Desde hace unos años son constantes los escándalos relacionados con la monarquía española y sus chanchullos económicos, unos escándalos que llevaron, hace pocos meses, a que el actual rey, Felipe VI, “renunciase” a la herencia de su padre. El problema es que las acciones de la casa real, siempre de cara a la galería, llegan tarde, mal y nunca. Es decir, reacciona cuando estalla el escándalo: cuando los pillan, como se dice popularmente, “con el carrito del helado”.
Estos días hemos desayunado con el siguiente de esos escándalos, y se presume que no será el último, al ver que la Fiscalía del Tribunal Supremo investigará a Juan Carlos por posibles delitos de fraude fiscal y blanqueo, asociados a supuestas comisiones vinculadas a Arabia Saudí.
Todos sabemos, perfectamente, que esa investigación no llevará a ningún sitio, que el rey emérito no se sentará en ningún banquillo, que no habrá ninguna condena (al menos no a él; ya aparecerá algún “cabeza de turco”).
Sin embargo, se sienta un precedente que puede hacer tambalear, aún más, a una ya maltrecha monarquía, muy bateada por esos escándalos. Y no se llegará a ningún lado porque la corrupta monarquía seguirá protegida, como lo ha estado hasta ahora, por toda una retahíla de instituciones, partidos políticos, sectores económicos, etc., en una protección derivada de los “pactos de la Transición”, que tanto bien hicieron a la sociedad, pero que ahora hemos visto que ocultan muchas más cosas de las que suponíamos.
La Corona (…) debe velar por la dignidad de la institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente, como corresponde a su función institucional y a su responsabilidad social (Felipe VI)
El AVE a La Meca
Dentro del marco de los enormes proyectos de infraestructuras que Arabia Saudí y otros países del Próximo Oriente bajo influencia saudí impulsaron a comienzos de la década de 2000, fue cuando se tejió un entramado de instituciones e intereses que estaban destinados a invertir en el país, pero también para enriquecerse con sus petrodólares. Su objetivo era promover esos proyectos de infraestructuras. Para ellos se creó también una serie de organizaciones para desarrollar esos proyectos.
Desde el principio, las prácticas y las cuentas de esas organizaciones han sido poco claras, cuando no totalmente opacas, y el dinero “invertido” ha ido desapareciendo en diferentes comisiones y escándalos. En todo este entramado saudí, el nombre de Corinna Larsen ha ido apareciendo de forma constante, vinculada casi siempre a nuestro rey emérito. Esa trama se ha dedicado, exclusivamente, a cobrar comisiones, pero, en ningún caso, se han hecho proyectos, con unos gestores de los fondos que, en la mayoría de los casos, mantuvieron una total falta de transparencia.
El entramado montado por los gestores es complicado. Tan complicado que los expertos van dando vueltas, de una sociedad a otra, de forma constante: de Suiza a Bahamas, de allí a Panamá, y de vuelta a Suiza, etc. También los nombres de los implicados, que están saliendo a la luz gracias a los trapicheos del antiguo comisario José Manuel Villarejo, se repiten constantemente, y todos ellos estrechamente relacionados con el emérito: Juan Villalonga, Villar-Mir, Álvaro de Orleans, etc.
Día a día, los medios de comunicación independientes (especialmente el diario Público), van haciendo florecer los nombres de los implicados, con datos nuevos, que van empañando, aún más, la situación. Poco a poco, se van señalando, desde los titulares de esa prensa, la presunta responsabilidad del emérito ante esas comisiones procedentes de Arabia Saudí.
Ya se habla de casi 300 millones de euros que se pagaron en diferentes comisiones relacionadas, por ejemplo, con el proyecto del AVE a La Meca, y que tienen siempre a alguien de una casa real (la española o la saudí) detrás de esos intereses. Esas comisiones sirvieron para “engrasar” las adjudicaciones de las mega-estructuras que se comenzaron a desarrollar.
Todo el proceso ha servido también para “lavar la cara” a un régimen dominado por una monarquía feudal, en el que las mujeres están totalmente marginadas de la vida pública, la homosexualidad está penada con la muerte, los derechos humanos son totalmente marginales, etc. En este proceso han participado, desde comienzos de la década de 2000 todos los gobiernos y las grandes empresas españolas (especialmente la industria militarista, la construcción, la gestión de infraestructuras, etc.).
También han jugado un papel esencial las diferentes visitas oficiales que la casa real, junto a la “crema y nata” de la clase económica española han realizado para “realzar” la imagen de la monarquía saudí. Gracias a todo esto, la tradicional buena relación entre las dos casas reales mejoró durante esos años, hasta que, en 2008, el rey Juan Carlos concedió el Toisón de Oro, la máxima distinción de la corona española, al rey saudí. Tras esta y otras acciones, el emérito recibió 100 millones de dólares de sus amigos saudíes, según reveló el diario The Telegraph. Este se considera el primer paso de un rastro mucho más amplio de comisiones vinculadas al proyecto a La Meca.
Así, cuando el AVE a La Meca se adjudicó, en 2011, ya llevaba un largo recorrido de gestiones, proyectos, papeleo y comisiones. Todo ello dejó un rastro que es el que está siguiendo la fiscalía española, para conocer el papel exacto de algunos de los intermediarios clave.
La fiscalía considera que el emérito incurrió en un delito de blanqueo por las comisiones del proyecto. Pero en 2011 el emérito aún era inviolable; además, el delito estaría ya prescrito, pero hay movimientos posteriores de esos fondos, tras la abdicación en 2014, que podrían volver a constituir un delito.
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