La necesidad de Guatemala en ratificar el Acuerdo de Escazú

Una oportunidad histórica para que Guatemala demuestre su compromiso real con un modelo de desarrollo sostenible.

Guatemala ha sido considera como el segundo pulmón del planeta, pero a la misma vez está dentro de los seis países de América Latina más peligrosos para los defensores ambientales y con mayores asesinatos a los mismos.

El auge de la minería, los proyectos hidroeléctricos y los cultivos agrícolas para la exportación ha provocado un aumento en los ataques contra la población indígena rural, el informe Global Witness detalla que para el 2018 en Guatemala se registraron 16 asesinatos convirtiéndolo en el quinto país a nivel mundial con más asesinatos de ese año.

Asimismo, Guatemala es uno de los países con más aumentos de asesinatos en comparación con el año 2017, (cinco veces más) y para el 2019 se registraron 12 asesinatos quedando Guatemala como el sexto país a nivel mundial.

El modelo económico del país en gran parte depende de la extracción y exportación de recursos agrícolas y naturales, razón por la cual los defensores del medio ambiente son blanco de ataques físicos y legales que son impulsados desde las propias empresas y corporaciones nacionales e internacionales, apoyadas por los gobiernos de turno del país.

La justicia en la nación centroamericana ha sido utilizada como un arma para agobiar y perseguir a los defensores de la tierra y el medio ambiente, un ejemplo es el líder Q´eqchi´, defensor del río Cahabon de Alta Verapaz Bernardo Caal Xol.

Este fue arrestado en enero y condenado en noviembre de 2018 a siete años de cárcel dentro de un proceso judicial con diferentes irregularidades (69 magistrados suplentes se han ausentado y han suspendido las audiencias de apelación y de revisión de medidas a favor del preso).

El referido líder maya ha sido reconocido por parte de la ONG belga Guatebelga con el premio “Quetzal”, y otras institucionales internacionales han mostrado su apoyo al pueblo Maya Q´eqchi´.

El Acuerdo de Escazú se ha creado para disminuir y prevenir estos conflictos ambientales de la región, en donde se contemplan cinco principios ambientales internacionales que todos los países deben garantizar a los defensores: “acceso a la información pública, la participación, una justicia en asuntos ambientales, protección a los defensores ambientales y el fortalecimiento de capacidades internas y la cooperación entre los países”.

Todo esto es algo necesario para que los atropellos hacia los defensores no sigan pasando, sino que, una vez ratificado el acuerdo, obligaría al país a tomar medidas de protección, a crear mecanismos de participación ciudadana y a ofrecer información sobre temas ambientales.

De igual forma, también puede contribuir a la disminución de los conflictos socio-ambientales que se vive en el país principalmente en los departamentos de Izabal (conflictos con las minerías), Alta Verapaz (conflictos con las Hidroeléctricas), Petén “Reserva de la Biosfera Maya” (conflictos con la palma africana).

En este último en 2015 sufrió un ecocidio en el Río la Pasión por la empresa productora de palma africana “Reforestadora de Palmas” (REPSA), a la que se ha responsabilizado en la contaminación de 150 kilómetros del río. Dejó una mortandad de hasta 70 toneladas de peces, ya que derramó Plugicida Malation quedando las aguas contaminadas, según el informe realizado por el Ministerio Público, proceso judicial que aún se encuentra detenido en las cortes.

Por su parte, Guatemala durante el gobierno de Jimmy Morales, firmó el acuerdo el 27 de septiembre del 2018 a través del ministro del Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de Guatemala Alfonso Alonso Vargas (aunque desde los comunicados del MARN han manifestado que Guatemala ya lo ratificó, lo cual es una tergiversación del hecho, dado que según la CEPAL hasta la fecha Guatemala sólo lo ha firmado y no lo ha ratificado).

Dicha ratificación debe darse en el Congreso. Con el cambio de presidente en este año aún no se ha impulsado, ni se ha tenido la voluntad por parte del actual gobierno, en iniciar las gestiones en el Congreso de Guatemala para que pueda ser ratificado conforme al ordenamiento jurídico del país.

La ratificación del Acuerdo de Escazú es una oportunidad histórica para que Guatemala demuestre su compromiso real con un modelo de desarrollo sostenible, la lucha contra la corrupción y el avance en la transparencia ambiental de las inversiones de las transnacionales, y los informes ambientales que estas emiten a los ministerios para el otorgamiento de derechos y licencias sobre la exploración y explotación de recursos naturales, en la evaluación de los estudios ambientales y la fiscalización ambiental.

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