Segunda y última parte de un contenido en el que se analiza la corrupción que rodea al anterior rey de España, Juan Carlos I. Previamente se explicó el contexto que permite entender el actual escenario, en el que el rey emérito aparece investigado por la fiscalía española. Para entender de manera completa esta última parte, se recomienda leer antes la primera haciendo click aquí.
La fortuna real: comisiones y regalos
Han sido muchas las informaciones que han ido surgiendo sobre la dudosa procedencia de la fortuna del emérito. Ya se habló, hace tiempo, de la comisión sobre cada barril de petróleo saudí, que se cobró gracias a la intercesión del dictador Franco y que llegó hasta tiempos del gobierno de Aznar. Evidentemente, ese incentivo, gestionado por Juan Carlos, suponía que había un sobrecoste sobre el precio del petróleo que pagaba el Estado español.
Intentar conocer la fortuna de la familia real topa con numerosos obstáculos. El primero es el problema de la aplicación de la Ley de transparencia de la casa real que, además, siempre se ha negado a publicar la lista de regalos que reciben por parte de empresarios, instituciones y otras monarquías, que contribuyen a incrementar notablemente la fortuna de la familia real.
También es cierto que no hay datos actualizados de esas cifras, desde hace más de quince años, que apuntaban a un patrimonio de más de 2.000 millones de euros. Ese inmenso patrimonio no está reflejado en ninguna de las cuentas del Estado. Por eso, es prácticamente imposible conocer la fortuna acumulada. Lo único cierto es que es un misterio para todo el mundo, un secreto de estado celosamente guardado.
Además del cobro de comisiones del AVE, se vincula al emérito con otros varios escándalos financieros importantes, como el presunto cobro de una comisión de 50 millones de euros, en 2003, por la venta del Banco Zaragozano, a través de su primo Álvaro de Orleans; el cobro de la herencia de su padre, el Conde de Barcelona, una parte de la cual estaba en Suiza y que nunca pasó por Hacienda; el presunto pago de 100 millones de dólares de Javier de la Rosa a Manuel Prado y Colón de Carvajal, en 1995, presuntamente por indicación del rey, etc. A raíz de la información de un supuesto exilio a la República Dominicana, floreció también la suposición de ciertas inversiones del emérito en ese país, con ciertos empresarios relacionados con Juan Antonio Roca.
Todo esto va haciendo que la sombra de la corrupción del emérito se vaya alargando, y ya ha comenzado a oscurecer a su hijo, como quedó claro cuando se supo que Felipe VI estaba vinculado a algunas sociedades opacas de su padre, y que le llevó a la renuncia de la herencia. Pero, quién crea que Felipe VI no ha seguido el sendero de su padre, es que es un ingenuo. Sin embargo, una democracia sana no puede permitirse, de ningún modo, que esas sombras se extiendan sobre la jefatura del estado.
Es una auténtica anomalía democrática (una de tantas en nuestro país), que la figura del rey esté revestida de inviolabilidad e inmunidad, que no esté sujeto a responsabilidad penal por sus actos. Se trata de un privilegio que se pensó para dotar de estabilidad a la figura del monarca durante la Transición, pero que, ahora, sólo sirve para enmascarar los delitos que se han cometido.
El diario francés Le Monde ha definido a Juan Carlos como un “viejo rey devorado por su pasión por las mujeres y el dinero”. También ha señalado que una monarquía sólo puede mantenerse si es ejemplar. Y la nuestra no lo es.
Para algunos medios de comunicación y los principales partidos políticos (PSOE y PP), la defensa de la institución de la monarquía se ha convertido en una forma de preservar la unidad del país, la constitución y una mal entendida democracia. Eso ha llevado a que los principales partidos hayan bloqueado siempre cualquier intento de crear una comisión de investigación o un debate abierto sobre el papel de la monarquía en España.
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