La Ley de Memoria Democrática muestra las carencias de La Transición

Uno de los aspectos que serán más controvertidos de la nueva Ley de Memoria Democrática, es la creación de una Fiscalía de Sala de memoria democrática en el Tribunal Supremo, para coordinar el trabajo de las instancias judiciales y la reparación de las víctimas.

Esto permitiría la investigación de las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil, la dictadura y el período hasta la aprobación de la Constitución de 1978. También dará un mayor rango e importancia a la defensa de las víctimas.

Se trata de un paso definitivo para juzgar los crímenes del franquismo. Sin embargo, hasta ahora, cualquier intento de investigar dichas violaciones han chocado con la barrera insoslayable de la “Ley de Amnistía de 1977” que, según ha declarado la ministra Calvo, “no se toca”.

Aquí tenemos una auténtica paradoja que será difícil de evitar. Si bien la Ley de Amnistía puede eximir de responsabilidad personal por los hechos, no impide la investigación de los mismos, y eso abre una puerta que no habíamos tenido hasta ahora para que la fiscalía especial comience a investigar los crímenes.

Además, también debemos tener presente la reticencia del ámbito jurídico a investigar y someter a juicio los vestigios del antiguo régimen dictatorial, que ha llevado a que se haya convertido en uno de los principales obstáculos para la aplicación de la ley de 2007.

Se encargará de proteger los derechos de las víctimas de la represión y la dictadura. A este organismo podrán acudir las familias para presentar denuncias de desapariciones, al amparo de los preceptos internacionales sobre derechos humanos suscritos por España.

El papel de esta Fiscalía, junto con la anulación de los juicios sin garantías de la dictadura son dos de los aspectos más delicados, desde el punto de vista jurídico, que afectarán a la tramitación de la ley, sobre todo por la postura de la derecha más reaccionaria.

Exhumaciones y censo de desaparecidos

Se trata de una de las medidas más importantes. El establecimiento de un plan de exhumaciones, sufragado por el Estado, y reconocer el derecho de las víctimas y sus familiares a investigar y conocer los resultados de las investigaciones.

Eso permitiría hacer llegar a la fiscalía los indicios de comisión de delitos que se aprecien, al realizar las identificaciones. A su vez, la creación del censo genético de víctimas y familiares, permitirá recabar información sobre los fusilados, represaliados, exiliados y desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura, tal como han recomendado repetidamente las Naciones Unidas.

Se buscará también la colaboración entre las diferentes administraciones (por ejemplo, hay 12 leyes autonómicas sobre memoria democrática vigentes), pero también con las entidades memorialistas. Será el gobierno central el que coordine todas las administraciones, pero concerniendo a todos los responsables públicos, de los diferentes niveles.

Sectores memorialistas han calculado que, con la ayuda del Estado, se podría llegar a recuperar entre 20.000-25.000 cuerpos de desaparecidos. Pero no se podrá encontrar a más de 100.000 víctimas más de la represión.

La resignificación el Valle de los Caídos

Esta ha sido una de las reclamaciones de las asociaciones memorialistas: la transformación del mausoleo franquista, para convertirlo en un símbolo de la democracia, si eso es posible. Esa resignificación pasaría por que la gestión pase a Patrimonio Nacional y la expulsión de los benedictinos que, hasta ahora, han sido uno de los mayores obstáculos para conseguirlo.

El objetivo sería convertir el Valle en un lugar que sirva para explicar lo que significó la Guerra Civil, la dictadura, el trabajo esclavo, pero, sobre todo, el papel que jugaron los represores, incluyendo el papel del régimen, de la Iglesia y otros sectores sociales. Por tanto, dándole una finalidad pedagógica clara.

Prohibición de la exaltación del franquismo

En España, tras más de cuarenta años de democracia, hay muchos que siguen enalteciendo y glorificando la dictadura, algo que se ha considerado, incluso a nivel internacional, como una anomalía democrática.

Las asociaciones y fundaciones que, dependiendo de fondos públicos, hagan exaltación del franquismo o de sus figuras, que inciten, directa o indirectamente, al odio, la violencia o la vejación contra las víctimas de la guerra y el franquismo, podrán ser prohibidas.

De igual manera, no podrán recibir subvenciones, bonificaciones o prestaciones públicas. Esta medida requerirá modificar la “Ley Orgánica del Derecho de Asociación y la Ley de Fundaciones”, pero ha sido uno de los caballos de batalla de la memoria histórica.

Esto irá de la mano con un nuevo régimen sancionador, que antes no existía, que incluirá acciones como la destrucción de fosas, de lugares de memoria democrática o de elementos simbólicos. También la falta de adopción de medidas para impedir o acabar actos de exaltación del franquismo que menosprecien a las víctimas.

También debería servir para acabar con la simbología franquista que aún se puede encontrar en las calles de España, y que servía al régimen para recordar a la ciudadanía el triunfo de los golpistas.

A comienzos de este 2020 aún había más de 1.000 calles y plazas, en más de 630 municipios, que recordaban al régimen, especialmente en Castilla y León y Castilla-La Mancha. Se evitaría que algunos ayuntamientos, con el cambio de signo en el consistorio, revertiesen las medidas adoptadas en el marco de la ley de 2007, como ha pasado en Madrid o en Córdoba.

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