Luego que el mandatario de Honduras dijera en televisión que es positivo de COVID-19, desapareció en medio de una ola de rumores de que se trata de una cortina de humo para desviar la atención del desastre humanitario causado por su mala gestión de la pandemia, y la crisis política provocada en torno al nuevo Código Procesal Penal.
Lo más notorio es que el partido de gobierno parece haber perdido el rumbo en una lucha interna, mientras tratan de sacar ventaja de la ausencia de gobernante. La comunidad médica se desmarcó del posible contagio de Juan Orlando Hernández (JOH), y hay personalidades del gremio que afirman tener información de sus colegas que señala que el presidente no está interno en ninguno de los hospitales públicos y privados del país.
Incluso se ha dado a conocer el resultado del laboratorio dónde se le habría realizado la prueba hisopada a Juan Orlando Hernández, cuyo resultado fue negativo.
Ante el escándalo, el régimen ofreció unas explicaciones que más bien arrojaron más dudas sobre el supuesto positivo de COVID-19. Y hasta algunos médicos especularon que los síntomas, a los que los voceros del régimen hacen alusión, corresponden a un cuadro de gastritis por consumo de alcohol, lo que habría provocado inflamación, que se extendió a los bronquios, comprometiendo el pulmón derecho, lo que derivó en la neumonía del mandatario.
El Hospital Militar, dónde oficialmente se encuentra Juan Orlando Hernández, no da información alguna.
La noche de ayer circuló una misteriosa fotografía de un helicóptero Black Hawk con distintivos de ambulancia. Ese tipo de aeronaves, en Honduras, únicamente las utilizan las fuerzas norteamericanas estacionadas en la base de Palmera. El aparato habría recogido a algún personaje no identificado, trasladándolo desde el hospital militar con rumbo desconocido.
El líder del Partido Nacional en el poder, tiene muchas y poderosas razones para no aparecer en público: la apertura inteligente anunciada con bombos y platillos debió ser cancelada una semana después después de que los hospitales se desbordaron ante el número de nuevos contagiados, y las carencias de insumos para atenderlos muestran escenas apocalípticas, con pacientes muriendo en las aceras cercanas a los hospitales y el gobierno improvisando en tiendas de campaña, porque los hospitales móviles que anunciaron haber comprado en Turquía no llegaron.
La empresa fabricante contradijo al gobierno de JOH, afirmando que nunca se firmó el contrato y no recibieron ningún dinero, como argumenta el régimen, publicitando que invirtió unos $46 millones en la compra de los hospitales móviles.
El Cónsul Honorario de Turquía en Honduras, Adolfo Facussé afirmó que el FBI lo entrevistó, en relación con una posible estafa al Estado de Honduras, pues la compañía intermediaria opera desde Miami. Esa compañía ya estuvo involucrada en negocios opacos con el Partido de JOH.
La población ha bautizado las carpas como El Circo de los hermanos Hernández.
El supuesto contagio de JOH desbarató los ampliamente mercadeados tratamientos impulsados por el régimen, MAIZ y CATRACHOS. Dos paquetes de medicamentos que el gobierno compró para distribuir masivamente, pero JOH se negó a tratarse con esos cócteles diseñados por farmacéuticas afines al régimen, y se informó que ordenó la importación de medicamentos desde Estados Unidos.
Esos tratamientos únicamente están disponibles para él y la cúpula militar. La mayor preocupación del régimen era lograr la entrada en vigencia del código penal, que los libraría de una posible extradición hacia los Estados Unidos, prevista para el 25 de junio.
Esto desató una crisis a nivel del Congreso Nacional. El 24 de junio, 70 diputados, 69 de la oposición y uno del gobernante Partido Nacional realizaron una sesión virtual y abrogaron el referido código.
Posteriormente la abogada del congreso presentó una denuncia contra los 70 diputados ante el ministerio público, la que fue admitida; y la Corte Suprema de Justicia declaró que reconocía la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal.
Mientras el Ministro de la Presidencia, Ebal Díaz, mano derecha de Juan Orlando Hernández, anunció que el ejecutivo enviará una comunicación formal al congreso, para retirar el nuevo Código Procesal Penal.
Mientras, los choques entre la población, que busca atención médica, alimentos y recursos para abastecerse, y las fuerzas de seguridad se suceden a diario, conllevando brutalidad policial, gas lacrimógeno y balazos.
