Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática (II): el combate contra la impunidad

El anteproyecto no se mueve de los estrechos límites conservadores y restrictivos que han caracterizado la legislación sobre acceso desde la transición española. Que el Anteproyecto de Ley copie y pegue el artículo 22 de la Ley 52/2007 en sus tres primeros puntos, evidencia la nula voluntad política de avanzar en este aspecto clave.

Tal y como fue reconocido por la Asamblea General de Naciones Unidas en la Resolución 68/165 cuando se instó a los Estados a establecer “una política archivística nacional que garantice la preservación y protección de todos los archivos que guarden relación con los derechos humanos”.

El problema real hoy día para las víctimas y sus familiares, movimientos sociales por la memoria, e investigadores/usuarios, no se encuentra tanto en la ausencia de fondos o en problemas de adquisición, sino en la falta de medios del Sistema Español de Archivos para identificar, clasificar, organizar, describir, conservar y dar acceso a los valiosos fondos documentales, indiferentemente de su ubicación o el soporte (en papel o en formato electrónico).

Por último, no se aborda el tema central tanto para las víctimas de los crímenes del régimen franquista y sus descendientes, los movimientos sociales por la memoria o los investigadores/usuarios: la problemática legislación sobre acceso repleta de normativas contradictorias entre sí.

Otros temas:

El Anteproyecto de Ley incluye importantes avances en el establecimiento y promoción de políticas públicas activas de memoria, sobre todo con respecto de la deficiente ley anterior, pero también algunas graves carencias:

  • Es un avance histórico y fundamental el planteamiento del texto sobre la implantación de la Memoria Histórica en el sistema educativo.
  • El tratamiento de los lugares de Memoria muestra una evidente mejora y detalle con respecto a la ley anterior.
  • También hay un claro adelanto en cuanto al tratamiento de la simbología franquista que, por falta de desarrollo reglamentario y régimen sancionador en la Ley de 2007, ha sido incumplida impunemente por muchas instituciones.
  • Supone un claro avance el tratamiento de la retirada de títulos y premios procedentes de la represión. La posibilidad de apertura de un procedimiento de revocación “con motivo de haber formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista”, debería ampliarse a las condecoraciones y recompensas obtenidas tras haber recibido un nombramiento para ejercer un cargo político o institucional en la Administración de la Dictadura. Nos felicitamos porque la revocación también podrá llevarse a cabo a título póstumo.
  • Asimismo, compartimos el compromiso de culminar el proceso de resignificación del Valle de los Caídos, aunque el resultado dependerá del sentido final de esa resignificación. De cualquier modo, no debería servir para igualar “a todas las víctimas” y a víctimas y verdugos, concepción que resultaría una aberración en lugares de Memoria como Auschwitz o la ESMA de Buenos Aires. También la disolución de la Fundación del Valle es una buena noticia.
  • Valoramos positivamente la Declaración del 8 de Mayo como día de reconocimiento a las víctimas del Exilio y la Deportación, como reconocimiento expreso a los y las luchadoras españoles en el combate por la Libertad de Europa.
  • Rechazamos la propuesta de una “Declaración del 31 de octubre como día de recuerdo para todas las víctimas del franquismo” porque es evidente la nula significación simbólica, política y emotiva de esa fecha para las víctimas del franquismo, y en consecuencia priva a la conmemoración de significación real y la condena a la irrelevancia.
  • Los miembros de la Guerrilla Antifranquista, así como otros luchadores antifranquistas, deben ser considerados por el Estado español como resistentes antifascistas y héroes del pueblo español, tal y como sucede en el resto de los países europeos con aquellas personas que combatieron al fascismo.

La Guerrilla Antifranquista (incluidos sus enlaces y puntos de apoyo) debe recibir, como colectivo, medidas específicas de reconocimiento y reparación, como su homologación en grado a los miembros del Ejército Republicano.

  • Echamos de menos la inclusión en el listado de colectivos de Víctimas de las mujeres que padecieron humillación, persecución, violación o castigo por haber ejercido su libertad personal o profesional durante la 2ª República, o por el mero hecho de ser compañeras, esposas o hijas de quienes participaron en la vida pública de la democracia republicana. Resulta insuficiente el reconocimiento de su Memoria Democrática.
  • Valoramos positivamente la inclusión de un Régimen Sancionador. Su no incorporación, junto a la falta de desarrollo reglamentario, supuso un importante déficit para la Ley de 2007.
Conclusión

Los pactos más o menos explícitos de la transición establecieron el llamado por las organizaciones internacionales de derechos humanos ”Modelo Español de Impunidad”, que generó políticas públicas de silencio y olvido.

Hasta que no se aborde directamente el desmantelamiento jurídico del Modelo Español de Impunidad, el acceso de las víctimas del franquismo y del conjunto de la sociedad a la Verdad, la Justicia y la Reparación, no será efectivo.

Esta es una gran oportunidad, no podemos pasar los próximos 13 años exigiendo una tercera Ley de Memoria porque la que ahora se presenta resulta insuficiente, al no entrar en el fondo de la cuestión: que el Estado impide el acceso real de las víctimas del franquismo a la Justicia en igualdad de condiciones con otros colectivos de víctimas.

Como participantes en el Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del franquismo, apostamos por una Ley Integral de Víctimas del franquismo, que resuelva la desigualdad de trato y de reconocimiento de derechos ente unas víctimas y otras por parte del Estado español.

Esperamos que, dado que el Gobierno se sustenta en una minoría parlamentaria, se abra un debate constructivo entre las fuerzas políticas que conforman el gobierno de coalición con el resto de las fuerzas políticas democráticas, para que durante el trámite de enmiendas se modifique sustancialmente el Proyecto de Ley, entrando en el cuestionamiento real del modelo de Impunidad.

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