El Secretario de Educación de Honduras, Arnaldo Bueso, anunció que las clases continuarán en línea debido a lo que el gobierno llama un “rebrote de contagios”, situación de cuarentena que parece reportar beneficios al partido gobernante, que se encuentra cómodo en el estado de excepción.
Después de que las autoridades no lograran establecer una estrategia efectiva contra el COVID-19, la pandemia se ha convertido en una ocasión para el pillaje de fondos públicos y en múltiples escándalos de corrupción, que salpican a la cúpula gobernante del Partido Nacional y empresarios afines.
Se especula con que la pandemia desmoviliza a los movimientos sociales de la educación y de la salud, sectores muy importantes en la correlación de fuerzas de oposición, ya que educadores, estudiantes, médicos y trabajadores de la salud son de los grupos sociales más críticos de la gestión de Juan Orlando Hernández (JOH).
El estado de excepción es una herramienta legal que el Partido Nacional estaría aprovechando en contra de los partidos políticos y otros actores de oposición, aprobando leyes que precarizan las garantías laborales, los derechos humanos.
La controversia en torno a la vigencia o no del nuevo Código Procesal Penal agudiza la crisis institucional que vive el país desde el golpe de Estado.
Dicho código, según abogados constitucionalistas, no puede entrar en vigencia ya que el artículo 188 de la Constitución de la República prohíbe expresamente la entrada en vigor de nuevas leyes mientras dure el estado de excepción.
Igual contexto legal se aplica a otras leyes, que se aprobaron posteriormente a la suspensión de las Garantías Constitucionales, como la Ley de Teletrabajo que afecta los derechos laborales de educación, salud y trabajadores del sector público.
El fin de la pandemia implicaría el retorno de las Garantías Constitucionales suspendidas, y por consiguiente las acciones jurídicas y de protesta de los sectores que demandan tanto la abrogación del nuevo Código Procesal Penal, la ley del Teletrabajo y otras disposiciones que penalizan la libre expresión.
El régimen ha denunciado ante el Ministerio Público a cinco diputados por haber dirigido la sesión en la que, junto a otros sesenta y cinco diputados, entre los que se encuentra uno del partido gobernante, abrogaron el Código Procesal Penal.
Si bien la fiscalía recibió la denuncia, no ha imputado a ninguno de los congresistas. Dicha formalización de cargos, podría polarizar aún más la situación política, pues la imputación conlleva la pena de prisión, en contra de representantes de varios sectores del espectro político.
Entre los denunciados hay diputados de partidos de centro, de derecha y un diputado del izquierdista Libertad y Refundación. Los cinco diputados integran la llamada “Directiva Alterna” del congreso.
Mientras sectores poblacionales tan numerosos y respetados en el país como educadores, médicos, estudiantes universitarios y trabajadores de la salud no salgan a las calles a protestar, y estén enfocados en atender la emergencia, o educar desde casa, el gobierno se quita un peso de las espaldas. Pero esto, por cómo se lee en redes sociales, podría cambiar pronto.
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