Parte del pueblo catalán se ha movilizado en protesta por la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo en el juicio a políticos independentistas catalanes. No pocos juristas han mostrado razonadamente su sorpresa por el delito que los magistrados dan por probado, el de sedición.
Los catalanistas han aguardado a lanzarse a la calle hasta conocer la sentencia, que exigían absolutoria, dado que jamás hubo violencia fuera de la normal en democracia entre policías antidisturbios y ciudadanos libres. Las manifestaciones están siendo masivas, como ningún otro movimiento en España ha conseguido desde la Marcha de la Dignidad de 2014.
Hasta entonces, el movimiento independentista no había pedido ex profeso la participación en su pulso contra los distintos Gobiernos de Madrid a la izquierda española. Se bastaron ellos solos, conservadores y socialdemócratas, con la extrema izquierda nacionalista catalana como comparsas, para organizar sus macromanifestaciones, Diadas y referendos, no convocaron a sus reuniones tácticas a ninguna organización estatal de izquierdas, tal vez a sabiendas de que esta izquierda tiene otras preocupaciones distintas a las de una guerra de banderas, al menos hasta la sentencia del TS.
Sentencias indignantes las ha habido desde 1978. Por ejemplo, y que les ataña a los nacionalistas, la del Tribunal Constitucional en 2010 declarando inconstitucionales varios artículos del ya desdibujado estatuto aprobado en referéndum por los catalanes, previo paso positivo por el Parlament, el Congreso y el Senado. Nadie recuerda ninguna movilización ciudadana ni el envío de refuerzos policiales para contenerla. Fue el primer aviso de que el Régimen del 78 no admitía veleidades cuasiseparatistas. Pero no causó tanta indignación como para apelar a la solidaridad obrera española.
Como tampoco causaba indignación en las filas nacionalistas catalanas las cargas policiales contra los trabajadores de los astilleros gallegos en la salvaje reconversión industrial de los años ochenta del gobierno del PSOE. No recuerdo ninguna movilización masiva de los independentistas catalanes de aquellos años en favor de los trabajadores que perdían su medio de vida. Quizás todavía tenían muy presentes su participación en la redacción de la muy borbónica Constitución del 78, nada menos que en la figura de Miquel Roca, el abogado de la infanta Elena, consejero en varias multinacionales.
Tampoco causó indignación en las filas separatistas catalanas que sus representantes no consintieran en 1993 la creación de una comisión de investigación de los GAL, no en vano eran aliados de Felipe González en el Congreso. La guerra sucia del Gobierno de Madrid no afectaba a la buena marcha de las idílicas relaciones del separatismo con el socialismo español. No mereció ninguna movilización de sus filas, no es que estuvieran de acuerdo con ese sucio proceder, pero por su obstrucción a la búsqueda de la verdad, tampoco les molestaba.
Libertad de voto, en contradicción con su votación positiva a la integración en el Congreso, dio la derecha catalanista en 1986 a sus bases y simpatizantes en el referéndum sobre la permanencia en la alianza militar más criminal de la historia, la OTAN. La izquierda hizo clara campaña por el no, hasta el punto de crearse la coalición Izquierda Unida. Pudo haber ayudado a la izquierda española en una de las decisiones más comprometedoras contra la paz de las naciones que adoptaba un Gobierno español en democracia.
1996, Pacto del Majestic. Pacto con el partido que antes de ser el mayoritario en minoría acusaba de vendepatrias al partido socialista por haber pactado con ellos. Las bases catalanistas no rechazaron con manifestaciones masivas el pacto con los herederos del franquismo. Seguían bien acomodados en el bipartidismo de la Constitución del 78.
Los catalanistas no llaman a la toma de las calles por la reforma del artículo 135 de la Constitución. En el Congreso no votan la reforma porque así no se permite a Cataluña fijar su déficit y los excluye del consenso constituyente, es decir, ofendidos por no haber participado en la mayor operación de cesión de soberanía por el Gobierno español. El que trajera como consecuencia el desmantelamiento del flojo estado de bienestar no les parecía motivo suficiente para arrimar el hombro con la izquierda y convocar a sus bases a la movilización.
Se acabaron en 2012 las subvenciones al carbón. Luchas en carreteras y pueblos de las cuencas mineras del carbón. Circulan imágenes de tomas de localidades norteñas por parte de los cuerpos de seguridad como si fueran tiempos de guerra, sin respetar niños ni vecinos pacíficos, todos son tenidos por enemigos. Los catalanistas no convocan manifestaciones solidarias con los represaliados, ni tampoco creen conveniente convocarlas ante el violento recibimiento policial a los mineros en su manifestación en Madrid.
A principios de 2015 el TS, con el magistrado Marchena como ponente, la vida tiene estas bromas, rectifica la condena absolutoria de la Audiencia Nacional a los detenidos por la concentración ante el Parlament en los días 14 y 15 de junio de 2011, y los condena a tres años de cárcel. La concentración fue en protesta por los recortes sociales. Los dirigentes nacionalistas no descansaron hasta conseguir la pena de cárcel para aquellos que en Cataluña osaron reivindicar algo que no fuera separatismo, y sus bases no salieron espontáneamente a las calles a mostrar su indignación por la condena del juez Marchena, tal vez porque sus reivindicaciones solo fueron sociales.
Con este bagaje de desencuentros se hace muy cuesta arriba a la izquierda española convocar a sus bases y simpatizantes a apoyar a los separatistas catalanes en su pulso al Estado opresor. La lucha será larga, los separatistas la acaban de empezar y nosotros llevamos más de dos siglos en ella, y habrá ocasión de sopesar si esa vergonzosa sentencia del TS ha abierto la acusación de sedición a cualquier concentración reivindicativa de derechos humanos en España. Si así fuera, Joan Tardá lo anunció en la tribuna del Congreso, la hermana República Catalana prenderá la mecha que acabará con el régimen borbónico corrupto.
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