La paradoja del golpe de estado

Latinoamérica se encuentra en disputa. Mientras la izquierda aún celebraba las victorias de los Fernández en Argentina y la libertad de Lula en Brasil, el domingo reciente hubo un golpe de estado al presidente constitucional de la República Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma.

Golpes de estado han existido desde siempre; no obstante, cabe analizar y preguntarse cuándo es legítimo y cuándo no. Lo que hay que tener claro es que un golpe de estado siempre va a ser romper las reglas del «juego», quebrar el marco de la democracia si el presidente de turno fue elegido de forma constitucional.

Para algunos representantes del doble rasero, el golpe de estado es bueno si el que gobierna no me agrada o es mi adversario político e ideológico, ahí es legítimo el levantamiento popular y el estallido social; y en cambio, el golpe es malo cuando el gobernante es de mi afinidad y representa mis intereses políticos, por tanto, se tiene que respetar la democracia y el orden constitucional.

Si la izquierda mira los gobiernos de Sebastián Piñera en Chile y de Lenín Moreno en Ecuador, inclusive el desastre económico de Argentina con Mauricio Macri, estoy casi seguro que avalaría la salida de estos presidentes, y la derecha diría que es golpe de estado.

Sucede lo mismo con la derecha en cuanto les nombras los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Cuba; es lo que han venido intentando todos estos años y siempre han fracasado. El golpe de Estado es válido para algunos según quien esté en el poder.

Un golpe de estado jamás puede ser ni legal ni legítimo por ningún motivo. Legal es destituir a un presidente a través de mecanismos constitucionales. En Ecuador por ejemplo, está la figura de revocatoria del mandato (15% del padrón electoral y aprobación del Consejo Nacional Electoral para consulta popular) según el artículo105, y art. 130 el de «muerte cruzada» (destitución del presidente por grave crisis política y conmoción interna, y elecciones inmediatas).

En Chile, la figura de acusación constitucional ante actos que comprometan la seguridad de la nación o la violación a la constitución y las leyes, según el artículo 52. En Bolivia el art. 241 (por iniciativa ciudadana, transcurrido al menos la mitad del periodo del mandato y antes del último año), En Venezuela, según el art. 72 (en los 3 primeros años, con el 20% de padrón electoral). En este país donde por cierto, ya se dio un referéndum revocatorio en 2004, en el que el CNE dio paso a la solicitud ciudadana, y Hugo Chávez ganó.

El problema de este tipo de mecanismos constitucionales pasa por la afinidad de las instituciones del estado con el gobernante, lo cual impide algunas veces que estos mecanismos se ejecuten. Cuando no hay separación de poderes, y desde el poder ejecutivo se controla todas las instituciones del estado como sucede en Ecuador, es muy difícil que se dé apertura a una revocatoria del mandato. Entonces, ¿qué se debería hacer?

En Ecuador, entre 1996-2005 se destituyeron tres presidentes por golpes de estado en los que estuvieron involucradas las Fuerzas Armadas entre otros actores. Hoy muchísimos ecuatorianos estamos de acuerdo que aquellos golpes de estado fueron correctos. Y de lo anterior viene la paradoja.

¿Qué pasa cuando el presidente elegido en las urnas gobierna con políticas que atentan al bienestar ciudadano como lo sucedido en Argentina o lo que se dice de Venezuela, o cuando a la mínima protesta el gobernante lanza a la policía y a las Fuerzas Armadas para reprimir y violar los derechos humanos de los manifestantes como lo sucedido en Chile?

O más aún, ¿qué pasa cuando ese gobernante no cumple con lo prometido en su plan de gobierno de campaña y traiciona a sus mandantes como sucede con Lenín Morenoen Ecuador, entonces, ¿sería legítimo un golpe de estado? ¿Acaso ese gobernante no rompió también las reglas del juego al no cumplir con su pueblo?

¿No están en su derecho, aquellos que lo eligieron de botar a un presidente que no trabaja para ellos? ¿Se debería esperar que cumpla los años de su mandato respetando la democracia representativa? ¿Y si ya se intentó la revocatoria por vías constitucionales y las instituciones estatales fallan a favor del mandatario, vale el golpe?

Yo considero que cada caso es particular, y hay que analizarlo por separado, tratando de evitar el sesgo del doble estándar. Sebastián Piñera tiene el 15% de aprobación (según Cadec), Lenín Moreno tiene 26.1% (según Perfiles de Opinión). Ambos durante las manifestaciones de octubre y noviembre tuvieron poco o nada de respaldo popular. Si los dos hubieran hecho una contramarcha a las protestas, hubiese sido un fracaso, y más aún Moreno que ya venía en picada.

Si bien la oposición en Venezuela tiene apoyo popular, el oficialismo también lo tiene. No obstante, según Consulta Mitofsky Nicolás Maduro tenía el 15% de aprobación en enero de este año. Según MyR Consultores, el 59.6 % aprueba la gestión de Daniel Ortega; el 40,44 apoya a Mauricio Macri según las últimas elecciones, y el 46,86% a Evo Morales aproximadamente.

