El debate de la “Ley de Urgente Consideración” en el parlamento uruguayo impacta en la democracia ya que implica discutir un proyecto de ley con más de 500 artículos, que recogen diversas cuestiones diferentes en un plazo de tiempo de 90 días para su discusión en ambas cámaras.
“Cómo mueren las democracias” es el libro que en 2018 publicaron los politólogos Steven Levitsky y Daniel Ziblat. Los referidos autores sostienen en él que “las democracias en la actualidad ya no caen por medio de golpes militares sino por líderes electos que subvierten el propio proceso democrático que los ubicó en la cima del poder político“. “Esto no sucede de un día para el otro“, dicen los autores, “sino que las democracias son erosionadas lentamente, en pasos apenas apreciables”.
Política exterior, medios y regulación de la actividad sindical
En política exterior Uruguay ha decidido alinearse con la Organización de Estados Americanos (OEA) y con su Secretario General, Luis Almagro, a quién votó para su reelección propuesta por Estados Unidos.
Asimismo, designó como embajador ante dicho organismo a un asesor de Almagro que no es diplomático, Washington Abdala, habiendo sido un equipo que ha provocado tensiones en América Latina al apoyar intentos de golpes de estado a diferentes gobiernos de la región, lo que le valió a Almagro su expulsión del Frente Amplio, por vulnerar los estatutos de la organización en cuanto a democracia y respeto a la soberanía de las naciones.
El gobierno uruguayo tiene el apoyo de los grandes medios de comunicación del país, los cuales no publican información sobre la crisis económica que viven miles de uruguayos como consecuencia de la parálisis que genera la pandemia del COVID-19, a la que el Estado decidió no prestar ayuda teniendo los recursos económicos para contrarrestar los efectos la paralización económica.
Por otra parte, el gobierno conservador ha tomado la polémica decisión de no permitir que los medios públicos cubrieran mediáticamente el 1 de mayo solicitado por la central de trabajadores (PIT CNT). Tampoco a la organización de derechos humanos Madres y familiares de detenidos desaparecidos para el 20 de mayo, fecha que desde 1996 convoca a marchar en silencio por la memoria, verdad y justicia, contra los crímenes de lesa humanidad perpetrados entre 1973 y 1985.
La coalición de gobierno propone discutir una nueva ley de medios, tras ser pedida por los propietarios de los grandes medios de comunicación de Uruguay. Por ahora, el ejecutivo de Luis Lacalle Pou no ha revelado reuniones con nadie más que el sector privado.
La censura previa también se hace presente en los medios públicos por la decisión del periodista Gerardo Sotelo, designado Director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (SECAN), instancia que estableció como norma que todos los contenidos informativos y periodísticos deben ser consultados con el coordinador periodístico del SECAN, antes de iniciarse el proceso de producción.
Un llamado de atención hizo la central de trabajadores de Uruguay (PIT – CNT) tras conocerse que la lista más votada de la coalición de gobierno, propuso un proyecto de ley para obligar a los sindicatos a tener personería jurídica, vulnerando la convivencia democrática vigente desde hace varias décadas en el país.
Democracia
Uruguay debe discutir en tiempo récord una ley que estipula concesiones al capital transnacional y que atiende los intereses de diversas corporaciones y de sectores particulares, con quien el gobernante Partido Nacional (PN) tiene compromisos políticos.
“El carácter polivalente del proyecto de ley imposibilita que se cumplan con criterios de una buena técnica legislativa, como son el de una disposición normativa con una racionalidad de sus disposiciones que la conduzca a un mínimo de precisión exigible en los tiempos exiguos de su consideración” así lo sostiene el ex senador del Frente Amplio, Ernesto Agazzi, en un artículo publicado en el portal Mate Amargo.
La ley de Urgente Consideración (LUC) desconoce al mundo paralizado por una crisis histórica porque el proyecto fue redactado antes del escenario mundial con la expansión del coronavirus. Discutir una ley con 500 artículos en tan sólo 90 días supone no respetar los plazos estipulados en la Constitución Nacional, e incumplir los criterios de buenas prácticas legislativas de décadas en Uruguay.
