta, a sabiendas, a una expresión que se puede convertir violenta al no disponer de otra manera de conseguir sus intereses.
Que la oposición sea violenta es lo que le permite a una dictadura disponer de justificación para no tener que negociar ningún aspecto del problema, y le habilita para reprimir con fuego real, pudiendo asesinar impunemente. Chile ya ha alcanzado la escalofriante cifra de 15 muertos a causa de la represión de la protesta pacífica. España ha provocado heridos graves. Ambas naciones se están comportando como unas dictaduras a la hora de afrontar la protesta social y pacífica.
Una situación completamente lógica si se observa con atención la realidad tras el relato oligárquico sobre las transiciones hacia la democracia que protagonizaron ambos países. Las normas supremas de los ordenamientos jurídicos de ambas naciones tienen su origen en las dictaduras de Augusto Pinochet y de Francisco Franco, por lo que no se puede hablar de democracia cuando los límites que rigen a sus sociedades fueron impuestos por redactores que concebían la sociedad con ideología fascista.
La Constitución de Chile vigente hoy en día fue redactada durante la dictadura de Pinochet en 1980, y ha tenido una reforma que no ha variado los pilares de la dictadura, en cuanto ha consentido la impunidad de los crímenes cometidos por ella, y no ha juzgado a los torturadores, ni a los responsables del sistema de represión del Estado establecido por el traidor a Salvador Allende. Sin justicia no hay base para la democracia.
Lo mismo sucede en España, cuya vigente constitución fue redactada por una mayoría franquista que no se cansaba de recordar que, o se aceptaba lo que había o se regresaba a la dictadura por un “ruido de sables” que ellos mismos controlaban.
En el Estado español, además, la actual democracia, que más bien se puede considerar como un régimen de libertades formales, ha respetado no solo la justicia franquista surgida de un golpe de estado, sino que ha consentido que el robo de las propuedades de los republicanos por parte de los fascistas, siga manteniendo la jerarquía social heredada de la dictadura.
No solo las fuerzas policiales y militares son dirigidas por franquistas, sino que quienes toman las decisiones que conducen de manera directa a la represión que se está viviendo, mantienen su posición adquirida tras el robo de bienes y propiedades a los que se posicionaron en favor de la democracia emanada de las urnas durante la II República.
Por lo tanto, en Chile y en España se reprime porque quienes ordenan la represión y los que la ejercen, son hijos de las dictaduras de Pinochet y Franco, y han logrado importar sus maneras hacia unas democracias que al final solo lo son en apariencia.
La idea del “calla y acepta” del fascismo pinochetista se expresa en cada chileno asesinado a causa de la represión. La idea de la “Unidad de España” de Franco, es lo que defiende la Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra cuando dejan tuertos unos, y malheridos los otros, a los manifestantes que se sientan en las calles y levantan las manos en favor de un voto que no parece que sea posible mientras perviva la dictadura de Franco en su hijo político: el Régimen del 78.