Si el descontento popular en un país crece a tal punto de tener protestas de los ciudadanos en muchas, todas o casi todas las ciudades de un país, ya es un tema que hay que analizar. Es una muestra de que la insatisfacción social fue aumentando paulatinamente hasta que llegó a un punto de no retorno, una gota que derramó el vaso y lo quebró. Y esto es harto importante porque significa que el pueblo quizá ya no quiere seguir gobernado por el presidente de turno. Esto es lo que pasó en Ecuador y pasa en Chile actualmente.

Si tras las masivas movilizaciones, luego de violar los derechos humanos sistemáticamente, se aplican parches a través de medidas que no han solucionado el descontento social ni el meollo del problema, si ni los cambios en el gabinete, ni las promesas no son suficientes para que la multitud ceda en sus reivindicaciones, es mejor que el presidente analice su estadía en el poder.

Eso ha pasado con Piñera y Moreno, el primero tiene 23 muertos y el segundo 11 luego de las manifestaciones, a ninguno de los dos les importó eso, y siguieron echando culpas hacia fuera sin mirar nada hacia dentro; a Moreno se lo puso contra las cuerdas hasta que cedió momentáneamente.

En Chile las manifestaciones no ceden, en Ecuador están en stand by. Ahora Piñera ha dado un paso democrático a una posible constituyente, y eso es significativo, pero los muertos no regresan. La manifestación puede parar con esa decisión, más las consecuencias penales vendrán para ambos presidentes luego o antes de dejar el poder.

Esto no ha pasado con Evo Morales, en la calle hay más gente a su favor que en contra, no pueden decir lo mismo de los presidente de Chile y Ecuador, quienes carecen de apoyo en las calles, por eso recurrieron a la policía y a las Fuerzas Armadas.

En Bolivia, la oposición, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional está empleando la violencia hacia las familias y casas de funcionarios del gobierno, inclusive actos de racismo como quemar la bandera indígena (la whipala). Es verdad que hubo violencia en las manifestaciones de Chile y Ecuador por parte de algunos manifestantes, por eso todo exceso tanto del Estado como de quienes manifiestan debe sancionarse.

Evo Morales no ha violado los derechos humanos y todo lo que ha intentado en estos días ha estado dentro del encuadre democrático. Llamó a una auditoría de las elecciones, y luego de comprobarse ciertas irregularidades según la OEA, llamó a elecciones otra vez (irregularidades no significan fraude general).

Mientras a Evo Morales en Bolivia se lo tilda erróneamente de dictador por querer reelegirse a un cuarto mandato, no se dice lo mismo de Ángela Merkel, jefa del gobierno de Alemania que lleva en el poder desde el 2005. Cabe mencionar que las formas de gobierno difieren en ambos países, en Bolivia el presidente es elegido por votación popular, en Alemania a Merkel la eligen los diputados del parlamento.

En mi opinión, Evo debió aceptar los resultados del referéndum de 2016, por los que se le impedía la reelección, y también negar el visto bueno que le concedió la Corte Constitucional para postularse a estas últimas elecciones. Si bien es democrático que alguien se postule las veces que desee porque el que tiene la última palabra es el votante, es también imperativo para la izquierda construir nuevos líderes con capacidad de dar continuidad a un proceso político.

No haber aceptado los resultados del referéndum no justifica para nada el golpe de estado en Bolivia. Aquí viene el otro vector que no se está tomando en cuenta cuando se quiere desconocer el golpe: todo golpe de estado siempre va acompañado del retiro del apoyo de las Fuerzas Armadas.

En Bolivia no solo ocurrió eso, sino también sublevación de la Policía. En Ecuador y Chile las FFAA y la Policía en cambio fueron fieles al gobierno y represoras con los protestantes. A pesar de que ambos países hubo violencia de parte de algunos manifestantes, nadie se metió con las familias o las casas de los gobernantes y funcionarios con el objeto de presionar la salida del gobierno.

El poder civil es el único garante de la democracia, por eso jamás debería haber un golpe de estado militar como lo sucedido en Bolivia contra el gobierno de Evo Morales. Las Fuerzas Armadas ni la Policía deberíangarantizar la democracia, dado que, bastaría con quitarle el apoyo al gobernante de turno bajo un complot político y el golpe estaría consumado; ¿y la voz del pueblo? ¿Qué pasaría si hasta ese momento aquel gobernante tenía la aceptación de la mayoría de los ciudadanos como pasa con Evo, es legítimo el golpe? Por supuesto que no.

Toda constitución debería tener un apartado de destitución presidencial en caso de que el gobernante aplique medidas que no favorezcan a las mayorías y sobre todo no cumpla con su plan de trabajo prometido en campaña. Y en caso de que el poder electoral esté cooptado y no se de paso a la solicitud de revocatoria, debería existir una institución internacional (ojalá independiente y neutral, no colonial como la OEA que ha jugado un papel trascendental en el golpe) con el suficiente poder para dar apertura a la voz de  los ciudadanos que quieren destituir al ejecutivo y que no tienen otra opción que las calles como instrumento de destitución.

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